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Dios en el poder

Selene Ríos / Edmundo Velázquez

Herejía gubernamental

Unas de las principales características de un gobierno democrático son, entre muchas más, la transparencia y el acceso a la información pública.

Tal vez algunos corifeos no entiendan ninguno de esos conceptos y parece que están enojados por este aclamado —y demagógico— discurso de la rendición de cuentas.

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla señala en su fracción tercera, artículo uno, que tiene el objetivo de: “Contribuir a la democratización de la sociedad y plena vigencia del Estado de Derecho”.

El exmandatario Melquiades Morales Flores y la LV Legislatura impulsaron una mediana Ley de Acceso a la Información Pública, la cual fue aprobada por unanimidad con todas las lagunas y deficiencias jurídicas inimaginables.

Sin embargo, los promotores del tema aplaudieron el primer paso que dio la legislación poblana.

Los principales beneficiados con la aprobación de la mencionada ley y la constitución de una Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) somos todos los que estamos interesados en las acciones gubernamentales.

El hecho de que exista una ley que le exija al gobernador Mario Marín Torres rendir cuentas por los gastos realizados en publicidad y propaganda durante el escándalo con la periodista Lydia Cacho Ribeiro es democrático, es redituable periodísticamente.

Además es una obligación, según la ley. Así lo marca la fracción cuarta del artículo primero de la misma: “Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los Sujetos Obligados”.

El hecho de que una persona electa por el Congreso local pugne, todos los días, porque se cumpla la Ley de Acceso a la Información Pública es más que gratificante.

Para algunos caudillos del marinismo no es un derecho de los ciudadanos conocer en qué se aplica el presupuesto estatal. No, para ellos, es una herejía. Para ellos, los que estamos interesados en estos temas somos enemigos de Mario Marín y adeptos de Lydia Cacho.

Entre ellos, están, lamentablemente, los dos comisionados: Antonio Juárez Acevedo y Samuel Rangel, mismos que se esfuerzan porque el gobernador y sus subordinados mantengan la opacidad en su administración.

***
Desde hace meses la comisionada Josefina Buxadé ha sufrido una serie de críticas risibles y ridículas por su actuar en la dichosa CAIP.

Que ayuda a los recurrentes a solicitar información.

Que apoya a los ciudadanos a armar recursos de revisión.

Que complotea con los enemigos del mandatario para que el gobierno entregue información pública.

Las críticas que han hecho los niños cantores de Marín y Zavalita no son más que el reflejo de la ignorancia sobre la legislación poblana y sobre las garantías individuales que marca la Carta Magna.

Solamente para su consumo, señores, lean el artículo sexto de la Constitución. Una pista: habla del derecho a la información.

Nada más para que a la otra fundamenten mejor sus comentarios les va un poquito de cultura:

Según el artículo 31 —el cual establece atribuciones o facultades— señala en sus fracciones sexta, séptima y novena lo siguiente: “Son atribuciones de la Comisión para el Acceso a la Información Pública: VI. Proporcionar a los particulares asesoría y orientación necesaria sobre la formulación de las solicitudes de acceso a la información; VII. Coadyuvar en la elaboración y ejecución de los programas de aplicación de esta Ley; IX. Promover la cultura de transparencia y acceso a la información.

¿Estamos?

¿O se los tiene que explicar un docto en leyes ahora candidato a diputado plurinominal?

Por último y para ya no aburrir a nuestros lectores que no están acostumbrados a que nos pongamos tan serios, les explicamos que según la misma ley —que no han leído— establece que es Información Pública: “La contenida en documentos que estén en cualquier medio ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, que los Sujetos Obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título, los cuales para efectos de esta Ley, se considerarán responsables de la información”.

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Una más: Si los recurrentes vendemos-regalamos-apostamos-ofrecemos-publicamos-guardamos-etcétera nuestra información que adquirimos a través de un largo proceso jurídico —que ustedes no conocen porque no les importa la rendición de cuentas— al mismo diablo, es nuestra responsabilidad.

¿Ya vamos a hablar en serio?

¿O seguiremos basándonos en el oscurantismo?

Algunos días parece que vivimos en la Cabaña del Tío Chueco.

En el mundo del revés.

En la ciudad en la que los villanos son víctimas —por rendir cuentas— y los héroes son tiranos —por hacer cumplir una incipiente ley—.

Eres una hereje comisionada —no consejera, indocto—.

Salud, pues.

Historias del Tribunal. Va una historia más, no tan truculenta, del Poder Judicial.

Bien dicen que las cosas por algo ocurren

.
Cuentan en el Tribunal Superior de Justicia que cierta personita, que liberó cierta orden de aprehensión, en contra de cierta periodista de Quintana Roo, y que fue investigada y dictaminada culpable por cierta Suprema Corte, no debió seguir como juez.

¡Ah, pero no por castigooo!

¡Nooo!

Ya saben cómo es la lógica del magistrado presidente Guillermo Pacheco Pulido.

Pues resulta que Rosa Celia Pérez González estaba a un paso, un pasito… bien cerquita pues, de ser magistrada.

¡Ah, qué tal!

Sí, la consentida del presidente del Tribunal, según sus propias palabras —como aseguran nuestros ojeras infliltrados— estuvo a un paso de ser magistrada.

El cambio de jueza a magistrada estuvo a punto de llegar a la mesa del pleno del Tribunal Superior.

Ya estaba cabildeándose…

¿Cuándo creen que pasó?

Pues sí… aparecieron las mentadas grabaciones.

Dicen incluso, que por tal motivo la jueza que subió a magistrada en esas fechas fue Mónica Guarneros, quien hoy ostenta un cargo maniatado dentro del TSJ, en la Junta de Administración.

Ah por cierto…

Hablando del tema…

Va una pregunta.

¿Qué juez penal estrenó camioneta y casa en días pasados?

¿De dónde vinieron las dádivas?

De la primera pregunta les detallamos luego…

De la segunda… pedimos informes.

Dos reporteras y un secretario. Para shows los reporteros nos pintamos solos. El secretario de Medio Ambiente fue el réferi de un encuentro entre dos mujeres que se dedican a esto de la reporteada —diría mi madre—. La reportera Rocío Moreno surtió a golpes a su excompañera de 5 Radio.

¿Las razones?

Pasionales.

¿Se justifica?

Jamás.

La agredida —de quien nos reservamos el nombre por respeto— presentó ya una denuncia penal contra su agresora.

¿Se lo merece?

…

Chale.