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Derechos Humanos


DR. JULIN GERMN MOLINA CARRILLO*


LA MATANZA DE ACTEAL, DIEZ AÑOS DE IMPUNIDAD

 

A   escasos días de que se cumplan diez años de la matanza de cerca de 45 indígenas en Acteal, los mexicanos seguimos siendo testigos de la impunidad que ha prevalecido en torno a la investigación y castigo de los responsables de tan deplorable acto que tuvo resonancia a nivel nacional e internacional, por la forma en que se cometieron los asesinatos y por el silencio que en los últimos años han guardado las autoridades ministeriales que están a cargo de la investigación, a pesar del justo reclamo que hicieron las organizaciones de la sociedad civil al entonces gobierno federal con Ernesto Zedillo y al gobierno de Chiapas, a cargo del gobernador Julio César Ruiz Ferro, quienes por medio de las policías apoyaron la acción de los grupos paramilitares que perpetraron los asesinatos.

 

Lo que cabe preguntarnos, es que si por tratarse de indígenas, el caso no ha sido resuelto, ni existe el interés de las autoridades por dar con los responsables, o bien, ¿si era necesario que hubiera perecido un extranjero o una persona conocida para que se hiciera algo al respecto? Pero esa pregunta se quedará sin respuesta, como han quedado sin resolverse otros casos, en los que la impunidad ha sido el factor que ha permitido que los responsables continúen en la calle como si no hubieran cometido ningún delito.

 

Es por ello, que casos como el de Acteal, se van borrando de la memoria histórica de los mexicanos, ante el silencio de los medios masivos de comunicación que restan importancia a los reclamos de los familiares de las víctimas que nunca fueron indemnizados, ni han visto a los asesinos sujetos a un proceso penal.

 

Este acto, encierra en si una violación a sus derechos humanos, por que se les está negando el derecho a que se les administre justicia y además a que el Estado cumpla con su obligación de hacer valer el estado de Derecho, que es uno de los compromisos que adquieren los gobernantes al tomar protesta de sus cargos al rendir la protesta de ley.

 

Ni los gobiernos emanados del PRI, ni el denominado gobierno del cambio, han sabido dar respuesta y solución a eventos como el de Acteal, que representan una vergüenza para los mexicanos, por la forma en que se trata a los indígenas, de tal suerte que ni el Movimiento Zapatista, ni la reforma constitucional en materia de Derechos y Cultura Indígenas, les han permitido mejorar sus condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad que han sufrido desde hace más de quinientos años, por lo que el esclarecimiento de estos eventos del pasado, hoy se han ido relegando, ante la preocupación del gobierno federal de atender los problemas del narcotráfico y el aumento de la delincuencia en el país, lo que también ha propiciado que las poblaciones indígenas sigan siendo hostigadas por las bandas de narcotraficantes que les obligan a sembrar la mariguana, como por las policías, que junto con el ejército los han sometido a toda clase de violaciones a sus derechos más elementales, bajo el pretexto de fincarles actos delictivos y justificar con ellos que realmente se está acabando con el problema de las drogas, haciendo detenciones de indígenas y no de los grandes capos que controlan a los cárteles en el país.

 

La única esperanza que tenemos los mexicanos es que los tribunales y organismos internacionales emitan recomendaciones al gobierno para que atiendan estos reclamos y asuman una postura que permita que los ciudadanos realmente confíen en las autoridades, ya que no es suficiente  que se emitan desplegados o se hagan marchas a favor de las demandas de estos pueblos para que les sean respetados sus derechos más elementales, sino que se escuchen las voces de otras instancias y organizaciones de la sociedad a nivel mundial que obliguen al Estado mexicano a asumir una postura a favor de los que menos tienen y en ese aspecto los pueblos indígenas aún tienen muchas cosas que reclamarnos, después no nos quejemos de que tomen otros caminos para hacerse escuchar, o bien, que sigan muriendo al intentar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida, que en su país les siguen siendo negadas, es hora de que nuestros representantes populares y autoridades atiendan a los pueblos indígenas en los hechos y no sólo en los discursos demagógicos,  nuestros hermanos de raza no viven de palabras, sino requieren de salud, empleo, educación y oportunidades para llevar una vida digna.

 

* Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel I.

Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.


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