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Debate Roberto Desachy 02/03/2009 Funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural se mantiene en el cargo…pese a estar inhabilitado por la federación, que emitió 5 sanciones en su contra Las secretarías de Desarrollo Rural y de la Contraloría, con sus respectivos titulares Gustavo Jiménez Aguayo y Víctor Manuel Sánchez Ruiz, deberían revisar quiénes ocupan altos cargos en la administración pública, porque ambos mantienen – por ignorancia o complicidad – en el organigrama a un funcionario inhabilitado por el gobierno federal, que le impuso nada menos que ¡5 sanciones!.
El funcionario que se mantiene en la SDR, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal lo ha sancionado 5 veces e inhabilitado dos es Enrique Reyes Altamirano, que de acuerdo a la página oficial de ¡Transparencia! de Desarrollo Rural se desempeña y cobra como director general de Servicios y Apoyos Técnicos, pese a que todavía no concluye la más reciente inhabilitación que le impusieron en el 2006 y que se supone que lo debía mantener fuera del servicio público por 5 años por incurrir en “violación a las leyes y normatividad presupuestal”.
Curioso personaje este Enrique Reyes Altamirano, que ha sumado castigo tras castigo. El Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (SRSPS) de la SFP informa que el actual director general de Servicios y Apoyos Técnicos fue sancionado por el órgano de control interno de la SEP el 11 de abril del 2001, cuando lo inhabilitó por 5 años, multó con 491 mil 464 pesos y despidió por “violación (a las) leyes y normatividad presupuestal”.
Menos de 5 años después, Reyes Altamirano sumó otras 2 sanciones del órgano de control interno de la SEP por las mismas anomalías anteriores. El 31 de enero del 2006 – según el SRSPS – el hoy funcionario de la secretaría de Desarrollo Rural recibió una multa por 491 mil 464 pesos y otra sanción que, supuestamente, tendría que mantenerlo por 5 años fuera del servicio público, al que se supone que solamente podría regresar a partir del 15 de enero del 2011.
El número de expediente por el que la Contraloría federal le ha impuesto todas las sanciones es el P/7/2001. Pero no cabe duda que corre con mucha suerte y esto ha evitado que su situación a todas luces irregular sea conocida en la SDR y en la Secretaría estatal de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) o…alguien poderoso lo protege y lo mantiene en el cargo a capa y espada.
Porque solamente así se explica que alguien sancionado, multado, despedido e inhabilitado por la federación encuentre tan cómodo y lucrativo cobijo… en el gobierno estatal, a pesar de que ni siquiera ha finalizado su período de castigo y de que se supone que quienes aspiran a un cargo en la administración pública deben presentar una carta de no inhabilitación antes de poder asumir alguna función. Desde luego que los secretarios estatales de Desarrollo Rural y la Contraloría deberían intervenir en este caso, para impedir que alguien con antecedentes negativos en la administración pública se mantenga en su cargo y con acceso a recursos materiales y humanos.
Como director general de Servicios y Apoyos Técnicos, el funcionario supuestamente inhabilitado tiene a sus órdenes todo el cuerpo de profesionistas que integran las áreas de Capacitación y de Seguridad Alimentaria. Esto le permitió llevarse el mérito de “escribir” un libro llamado “Seguridad Alimentaria para Puebla, Prioridad para el Desarrollo”, con las investigaciones de los especialistas de la SDR, que editó esta publicación.
Hoy se supone que esta irregularidad puede corregirse. El problema es que resulta poco creíble que la situación anómala de Reyes Altamirano fuera desconocida en todo el gobierno estatal y, en consecuencia, es inevitable llegar a la conclusión de que alguien poderoso lo incluyó en la administración y lo protege…pese a todo.
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