EL EJÉRCITO MEXICANO Y LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.
El pasado veintinueve de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en voz de su Presidente dio a conocer a los medios de comunicación y a la opinión pública, los resultados de las investigaciones de los expedientes que se integraron con motivo de las quejas presentadas por ciudadanos de diferentes estados del país por violaciones a sus derechos humanos cometidas por elementos del ejercito mexicano en el marco de la llamada lucha contra el narcotráfico y de los cárteles de la droga que operan en nuestro país, solicitando al Ejecutivo Federal gire las órdenes correspondientes para que dichos elementos regresen a los cuarteles y dejen que las corporaciones policíacas retomen sus funciones que les corresponden de acuerdo a nuestro marco legal.
Resulta preocupante que las quejas presentadas en mayor número, hayan sido por privaciones ilegales de la libertad, cateos, allanamientos, tortura, incomunicación, golpes, homicidios y violaciones, entre otras, lo que se traduce en una combinación de violaciones de derechos y delitos que seguramente quedarán en la impunidad por el hecho de que los, miembros del ejército sólo pueden ser enjuiciados por tribunales militares, lo que significa que ninguno de ellos será sancionado por tales ilícitos y la fuerza de las recomendaciones de la CNDH, no será suficiente para que se haga justicia a los familiares de las víctimas de las violaciones.
Hasta el momento de escribir esta colaboración, el ejecutivo federal, no ha dado instrucciones al Secretario de la Defensa para retirar al ejército de las diferentes ciudades y comunidades en que han concentrado la lucha contra el narcotráfico y cultivo de drogas, por lo que continúan los operativos en ciudades de Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Veracruz y Guadalajara, por lo que es previsible que se sigan presentando quejas por nuevas violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
En los últimos días, se dio a conocer que existen evidencias de la colaboración entre las FARC de Colombia con los cárteles de la droga de nuestro país, lo que significa que además de contar con amplias redes de distribución internacional, también tienen armamento para seguir extendiendo su poder en otras ciudades del territorio mexicano y continuar circulando la droga a los Estados Unidos, por lo que las policías continúan siendo rebasadas en los hechos por estos grupos que además han ido reclutando a desertores del ejército y exmiembros de las policías de las entidades federativas, con lo que aumenta la inseguridad para los ciudadanos y la vulnerabilidad de los mismos para ser investigados y sujetos de todo tipo de violaciones a sus derechos elementales.
La experiencia de Colombia en el uso de sus fuerzas armadas para combatir el narcotráfico no ha sido exitosa, ya que a más de una década de dicha medida, los resultados no han sido los esperados y el gobierno en turno se convierte en rehén de ambos bandos, ya que por una parte se ve obligado a negociar con los capos de la droga y por la otra a dar cada vez más poder y recursos al ejército que se da cuenta que en cualquier momento puede organizar un golpe de estado y tomar el mando del gobierno como ha sucedido en otros países como Chile y Argentina.
Es necesario ,que en estos momentos tan difíciles para nuestro país, el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), replanteen la conveniencia de que el ejército siga participando en esta lucha y se lleve a cabo una evaluación de los resultados obtenidos hasta este momento, informando a los ciudadanos sobre los mismos y que en este análisis participe la CNDH como garante de la legalidad y del respeto a los derechos más elementales de los ciudadanos, toda vez que, no es posible que sigamos siendo espectadores de los abusos que se han venido cometiendo y de que no se sancione a los responsables, ni se tomen las medidas pertinentes a cada caso. De nada sirve al país que la CNDH haga oportunamente las investigaciones, denuncias y pronunciamientos, si a final de cuentas las autoridades encargadas de cumplirlas, por decisiones de carácter político, las ignoran y hacen de lado el trabajo de un organismo que hoy, más que nunca, debe estar fortalecido para apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad que acuden a ella para ser escuchados y atendidos.
Es tiempo de que los hechos, rebasen al discurso oficial y de que los mexicanos tengamos la seguridad jurídica y clima de paz y armonía que se requieren para impulsar el desarrollo de nuestro país en beneficio de las futuras generaciones, por ello la militarización de la lucha contra el narcotráfico requiere una valoración y cambio de rumbo urgentes. La palabra la tiene el Ejecutivo Federal.
* Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel I.
Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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