TEMAS CONSTITUCIONALES


Lic. Guillermo Pacheco Pulido


ARTÍCULO 20 (9)


Como señalamos ya, este artículo es la base para la concreción y el establecimiento del modelo procesal acusatorio y oral. El proceso penal estaría regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Señalamos igualmente que el procedimiento oral está incrustado en un gran debate con opiniones a favor y en contra, con una preocupación por el contenido económico que se deriva de la aplicación de este procedimiento.


Este artículo contiene el principio del debido proceso legal y por ello, se le estructura en tres apartados:


a) Principios del proceso;
b) Derechos del imputado; y
c) Derechos de la víctima o del ofendido.


En cuanto al apartado a) del artículo en comento, anteriormente hicimos unos comentarios al respecto. La fracción I busca el procedimiento para que queden plenamente esclarecidos los hechos, se provea de la protección al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que el daño sea reparado. Por su parte, la fracción II establece –dice la iniciativa- los principios de inmediación, en virtud de que el juez deberá estar presente en cualquier audiencia sin que pueda delegar su desahogo en persona alguna, y de libre valoración de la prueba, esta última estará sujeta a la lógica. Así, la ciudadanía tendrá mayores elementos para confiar en la legalidad y legitimidad del proceso debido a que el juez deberá fundar y motivar cada una de sus actuaciones.


Por su parte, la fracción III dispone que en la sentencia sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en audiencia de juicio, salvo los casos de excepción que la propia ley de la materia disponga.


En la fracción siguiente del apartado en comento, se provee que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente, quien recibirá los argumentos y los elementos probatorios en audiencia pública, contradictoria y oral. Así, se consagra una de las características más importantes del proceso de corte acusatorio, es decir, la estricta separación entre el órgano de investigación y persecución con el jurisdiccional. Se establece que una vez cerrada la investigación y se ha formulado la acusación, el Juez de Control que dicta el auto de vinculación y la resolución de apertura al juicio, deja de ser competente para conocer del juicio.


Importante resulta la fracción V, en virtud de que establece la carga probatoria a la parte acusadora, fortaleciéndose el principio de inocencia, dado que la prueba de culpabilidad recae en quien acusa. Esta situación se verá especificada conforme a cada tipo penal. Además, la fracción tratada recalca la igualdad procesal de las partes, tanto acusadora como imputada.


Por su parte, la fracción VI dispone, en respeto al principio de contradicción que rige el proceso, que las partes deben estar presentes en cualquier asunto sujeto al proceso, salvo las excepciones constitucionales. Así, para la validez de cualquier audiencia deberán estar presentes el Juez, las partes y el defensor, tanto acusada como acusadora.


Otro principio general del proceso penal será la posibilidad de la terminación anticipada, siempre y cuando el inculpado no se oponga, para tal efecto, será necesario que este último reconozca voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en los hechos materia del proceso, siendo necesario no sólo la confesión sino que existan medios de convicción suficientes que demuestren la imputación. En este supuesto, la ley podrá otorgar beneficios al inculpado cuando éste acepte su responsabilidad.


Asimismo, existe en la fracción VIII la consagración de los principios de inocencia y certeza jurídica al establecer que el juez sólo condenará cuando tenga convicción de la culpabilidad del procesado. A su vez, la siguiente fracción provee de seguridad jurídica al ciudadano pues las pruebas que obren en autos del proceso deberán ser obtenidas sin violación a derechos fundamentales y, en caso contrario, serán nulas. Se busca la profesionalización de la investigación.


En el apartado b) se establecen los derechos de la persona imputada, entre ellos a su favor el de presunción de inocencia, el de declarar o guardar silencia, se conserva la prohibición expresa de la incomunicación, intimidación o tortura, la confesión rendida sin asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio, al informe de los hechos imputados así como de las pruebas que obren en su contra las que se le facilitarán para su defensa,  existe un límite constitucional para ser juzgado,  se busca limitar la prisión preventiva.


Asimismo, en el apartado c), se confieren nuevos derecho a las víctimas del delito, entre ellos los de una participación más activa en el procedimiento, que por sí misma puede interponer recursos; se le otorga protección a su privacidad y a su persona. También puede solicitar medidas cautelares para la protección y restitución de sus derechos.


Es recomendable atender cómo quedará en definitiva la Reforma Penal, pues el Senado de la República la devolvió a la Cámara de Diputados para algunos ajustes, pero también es necesario compenetrarse más en esta reforma que es un verdadero parte-aguas en nuestro Derecho penal y procesal penal.


Existen una serie de comentarios en el sentido de que esta reforma deberá adaptarse de manera gradual, ya sea por regiones o que esta reforma se aplique en principio a determinadas conductas delictivas hasta que pueda aplicarse en su totalidad a todos los tipos penales.


Habrá de quedar claro el anterior criterio, pues los transitorios de la iniciativa establecen las fechas para cumplir dicha reforma que no queda a voluntad de los Estados y por otro lado la Constitución no puede aplicarse a una o unas personas y a otras no, más aún en materia penal. Esperamos sin embargo que muchas situaciones se vayan aclarando en el caminar de las leyes.

 



 
 

 

 
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