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Invitado Especal
La Quintacolumna


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Derechos Humanos

Dr. Julián Germán Molina Carrillo*


LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS

Los días 4 y 5 de mayo del año en curso, se llevó a cabo el Segundo Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y sus homologas de los Estados de Sinaloa y Guanajuato, teniendo como sede del evento la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y con la asistencia de representantes de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa y Veracruz, así como, diversos representantes de organismos en materia electoral, acceso a la Información, fiscalización, control, laboral, legislativo local, gobierno estatal y municipal, justicia y de lo contencioso administrativo y universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.


Dentro del Congreso se trataron diversos temas relacionados con la autonomía, profesionalización, control y transparencia, aprobándose diez Acuerdos que considero de gran importancia para fortalecer la autonomía, transparencia, control y la profesionalización de los organismos públicos autónomos del país, para avanzar en la consolidación de un Estado Democrático de Derecho.


En el caso del trabajo de las Comisiones de Derechos Humanos, el Octavo Acuerdo, desde mi punto de vista, representa un reto para la mayoría de los organismos que en la actualidad carecen de un servicio civil de carrera, dicho acuerdo señala: “…la necesidad de crear un servicio profesional de carrera como una pieza fundamental para la consolidación institucional y la profesionalización de los organismos públicos autónomos, que se sustente en el reclutamiento con base en el mérito y capacidad del personal, con igualdad de condiciones para crecer dentro de una carrera profesional, con una constante profesionalización de personal, con la debida –estabilidad y permanencia en el empleo-, y con reglas claras para la separación del servicio”.


El Acuerdo anterior, de cumplirse, repercutiría en forma muy positiva en el trabajo de las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados, debido a que la mayoría de ellas no cuentan con el Servicio Profesional de Carrera, ni mucho menos, se garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores.


El ejemplo más cercano que tenemos en el Estado de Puebla, fue el anuncio hecho el pasado veintisiete de julio, por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, respecto al despido de treinta y cinco personas que laboraban en el organismo, entre ellos todos los abogados y médicos que venían laborando algunos por más de diez años y que simplemente fueron despedidos, según el comunicado del Presidente, ”para renovar la plantilla y dar oportunidad a nuevos compañeros con mayor interés en cumplir con las tareas encomendadas a esta Comisión”.


Dicho argumento carece de valor, debido a que en el fondo se trató de un despido masivo para colocar al nuevo personal  y cumplir con los compromisos contraídos por los cinco comisionados para colocar a sus incondicionales, sin importar la experiencia con que contaban los trabajadores despedidos, y sobre todo, sin ningún criterio para contratar al nuevo personal, obviamente muchos de ellos sin ninguna experiencia en la materia, situación que desde luego afectará los trabajos del organismo precisamente porque ni los Comisionados son especialistas en Derechos Humanos y los que llegaron apenas inician su proceso de aprendizaje.


De ahí que, nos preguntaríamos ¿los derechos de los ciudadanos a un servicio de calidad, donde quedan?, lo anterior aunado al hecho de que la Comisión tuvo que erogar de su presupuesto más de un millón de pesos para liquidar a los trabajadores, suma que bien pudo aplicarse a otras tareas prioritarias del organismo, como la capacitación, difusión y sobre todo crecimiento del mismo para atender a una mayor población.


El caso anterior, es el reflejo de la forma en que actualmente se manejan algunas Comisiones de Derechos Humanos, por la falta de una profesionalización y además por el hecho de que en la mayoría de los casos estos organismos son manejados con criterios políticos, en lugar de criterios de servicio, toda vez que, en los que se mezclan intereses de los partidos y se deja de lado la opinión y fuerza de los ciudadanos y de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, que muchas veces tienen que realizar la labor de las Comisiones para denunciar las violaciones de los derechos y exigir a las autoridades cumplan con sus obligaciones.


En la actualidad, el único organismo autónomo que cuenta con un auténtico servicio profesional es el Instituto Federal  Electoral, que a partir de la Reforma Constitucional  del artículo 41, de 1990 señaló explícitamente que los órganos ejecutivos y técnicos del IFE dispondrían del personal calificado necesario para prestar el Servicio Profesional Electoral, por lo que se estableció que se debería aprobar un Estatuto del Servicio Profesional  Electoral, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en junio de 1992.

Ojalá  pronto veamos la aprobación de un Estatuto de Servicio Profesional del personal de las Comisiones de Derechos Humanos, sin duda sería un gran paso para alcanzar la calidad y auténtica profesionalización de quienes laboramos en instituciones tan nobles como estos organismos.

* Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel I.

Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

 

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