Dios en el poder


Selene Ríos Andraca
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22/02/2011


La temible rafamordaza



No, el problema no es la despenalización de los delitos de prensa.


No, tampoco es problema que la iniciativa haya sido enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle.


No, tampoco que se regulen civilmente las publicaciones u opiniones de los comunicadores.


Mucho menos que se multe a los comunicadores que abusen de la libertad de expresión.


El problema son las inconsistencias y la necedad de la LVIII Legislatura para realizar foros con el gremio periodístico sobre los alcances de la reforma y la creación de una ley reglamentaria para proteger los denominados derechos de la personalidad.




La LVIII Legislatura no especifica en el dictamen el concepto “daño moral”, a diferencia de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal.


Y la consecuencia es la indefensión de los escribanos.




La LVII Legislatura no restringe en el dictamen de reforma el grado de protección a los servidores y funcionarios públicos mediante la figura “Malicia efectiva”.


Por lo que no se garantiza la libertad de expresión ni el derecho a la información.


El artículo 30 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal señala al respecto:


“Los servidores públicos afectados en su patrimonio moral por opiniones o informaciones difundidas a través de los medios de comunicación deberán probar: o que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad; o que la información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa o no; y/o que se hizo con el único propósito de dañar”.




El dictamen que hoy se discutirá en el seno del Congreso local deja abierta la posibilidad que los periodistas y comunicadores sean objetos de querellas por daño moral aunque la información publicada sea verdadera y esté documentada.


Por supuesto, se atenta contra el derecho a la información —garantizado en el artículo sexto de la Constitución mexicana—.




De acuerdo al libro Libertad de expresión y sus implicaciones legales de Perla Gómez Gallardo y Ernesto Villanueva de la editorial Equipus, en el capítulo “Normatividad aplicable al periodista” en el apartado XIV “Derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen, se establecen los límites para los funcionarios públicos”.


“(…) 2. Las personas públicas deberán comprender que por el simple ejercicio del encargo que ocupen y ostenten, están más expuestas a críticas y controversias sustentadas. 3. Los estados deben asegurarse que sus leyes en contra de la difamación o ataques a la vida privada, el honor, la intimidad o el derecho de la propia imagen nunca impongan sanciones tan severas como para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, se considera una sanción severa el encarcelamiento, así como las sanciones pecuniarias excesivas”.




La LVIII Legislatura logró con el dictamen que deroga los delitos de prensa un hecho insólito, inaudito: que enemigos acérrimos del gremio periodístico se sienten en la misma mesa y luchen por una causa en común.


Ayer, periodistas, columnistas y directores de medios de comunicación exigieron a los diputados en una reunión informal convocada por el priista Enrique Doger, las condiciones necesarias para ejercer el oficio.


Nadie pidió impunidad.


Todos exigieron c-o-n-d-i-c-i-o-n-e-s.




Trascendió que por la noche en un acuerdo político entre los coordinadores de las bancadas se propondrá una serie de modificaciones al dictamen ya aprobado por la Comisión de Gobernación:


Multa máxima de 3 mil días de salario mínimo que equivalen a 180 mil pesos aproximadamente.


El derecho de réplica será determinado por un juez.


La eliminación de la palabra “sentimientos” del concepto daño moral.



 

Hoy se definirá la libertad de expresión de los medios poblanos y todo está en manos de los diputados de la megacoalición ambidiestra.

 



 
 

 

 
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