TEMAS CONSTITUCIONALES


Guillermo Pacheco Pulido


DELINCUENCIA ORGANIZADA (5)


La Reforma Penal que se viene comentando trata en las fracciones 7ª, 8ª y 10ª del artículo 16 constitucional el tema de la  Delincuencia Organizada.


Cuando se  emitió la  Ley Federal contra Delincuencia Organizada los teóricos hacían una diferencia entre lo que significaba Pandillerismo, Asociación Delictuosa y Delincuencia Organizada. Por pandillerismo se decía que era  un  grupo de personas que decidían delinquir en forma eventual y momentánea sin un acuerdo previo. La Asociación Delictuosa también era un grupo de  personas que acordaban unirse previamente para delinquir; en estos dos  casos  no se  señalaba  el  número de  personas. La  Delincuencia Organizada se le consideraba cuando tres o mas personas acuerdan organizarse o se reúnen para  realizar en  forma permanente o reiterada conductas tendientes a cometer delitos de terrorismo, producción, transportación y venta de enervantes, psicotrópicos y estupefacientes, acopio y tráfico de armas, de  indocumentados (niños y mujeres), de órganos humanos, asalto y secuestro, con la característica especifica de estar  estructurados con  jerarquías de  mando.


Entendemos que la ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la  Federación el 7 de  Noviembre de 1996 tendrá que sufrir modificaciones, como acontecerá con toda la legislación penal y procesal de la materia.


Las fracciones 7ª, 8ª y 10ª del artículo 16 constitucional establecen lo siguiente:


Fracción 7ª.

La autoridad judicial, a petición del ministerio público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.


Fracción 8ª.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.


Fracción 10ª.
En los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación, autorizado en cada caso por el Procurador General de la República tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por ley tenga carácter reservado o confidencial, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito.


Debe observarse que, a mi criterio, estas tres fracciones son para aplicación exclusiva de la delincuencia organizada y no se puede emplear su contenido a lo que podemos llamar delincuencia común. Sin embargo también debe observarse el artículo transitorio décimo primero de la reforma que se comenta, en cuanto que establece que al entrar en vigor el sistema procesal acusatorio, las agencias del ministerio público podrán solicitar al juez el arraigo DOMICILIARIO del indiciado, tratándose de delitos graves (orden común) y hasta por un máximo de 40 días, condicionando a esta medida para que sea procedente para el éxito de la investigación, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia o tenga que protegerse a personas o bienes jurídicos.


Se seguirán aplicando las leyes que se refieran actualmente  a la  delincuencia organizada hasta en tanto cuanto el Congreso de la Unión no expida una nueva normatividad al respecto, pues en adelante sólo será de competencia federal.


Sólo por lo que hace a la delincuencia organizada, cabe hacer mención en relación a la fracción 10ª, que el Senado de la República autoriza el acceso a documentación fiscal, siempre y cuando sea como resultado de una orden de autoridad judicial y no a solicitud del ministerio público, como lo había aprobado la Cámara de Diputados.


Es importante también conocer la serie de argumentos que se contienen en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y que se identifica como Convención de Palermo, que fue ratificada por nuestro país, en donde se contemplan muchas de las medidas en las que se sustenta esta reforma. Debe apreciarse también, que con el objeto afinar criterios constitucionales emitidos por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la protección y vigencia de las garantías individuales, como la que explica por qué se incluyeron en esta reforma constitucional el contenido de los párrafos que se han mencionado sobre delincuencia organizada.

 

En cuanto a la reclusión preventiva y a la ejecución de sentencias en esta materia, se tendrán que establecer o construir centros especiales, ya que a su vez las personas que en este aspecto han delinquido, no podrán compurgar sentencias en centros penitenciarios cercanos a sus domicilios, como acontecerá por regla general con los que no hayan formado parte de la delincuencia organizada. Mucho queda pendiente que deberá ser estudiado y legislado por los Congresos locales en relación con el contenido total de la reforma contenida.   




 
 

 

 
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