Dentro de la reflexión que la sociedad mexicana está observando detalladamente derivada de las reformas a las instituciones del Estado, conocemos que el debate sobre la reforma electoral y fiscal avanzan para consolidarse en breve plazo, siendo importante recordar que la nación la construimos día con día y, por ello, nuestras instituciones deben mejorarse conforme a un proceso permanente.
Se dice que después de las reformas ya citadas, el Congreso de la Unión, entrará al estudio de cuestiones pendientes como la reforma energética, laboral, la relativa a la seguridad pública y, finalmente, la relacionada con el Poder Judicial.
Por esta vez me concentraré en compartir algunas ideas vinculadas a la seguridad pública y al sistema judicial. Es indudable que el país confronta un problema grave de seguridad pública, situación que hemos comentado en diversas entregas de esta participación.
Lo importante en este momento es reconocer, además, de que las causas que producen el fenómeno de la delincuencia son muchas, que son temas complejos y que requieren de nuestro particular punto de vista con el afán de contribuir a la formación de instituciones sólidas.
Hemos insistido en la necesidad de la construcción del buen ciudadano, no con un afán de idealizar a la persona y a la sociedad en la que vivimos, más bien para expresar que todos los que habitamos nuestro país tenemos derechos pero también obligaciones y solemos esgrimir siempre nuestros derechos y minimizar o de plano olvidar nuestras obligaciones.
La legalidad no es un deber exclusivo de la autoridad, debe ser, sobre todo, la convicción permanente de que antes que mi deseo o mi interés, se encuentra el mandato de las normas generales o particulares que las personas por medio de las instituciones nos hemos impuesto. El contrato social que subyace en la vida colectiva es consecuencia de conocer, comprender, aceptar, cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución, las leyes y los contratos legalmente celebrados nos imponen.
Cuando una organización o una persona decide ubicarse en un lugar de excepción respecto de las normas, encontramos como consecuencia, un déficit de legalidad y de ciudadanía. Para explicarlo de manera más sencilla, lo anterior significa que lo que se quiere, guste y necesita, se va a conseguir, aún cuando con ello se viole la ley o los derechos de terceros. La delincuencia no es un fenómeno fuera de la persona, es entre otras cosas, la decisión de no cumplir con la ley o cualquier otra norma que obligue.
Robar, secuestrar, privar de la vida, dañar la integridad de otro, destruir el patrimonio ajeno, no es, generalmente, una serie de conductas que la sociedad y las instituciones públicas acepten o fomenten, sin embargo, cada día vemos que muchas personas por su interés lo hacen sin tomar en cuenta el daño directo que causan a las víctimas y el indirecto que le producen al conglomerado.
Cuando un ciudadano decide violar las normas, conciente o inconcientemente, produce daños que sus efectos son difíciles de cuantificar y de medir, en consecuencia, la sociedad y las instituciones públicas y privadas tenemos la obligación de reconocer que ante ese fenómeno de vivir contra el derecho, no es posible construir soluciones mágicas y automáticas.
La educación permanente del ciudadano para reconocer junto a nuestros derechos el derecho de los otros, es quizás, la primera y única medida eficaz para lograr ese Estado de Derecho al que todos aspiramos. La prevención de los delitos y la sanción de aquellos que determinaron violentar las normas, son elementos posteriores e igual de importantes que el de la educación, pero no actuar en los tres ámbitos sería un error que nos lleva a la ineficacia de nuevas leyes y de las instituciones que constituyamos para su aplicación.
A nivel nacional se vienen desarrollando diversos foros sobre los temas a los que nos hemos referido, destacando el denominado Seguridad en Democracia. La calidad de los participantes, las aportaciones en ideas y la oportunidad de su celebración nos animan a expresar algunos puntos relacionados.
La petición de mayor y más eficaz seguridad debe tener el límite del respeto a los derechos fundamentales, según lo han indicado juristas destacados como Sergio García Ramírez; los Ministros José Ramón Cossío, Fernando Franco y Margarita Luna; así como otros miembros de la sociedad civil y representantes de medios de comunicación nacional.
Dividir el sistema penal en ordinario para el delincuente ciudadano y, en especial, para el delincuente organizado o terrorista, deben ser cuestiones muy discutidas que los mexicanos necesitamos conocer a profundidad. El llamado derecho penal del enemigo, que desarrolló el ilustre académico alemán Günther Jakobs que estuvo recientemente en esta ciudad invitado por la Escuela Libre de Derecho, independientemente de su viabilidad y justificación filosófica, tiene el inconveniente de construir un derecho sustantivo y procesal especial o de excepción, pero, fundamentalmente, la reducción peligrosa de los derechos fundamentales.
Reconocemos el reclamo permanente de la sociedad mexicana para vivir en armonía y paz social, pero es necesario aceptar que los problemas del país los debemos resolver todos.
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