Duelo de Espadas


Edmundo Dantés


Los damnificados de los parquímetros


Carlos Meza Viveros ·Cambio ·Foto / Archivo / Ulises Ruiz

Ahora que el Frente Amplio Marinista (FAM) confirmó que no insistirá en otorgar a Jajomar-OHL el negocio de la vía pública a través de los parquímetros, es momento de efectuar un recuento sobre quién perdió dinero, credibilidad o capital político durante este fracasado intento de engrosar las arcas de incrementar las arcas de una empresa a la que el gobierno estatal le ha dado excesivas y sospechosas ganancias.

 

Los primeros damnificados por la presión mediática, política y social que – en este caso – fue positiva, porque logró echar atrás una medida nociva para los ciudadanos son, desde luego, los dueños de la empresa Jajomar y Copemsa, los hermanos Martínez Ramos, quienes perdieron un negocio de miles de millones de pesos, que necesitaba una inversión escasa (64 mdp).

 

Junto a sus socios, uno de los grandes perdedores es el poderosísimo gobernante estatal que hizo que dos ayuntamientos diferentes aprobaran la instalación de los estacionómetros y, después, la usó este aval para golpear políticamente a los dos de los priístas que encabezan la lista de precandidatos a la gubernatura, Enrique Doger y Blanca Alcalá Ruiz, con la obvia intención de favorecer a su delfín, Javier López Zavala.

 

Dicho gobernante no solamente pierde una importante cantidad de dinero, sino la posibilidad de incrementar sus compromisos políticos y económicos con empresarios adinerados, que – si se hubiera aprobado la concesión – sin duda hubieran cobijado con un sinfín de recursos a su precandidato.

 

Los ayuntamientos anterior y actual, incluyendo al ex edil y a la actual presidenta, también fueron perjudicados por el Jajomargate, debido a que generó una innegable molestia en la ciudadanía y en la cúpula empresarial, que puede afectar los posicionamientos de Doger Guerrero y Alcalá Ruiz como los más fuertes precandidatos del PRI a la gubernatura, según las encuestas publicadas hasta ahora.

 

Sin embargo, se debe recalcar que ambos se desmarcaron a tiempo de la medida y dejaron en claro que “alguien más” estaba interesado en su concreción, lo que – sin duda – forzó al grupo estatal a recular. Si Blanca Alcalá o Enrique Doger hubieran aceptado asumir el costo político, social y mediático del Jajomargate, muy probablemente el marinismo lo habrían concretado y usufructuado parte importante de las ganancias.

 

El síndico Román Lazcano y el coordinador de los regidores del PRI son los funcionarios municipales más perjudicados con este sainete, al quedar evidenciados como mentirosos y poco confiables. Los dos mintieron al asegurar que si no se retomaba la concesión el ayuntamiento perdería millones de pesos, versión que luego fue desmentida por la propia alcaldesa.

 

Además, el zetita Román Lazcano, como supuesto representante legal del municipio, fue el que revivió el tema al dictaminar oficialmente que Jajomar tenía derechos legales adquiridos y recomendar que se le otorgara una concesión que el poder Legislativo jamás aprobó y, por tanto, no entró en vigor.

 

Carlos Meza Viveros también quedó evidenciado al haber defendido las “bondades” de la concesión a Jajomar en el programa de radio Zona Cero y el diario Intolerancia, que el jueves 24 de julio publicó su declaración de que “Blanca logró muchas cosas, el 26 por ciento de ingreso bruto, va a ganar mucho más que la empresa, es decir, algo así como 700 millones de pesos”.

 

Sigue Meza Viveros defendiendo el proyecto: “fíjate qué logramos; se conviene que si el municipio va a expropiar o llevar a cabo un desarrollo en la zona seis, por ejemplo, Jajomar no tiene inconveniente y se amuela, si la pérdida de Jajomar supera el 20 por ciento, el municipio sólo tiene la obligación de compensarle ese 20 %” con otros parquímetros en zonas elegidas por la empresa.

 

Quizás a ello se deba que el miércoles que el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, dio punto final a los parquímetros pidiendo a sus correligionarios diputados no aprobarlos, Meza Viveros no estuvo presente en esa importante ocasión, pese a que - como supuesto representante priísta en la ciudad en que se pretendía concretar el negocio - se supone que debía ser uno de los primeros interesados en el tema.

 

Otro damnificado por el Jajomargate es el presidente de la Gran Comisión del Congreso, José Othón Bailleres, quien demostró su nula sensibilidad social al defender la instalación de los parquímetros, con el tonto “argumento” de que los pobres no serían afectados, porque ni coche tienen, como lo externó este sedicente “representante popular”.

 

El ex tesorero y actual diputado local del PRI, Jorge Ruiz Romero, es otro de los que perdieron credibilidad política por esta coyuntura, debido a que se convirtió en el único dogerista (supuestamente lo es) que se pronunció públicamente a favor de los estacionómetros, pese a que el ex edil ya se había deslindado de ellos. Hoy que el FAM va en contra de la propuesta, habrá que esperar para constatar su posición. 

 

Quienes también demostraron incongruencia e insensibilidad fueron los diputados y dirigentes del PAN, quienes primero se opusieron con todo a la medida, lucraron política y electoralmente, denunciaron sin comprobar supuestas anomalías y, una vez que se echó atrás el proyecto, salieron con la batea de baba de que siempre sí estaban de acuerdo con los estacionómetros, como lo reconocieron Rafael Micalco y Ángel Alonso Díaz Caneja, quienes evidenciaron, una vez más, el doble lenguaje panista.

 



 
 

 

 
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