Duelo de Espadas


Edmundo Dantés


¿Hasta dónde infiltró el narco al gobierno y al PRI estatales?


Nuevamente, colaboradores cercanos al gobernador lo meten en problemas graves al involucrar a su administración y al partido que él controla en un escándalo legal y político que alcanza a los medios nacionales, porque el fin de semana pasado el caso de Rubén Gil fue incluido en varios diarios que circulan en todo el país, aunque solamente El Universal haya informado en su primera plana que el supuesto narcoalcalde es amigo de Mario Marín Torres.

Lo cierto es que sigue siendo una constante que cuando el estado de Puebla alcanza los medios nacionales, es porque Javier Sánchez Galicia pagó inserciones millonarias en ellos...o por un escándalo que el gobierno primero trata de negar, luego lo intenta minimizar y finalmente no le queda otra más que abordar y capotearlo, cuando la realidad le estalla y los diarios que circulan en todo el país y a los no puede callar, como hace con una buena parte de la prensa poblana, lo obligan a efectuar un control de daños.

El caso del presunto narcoalcalde es muy importante por varias razones. El narcotráfico es un delito federal que debería ser perseguido por la PGR a través de la SIEDO y, en consecuencia, hay que esperar para constatar si la administración panista de Felipe Calderón continúa tapando las anomalías del gobierno de Puebla y usa electoralmente este nuevo escándalo, para que en el 2009 el PRI poblano vuelva a operar a favor del PAN, como ocurrió en el 2006 por el atentado que desde el poder se ejerció contra Lydia Cacho.

De confirmarse las denuncias en su contra, Rubén Gil no puede ser visto como un narco cualquiera, sino como uno con conexiones y relaciones muy
importantes en el gobierno de Puebla y en el partido que lo hizo candidato y presidente municipal, como lo demuestra el hecho de que haya sido nombrado por la administración estatal como encargado de Casa Puebla en los Angeles o que la Sedesol - cuando era encabezada por el futuro presidente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier - vinculara al ejecutivo con este presunto delincuente, mediante la creación de la empresa receptora de remesas Fast Money.

La relación de Rubén Gil con el grupo que gobierna Puebla es tan buena, que se le dio la candidatura del PRI a la presidencia de uno de los municipios mmás mimportantes de la entidad. Aquí cabría preguntarse hasta dónde el narco financió la campaña del tricolor en Izúcar de Matamoros o en el resto de la entidad, porque desde la campaña quedó claro el derroche de recursos con que Gil logró superar sus escándalos, la animadversión de la comunidad y el rechazo de políticos representativos en la zona, como Juan Manuel Vega Rayet.

Hasta ahora, Valentín Meneses Rojas - hoy titular de la SCT - no ha aclarado qué tipo de recursos usó el PRI en la campaña por Izúcar y tampoco ha precisado por qué se le dio la nominación a un personaje que en Estados Unidos es tomado como delincuente. Esta sospecha afecta a todo el partido y, obviamente, será usada por el PAN para descalificar el total de la victoria priísta, debido a que una posible infiltración del narco en la contienda electoral de Puebla es un tema que incluso hoy debería ser investigado por la PGR, para que se determine si las demás candidaturas priístas recibieron alguna ayuda de cárteles o de ese tipo de grupos.

El actual dirigente estatal del PRI, Wenceslao Herrera, cometió un autogol al refrendar el respaldo del "partido" al supuesto narcoalcalde, ya que se involucró en un tema que no le competía y resulta negativo que el priísmo avale a una persona sobre la que pesa una acusación de ese tipo. Incluso, insisto, el futuro líder priísta, Alejandro Armenta, tendría que aclarar por qué la Sedesol que encabezó respaldó la creación de una empresa que puede ser usada para lavar dinero del narco. 

Por si fuera poco, una revisión a lo que se publicó durante la campaña permite conocer que Gil fue recomendado como candidato por Jorge Estefan Chidiac y Javier López Zavala, según lo que publicaron algunos columnistas que no fueron desmentidos en su momento. Por ende, valdría la pena que Marín Torres los llamara a cuentas y les reclamara el por qué lo vinculan con gente de tan dudosa reputación, cómo es que conocen a Rubén Gil o qué tipo de relación mantienen con él.

El "Alto Comisionado" del gobierno estatal para los migrantes, Carlos Olamendi, también debería aclarar qué tipo de negocios o contactos mantiene con el presunto narcoalcalde y por qué se empeñó en negar la realidad defendiéndolo, cuando las denuncias contra el edil se conocen desde hace bastante tiempo y provienen, precisamente, de la gente a la que Olamendi dice representar: los poblanos que viven en EU, con más precisión, en Los Angeles.

 

En resúmen, es un tema espinoso al que el gobierno respondió como lo hace casi siempre que aborda asuntos difíciles: negando la realidad hasta que ella lo golpea.




 
 

 

 
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