Debate

Roberto Desachy

10/02/2009

PRI: maniobra legaloide vs la reforma

Son varias razones por las que el marinismo quiere evitar a toda costa que la próxima elección local sea en julio: reticencia de Mario Marín Torres a ver disminuido su poder político frente al mandatario electo durante los casi 6 meses que pasarían entre el día de la votación y el de la toma de posesión y mantener con recursos públicos y hasta el último momento posible la promoción mediática y política del delfín Javier López Zavala usando la Sedesol como escudo y caja chica.

Además, al interior del PRI hay plena consciencia de que si los comicios del 2010 son en julio, quedarían casi eliminados automáticamente dos de sus precandidatos más fuertes: Enrique Agüera Ibáñez y Blanca Alcalá Ruiz. Efectivamente: el elegido de Marín Torres para heredarle la gubernatura es López Zavala, pero si el zetita mayor sigue sin crecer en las encuestas, como hasta ahora, será necesario estudiar otras alternativas.

Incluso, el hecho de sostener una baraja amplia de aspirantes permitirá al priísmo evitar que los ataques de la oposición se centren en solamente uno o dos contendientes y hace menos previsible su actuar electoral. A esto se debe que el partido esté dispuesto a usar su mayoría en el Congreso local, para que la sucesión se dé en noviembre, pese a que esto provoque no solamente un desacato constitucional, sino – también – un posible escándalo mediático nacional.

Porque para cualquiera con dos dedos de frente le queda claro que el tricolor está recurriendo a un argumento legaloide para que la elección del 2010 sea en noviembre, al decir que la reforma federal sí establece que los estados deben homologar sus comicios con los procesos nacionales, pero no precisa cuándo y, entonces, cada Congreso local lo puede hace a la hora en que se le antoje.

De ser cierto ese “razonamiento”, los diputados del PRI pueden ir más allá y determinar que la homologación de las elecciones locales con las federales se concrete…por ahí de julio del 2016 o 2022. Y a la oposición y al resto del país no les quedará más que “agradecer” a los legisladores poblanos su “disposición” a acatar las decisiones del Congreso de la Unión, aunque sea hasta que a los legisladores locales se les dé la gana hacerlo.

Es obvio que el partido oficial en Puebla quiere posponer hasta la conclusión del marinismo (que al menos en su primera etapa finalizará en enero del 2011) la homologación de los procesos locales con los federales, usando el pretexto legaloide de que si bien está obligado a dar ese paso, nada lo obliga a hacerlo inmediatamente. 

También es lógico que, si se concreta la decisión del PRI, la oposición a él, en especial el PAN, puede aprovechar la coyuntura, para exhibir al gobierno y al marinismo como opositores a la reforma electoral aprovechando que por lo menos tres medios nacionales, El Universal, Reforma y TV Azteca, mantienen una posición bastante crítica hacia la administración estatal, a diferencia de la gran mayoría de los espacios informativos locales. 

Así que el precio que el PRI-gobierno tendrá que pagar por imponer que los comicios locales sean en noviembre podría ser bastante alto, ya que deberá enfrentar una controversia constitucional ante la SCJN (con todas sus consecuencias mediáticas y políticas) y se vería exhibido – nuevamente – como protagonista de un nuevo escándalo, como el que enfrentó en los casos de Lydia Cacho, el narcoedil de Izúcar de Matamoros, el banderazo de salida a vacíos camiones repartidores de libros texto gratuitos, entre otros.

Solamente el tiempo y las circunstancias generales definirían la magnitud del escándalo por la reticencia poblana a aceptar la reforma electoral federal…pero los comicios que se realizarán en julio podrían ser un buen aliciente, para que el PAN y la administración calderonista traten de medrar con cualquier elemento disponible.

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