Debate


Roberto Desachy

 

Narcoatentado o venganza política


Lo ocurrido al diputado local suplente del PRD, Rodrigo López Benavides, tiene todas las señales de ser un narcoatentado o venganza política, ya que el atentado se proyecta como una abierta amenaza al legislador propietario, Melitón Lozano Pérez, para que deje de denunciar el abierto contubernio entre el Congreso local y el gobierno estatal con el presunto narcoedil, Rubén Gil y su familia, que actúan como propietarios de dicho municipio.

 

Melitón Lozano y Manuel Madero (candidato del PRD que perdió en Izúcar de Matamoros) han hecho infinidad de señalamientos sobre el “pequeño inconveniente” de que el cuñado de un ex edil acusado de narcotráfico en EU esté al frente de dicho municipio, sin que la secretaría de Gobernación y la mayoría priísta en la Legislatura hagan otra cosa, que no sea defender el control de Rubén Gil en dicha ciudad.

 

El sentido común marcaría que el PRI-Gobierno debe acceder a que Rubén Gil y familia dejen de predominar de Izúcar, para deslindarse totalmente de un personaje nocivo para la imagen pública de la administración y del propio partido y, sobre todo, demostrar que las acciones ilegales del presunto narcoedil no tienen relación con el marinismo. Pero ambos han hecho exactamente lo contrario y la pregunta es ¿por qué?

 

¿Por qué el grupo político más importante en la entidad permite (y hasta protege) el cacicazgo de un alcalde acusado de narcotráfico en EU?. La posición del sector oficial puede resultar más que sospechosa, incluso, porque Melitón Lozano y Manuel Madero han estado denunciando amenazas de Rubén Gil y su sustituto, Arturo Herrera, sin que se haya abierto investigación alguna.   

 

El atentado contra López Benavides demostró que quienes amenazan a los perredistas van en serio y que la PGJ debería investigar quiénes son. En caso contrario, el gobierno sería -por una enorme y sospechosa omisión-  cómplice de lo que pueda ocurrir a los detractores del presunto narcopresidente. 

 

Elementos

 

* Los propietarios de antros y restaurantes de San Andrés Cholula están muy preocupados…pero no por la temporada de lluvias o por la mala situación económica de muchos de sus clientes, sino por la dirección estatal de Protección Civil, cuyos inspectores han encontrado una mina de oro en la extorsión a dichos empresarios.

 

* Lo que sucede es que los “muchachos” de Miguel Ángel Martínez ya adoptaron el “método” de inventar leyes o artículos, para “multar” a los dueños de restaurantes de San Andrés Cholula, quienes se están poniendo de acuerdo para pedir que las cámaras que los agrupan (Canirac y Aprepsac) hagan un pronunciamiento enérgico contra este tipo de extorsiones cometidas al amparo de la “Protección Civil”.

 

* Uno de los pretextos favoritos de los “inspectores” es el dictamen de la instalación de gas. Sacan dinero a los propietarios con el pretexto de que cada año deben realizar un peritaje a dicha área, cuando la ley marca que este tipo de estudios se realizan una sola vez y solamente deben repetirse cuando hay cambios en la misma.

 

* El director de Protección Civil Municipal, Alberto Vivas Arroyo, encontró una manera muy original de presentarse con los miembros del Consejo de este rubro, porque sus primeras palabras fueron una confesión “no sé nada de esta área, si en este momento tiembla, yo no sabría qué hacer”.

 

* Lógicamente, los representantes de hospitales y de las instancias encargadas de velar por la salud pública se quedaron consternados ante la afirmación de Vivas Arroyo, al que le pidieron que, en vista de que no conocía la materia, se rodeara de gente que sí supiera y que ratificara a algunos de los trabajadores de la dependencia. El funcionario aceptó y, hasta el momento, ha cumplido, como lo demuestra que una de sus primeras acciones fue nombrar como asesor a su antecesor, Ramón Balderas, quien – hay que decirlo – duró poco en este cargo, aunque algunos de sus ex colaboradores continúan en la dependencia, que – por cierto – no ha enfrentado problemas ni controversias.

 

* Lo publicó uno de los mejores y más informados columnistas de Puebla, Jorge Rodríguez Corona, de El Sol de Puebla, el viernes pasado: empresas importantes, como Wall Mart y Chedraui han hecho jugosos ofrecimientos por el predio Matanzo, ya que quieren convertirlo en una plaza comercial. Ahora depende del ayuntamiento aprovechar este terreno para reubicar a los ambulantes o para reactivar la actividad económica en la zona, a menos que se pretenda dejarlo en calidad de “elefante blanco”.

 

* Si la Comuna vende o concesiona ese predio por una cantidad superior a los 20 mdp, se contaría con los recursos necesarios para la reubicación de los ambulantes, sin la necesidad de expropiar o generar endeudamiento, como lo pretende hacer en este momento la administración municipal. Incluso, ese dinero serviría para concretar un proyecto de reubicación, sin la sombra de la corrupción que pesa en este momento en la propuesta de Fernando Ariza, secretario de Fomento Económico, de expropiar a precio muy alto construcciones que ya han sido rechazadas por los informales.

 

* Se sabe que fue el propio Mario Marín Torres quien se opuso a que la reubicación de ambulantes se concretara en el terreno Matanzo, para impedir que la “medallita” del logro se le adjudicara al ex edil Enrique Doger Guerrero. Y la presidenta Blanca Alcalá aceptó la “decisión” del mandatario, pese al evidente deterioro económico a las finanzas públicas.

 

* Habrá que esperar para comprobar qué pesa más en el caso del predio en cuestión: si el sentido común de darle un buen uso, en beneficio de la ciudad (no de Doger Guerrero ni de otros actores partidistas), o el rencor y celo político. Una propuesta sería que la plaza comercial o mercado se llamen Mario Marín Torres, para que el terreno se aproveche y no se pierdan 18 mdp.




 
 

 

 
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