El cajón del desastre


Fritz Glockner

18/12/2009

¡AL FIN!


Han sido varios años insistiendo, protestando, exigiendo y hasta el martes 15 de diciembre no había sucedido nada, los diversos gobiernos priístas jugaron muy bien sus cartas, reprimieron por un lado, torturaron, asesinaron y desaparecieron a líderes sociales, campesinos, obreros, estudiantiles y guerrilleros, al mismo tiempo que exigían que se resguardaran los derechos humanos de los opositores en los diversos países latinoamericanos, al grado de que México se convirtió en el paraíso para poder salvar la vida de varios perseguidos políticos de las diversas dictaduras militares de Argentina, Chile, Guatemala, Uruguay y otros países hermanos, el problema era que los mexicanos nunca contamos con una embajada de México donde poder salvar la vida.


La existencia de la mal llamada guerra sucia en México, insisto en determinar que no se llevo a cabo una guerra sucia, sino más bien una guerra de baja intensidad en nuestro país, se había negado constantemente, y de pronto con el arribo de Vicente Fox a la presidencia de la república, luego del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofrecido en 2002, en el que se reconoció la responsabilidad del estado mexicano en más de doscientos casos de personas desaparecidas, se procedió a convocar la creación de una supuesta Fiscalía Especial que investigara los posibles delitos en los que hubieran incurrido los gobiernos priístas, específicamente los sexenios de Luís Echeverría Álvarez y el de José López Portillo; como todos sabemos al paso de la historia, dicha Fiscalía no sirvió para nada, más bien fungió como un departamento previo a la desaparición de los responsables como Miguel Nazzar Haro, Fernando Gutiérrez Barios, o Luís de la Barreda, para externar una vez que éstos hubieran fallecido: “ups, se nos adelanto, porque ya teníamos las investigaciones y los procesos en camino para detenerlos por los delitos en los cuales incurrieron, pero ni modo, ya se fueron”.


Luego de una inversión millonaria no hubo resultados, ningún detenido, ningún procesado, una investigación llena de irregularidades, por lo que no solamente continúan los responsables de aquellas atrocidades gozando de plena libertad, sino que además, el tema de la guerra de baja intensidad se banalizo, se planteó la continuación de la hipótesis de Sergio Aguayo en el sentido de que aquellos que optaron por las armas en la década de los años setenta nunca colocaron en jaque la estabilidad del estado mexicano, que no fueron una amenaza para la seguridad nacional, y que más bien fueron los propios cuerpos de inteligencia mexicanos quienes exageraron su peligro para ganar puestos políticos, fuerza y presupuesto, de haber sido así, la pregunta es evidente, si no pusieron en jaque la estabilidad nacional, entonces ¿por qué se ejecutó con tanta saña su persecución? ¿Por qué se les torturo? ¿Se les desapareció? ¿Se les asesino? ¿Por qué se actuó de la misma manera como lo hicieron los gobiernos dictatoriales del Cono Sur? ¿Acaso no en México se gobernaba a través de una democracia civil?


Luego de haber agotado los procesos legales en México, los abogados del caso del campesino guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, quién fuera desaparecido el 25 de agosto de 1974, acusado de pertenecer al grupo de Lucio Cabañas, obtuvo la aceptación para ser investigado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y afortunadamente no sólo se le dio trámite, sino que además se ha emitido el fallo en el sentido de que existe responsabilidad judicial de parte del estado mexicano sobre éste caso de desaparición forzada, y se ordena la investigación del caso.


Este se convierte en un éxito no sólo para la búsqueda del campesino Radilla Pacheco, sino que también es el inicio del decreto del acta de nacimiento a la llamada guerra sucia que ha padecido nuestro país, por más de cinco décadas, al parecer ahora si ha llegado a su fin la impunidad con la que han actuado los gobiernos en México, y en este sentido no sólo existe responsabilidad de los periodos priístas, sino que también la parte que le toca al sexenio de Fox, e incluso a Calderón, no olvidemos que durante el presente sexenio existen tan sólo dos casos de desaparición forzada por demás evidente los de: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuya situación sigue sin esclarecerse, a pesar de la existencia de varios testimonios de haberles visto con vida, y las autoridades continúan negando su responsabilidad.

 

Han transcurrido 35 años y al fin el mundo ha colocado los ojos en México, para reclamar, exigir, señalar que los procedimientos de la represión utilizados por el estado han sido fuera de la ley, que la violación a los derechos humanos han sido una constante, que la impunidad se ha convertido en la reina de las artes en nuestro país, el caso Radilla viene a ser la punta de un iceberg que comenzará a abrir las puertas para las más de quinientas denuncias existentes de personas desaparecidas en nuestro territorio, así como para reconocer que hemos padecido diversos años heridos, aún sin el reconocimiento histórico; por más pataletas otorgadas, al gobierno de Calderón le ha tocado dar respuesta a diversos años de arbitrariedad contenida, haber si ahora desestiman la sentencia de la CIDH, y se atreven a continuar con el juego de espejos, de medias verdades, de cortinas de humo, de dobles discursos y morales.

 



 
 

 

 
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