Debate

Roberto Desachy

19/02/2010

TEPJF, lo que está en juego

Como bien se ha dicho, a nivel local y nacional tiene una gran importancia jurídica y política la manera en que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelvan la inconformidad que colocó Enrique Doger Guerrero contra el proceso interno del PRI, debido a que, si se ordena reponer el procedimiento, se daría un paso gigantesco a favor de la democratización real de los partidos.

Veamos: en la actualidad los gobernadores priístas son los dueños de la franquicia de sus partidos en los estados. Así, ellos imponen candidatos a sucederlos, deciden quiénes serán los aspirantes a presidentes municipales y diputados federales y locales, con el pretexto de que las arcas de sus estados son las que mantienen no solamente al priísmo de la entidad, sino al propio Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Después de que el PRI perdió la Presidencia de la República, la dirigencia nacional del partido, en especial ahora que supuestamente lo encabeza Beatriz Paredes Rangel, se ha convertido en poco menos que un cero a la izquierda, una especie de “convidado de piedra” que aparece en los medios de comunicación, acude a algunos eventos en los estados, pero que decide poco o nada a la hora de definir candidatos a gobernadores o ediles.

Paredes Rangel amenaza al gobierno federal calderonista cada vez que un mandatario estatal priísta es cuestionado y su Comité Ejecutivo Nacional es una especie de “oficina de representación” de todos los gobernadores estatales del tricolor y, por lo tanto, amenaza a cualquier instancia – federal - que se atreva a cuestionar a los “señores feudales” de las entidades.

Pero en los hechos Paredes Rangel no solamente es incapaz de frenar a los gobernadores de su partido cuando imponen candidatos a cualquier cargo, sino que ni siquiera logró impedir que 18 congresos locales de mayoría supuestamente del PRI legislen contra los derechos de las mujeres en el tema del aborto.

El CEN del PRI – con toda su burocracia – vive de los gobernadores priístas y, por lo mismo, es cómplice silencioso y protector de todas y cada una de sus triquiñuelas. La presidenta del partido tampoco tiene, ni con mucho, el control real de los diputados federales del tricolor, que son manejados por los mismos ejecutivos estatales.

Freno legal a los gobernadores caciques

En este contexto el fallo del TEPJF en el caso Doger es especialmente importante, ya que un veredicto contrario a los intereses marinistas obligaría al PRI nacional y local a reponer el proceso y, sobre todo, pondría límites reales a los poderes constitucionales no solamente de los mandatarios priístas, sino también de los emanados del PAN o PRD.

Los magistrados tienen ante sí la oportunidad de forzar a los mandatarios estatales y a la dirigencia nacional del tricolor a acatar la ley y a respetar los propios estatutos partidistas y los derechos de sus militantes, que en la actualidad son rehenes de los intereses, caprichos, filias y fobias de los gobernadores y de la propia Paredes Rangel.

La impartición de justicia – en todos sus rubros – es uno de los grandes pendientes nacionales, porque entre los ciudadanos comunes y corrientes existe la certeza de que los políticos poderosos, como los gobernadores, pueden hacer prácticamente lo que quieran, sin que el llamado Estado de Derecho se les aplique.

La gente sabe que en este país la justicia se negocia, como mercancía y también está consciente de que los gobernadores y los dirigentes de partidos actúan a espaldas de los intereses de la sociedad, como lo ratificó el hecho – aceptado primero por Fernando Gómez Mont y después por Francisco Rojas - de que los diputados federales del PRI avalaran el aumento al IVA a cambio de que el PAN no concretara alianzas electorales en las entidades priístas.

En este escenario, un fallo del TEPJF obligando al priísmo local y nacional a reponer su proceso interno en Puebla, después de que el marinismo manipuló el procedimiento para favorecer al candidato del gobernador, sería visto como una buena señal de que la máxima instancia encargada de impartir justicia electoral a nivel federal obliga a los mandatarios estatales a apegarse a derecho.