Debate


Roberto Desachy

 

Corrupción empresarial 


Una vez confirmado que el dueño de Intolerancia, Rodrigo López Sainz de Juambelz, usó prestanombres para vender al Ayuntamiento de Puebla cuatro patrullas ecológicas a través de una empresa llamada SAE SA de CV (creada el 28 de mayo del 2007, según el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad, póliza 5451 y folio mercantil electrónico 37617-2), se debe analizar qué tipo de “empresario” pone sus “negocios” a nombre de otra persona.


Desde luego que la mayoría de los empresarios no querría ni necesitaría usar prestanombres o testaferros para esconder sus actividades económicas; en primer lugar, por desconfianza a que la persona a la que le adjudica su negocio termine por quedárselo, ya que ese tipo de “operaciones” mercantiles solamente se hacen cuando entre los involucrados existe una total confianza, compromiso… o complicidad, que aseguren que el capital invertido no se perderá.


En general, los verdaderos empresarios, aquéllos que no basan su fortuna en hacer negocios sucios con recursos públicos, en obtener prebendas por favores o presiones del gobierno en turno o en actividades ilícitas, se sienten orgullosos de su actividad económica, porque generan empleos, riqueza, benefician al país y son la base de la actividad productiva.


En consecuencia, los inversionistas honestos no necesitan testaferros y hasta rechazan su uso, debido a que a muchos les gusta llamar la atención y que se sepa que son ellos los dueños de sus negocios y “benefactores” de sus empleados y de la economía. En una palabra, gozan con el reconocimiento político y social que les genera el ser “empresarios exitosos”.


En contraste, el uso de prestanombres es común cuando se pretende ocultar quién realiza determinado negocio o, como se dice en el argot político y delincuencial, quién está detrás de un millonario contrato, que casi siempre involucra recursos públicos y, por lo mismo, existe la posibilidad de que la opinión pública se entere del negocio y lo investigue.


También usan testaferros (personas que prestan sus nombres a otros en un contrato o negocio, según cualquier diccionario) quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, se han visto involucrados en negocios de dudosa legalidad, la ley les impide participar en alguna proceso de adjudicación o quieren que no se sepa que determinado funcionario o dependencia ha sido especialmente generoso con ellos.


En el caso de López Sainz de Juambelz, el jugosísimo contrato que en el 2000 le dio el exdirector de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (Conaliteg), Jorge Velasco y Félix, entra en las tres categorías enlistadas en el párrafo de arriba, como lo demuestra el hecho de que desde febrero pasado se giró orden de captura contra Jorge Velasco y Félix y 12 exfuncionarios más por los abusos al frente de la dependencia.


Es cierto que, al momento de escribir estas líneas, la PGR y la Secretaría de la Función Pública no han iniciado investigaciones contra los empresarios beneficiados de manera ilegal con los recursos de la Conaliteg, porque tienen enfocadas sus baterías en la banda de Velasco y Félix, pero también lo es que dicho personaje no cometió solo los actos de corrupción, sino que tuvo como cómplices a los editores que se llevaron millones de pesos durante varios años gracias a las corruptelas en la impresión de los libros de texto gratuitos.


Personajes nada gratos a la opinión pública han usado prestanombres, como Carlos Salinas de Gortari, los hermanos Bribiesca Sahagún, Osiel Cárdenas, Carlos Ahumada, Arturo Núñez, entre muchos otros delincuentes de cuello blanco, narcotraficantes y delincuentes que deben ocultar su identidad, para seguir haciendo negocios y que tienen como característica común su desprestigio y el cuestionamiento colectivo.


En consecuencia, es necesario que la Contraloría municipal y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local investiguen a quién le compró la secretaría de Administración las cuatro patrullas ecológicas, por qué lo hizo y qué tipo de asistencia técnica, mecánica y tecnológica puede garantizar al Ayuntamiento y a la propia ciudad una empresa (como SAE) sin identificación externa, que contrata personal de un rubro totalmente ajeno al que pertenece y que oculta su manejo.

 



 
 

 

 
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