Dios en el poder


Selene Ríos Andraca
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10/12/2010


Réquiem por la CAIP



“…Porque para Puebla, lo mejor está por venir”.


Para entender esa frase después del 4 de julio, tendríamos que definir qué significa “Puebla” para Rafael Moreno Valle, y luego analizar a profundidad qué es “lo mejor” para saber qué diablos “está por venir”.


Santo Dios.

 



Ayer, la LVII Legislatura eligió con 26 votos a José Luis Fregoso Sánchez como el sucesor de Lilia Vélez en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).


Los méritos del nuevo comisionado son: haber asesorado a Martha Érika Alonso y ser el padre de Milton Fregoso, líder de las juventudes morenovallistas.


Miau.


En pocas palabras: la primera imposición del nuevo régimen. 


Además de su filia morenovallista y de que con el tiempo probará ser funcional para el nuevo gobierno ocultando información de índole pública, el principal problema es su ignorancia en materia de transparencia y acceso a la información.


¿Para qué diablos se postula al cargo de comisionado si ni siquiera conoce los procedimientos de una solicitud de información, los plazos de un recurso de revisión ni los procesos para impugnar una respuesta de los sujetos obligados?


¿Para qué jodidos le sirve a la CAIP, un comisionado inexperto en la materia?


A decir de José Luis Fregoso, los ciudadanos interponen el recurso de revisión ante la CAIP.


¡Por Dios!


Al menos hubiera leído la Ley de Transparencia antes de demostrar que en su vida ha hecho uso del sistema de acceso a la información.


—¿Cuál es el procedimiento para interponer un recurso de revisión? —se le preguntó en el Congreso local.
Es muy sencillo, yo creo que se tiene que, por parte del solicitante, manifestar el recurso ante la Comisión y se verá realmente, en el tiempo perenne, si el sujeto obligado cometió, de alguna manera, algún incumplimiento o no disposición ante la ley.


(Que Cantinflas lo redima).


—¿En cuánto tiempo se debe de resolver el recurso de revisión?
—En diez días.


(¡Ojalá!)


—¿Ya cambiamos al esquema de Infomex?
— Uhm… Ya estamos en el esquema de Infomex.
—¿Desde cuándo?
—Aquí la idea concretamente, lo que yo quiero es comentarles, se trata de que si hemos hecho unas modificaciones, de acuerdo a la última disposición legal, que es el 10 de octubre, lo que tenemos que hacer es ver, desde un punto de vista integral, cuál va a ser la respuesta de la Comisión, sobre todo que si desde el 10 de octubre se modificó ésta, tendríamos que hacerla actualizante (sic), bajarla a lo que es la estructura en organización y desarrollo. Entonces, en función de esto, tenemos que hacerlo más dinámica, más operativa y más funcional sobre todo. Si distinguimos tres problemas, lo que es la transparencia, lo que es el derecho a la información y lo que es la protección de datos, ese es el objeto en materia de estudio que tenemos que trabajarlo, ¿si?, por favor.


Ja, ja, ja.


En los artículos 46 y 47 de la mencionada Ley se especifican los tiempos para los recursos de revisión que comienzan con la presentación de pruebas (5 días hábiles), el desahogo de pruebas (15 días hábiles), el análisis (de 30 a 60 días hábiles).  


¡Oh, Lord!


¿Y eso es “lo mejor que está por venir”?


¿O la CAIP no forma parte de la “Puebla” de la que tanto habla Moreno Valle?




Desde su nacimiento, los principales problemas de la CAIP han surgido por las personas que la han integrado y por la falta de seriedad de los diputados para adecuar la legislación con los preceptos constitucionales:

• La complicidad de los excomisionados Roberto Díaz Sáenz y Antonio Juárez Acevedo para ocultar y negar información incómoda para el marinismo, como: los viajes del mandatario, los gastos personales de Mario Marín y la justificación técnica para el rompimiento de los contratos con Telmex después del escándalo de Lydia Cacho.

 

• La destitución de Antonio Juárez Acevedo por haber violado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

• El bloqueo contra Josefina Buxadé Castelán para continuar en el organismo.

 

• La ambigüedad de las funciones de la Comisión.

 

• La inconstitucionalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

• La falta de sujetos obligados como los poderes Legislativo y Judicial, así como los 217 Ayuntamientos.



 
 

 

 
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