Duelo de Espadas


Edmundo Dantés


Crece descomposición en el PRI


Aunque pocos parecen o quieren advertirlo, lo cierto es que el PRI estatal lanza graves señales de descomposición y ruptura internas, pese a que precisamente quienes provocan las escisiones recurren al discurso fácil y falso de que “todo está bien”, que el tricolor se apresta a ganar fácilmente la gubernatura o que está consolidado, como lo han señalado Javier López Zavala, Valentín Meneses Rojas y Alejandro Armenta Mier, quienes parecen olvidarse de que antes de la contienda local del 2010 está la federal del 2009. 


Una muestra palpable de dicha descomposición la dio el neosalinista Jorge René Sánchez Juárez, quien – según todos los medios locales- confesó que no ve ni oye a Humberto Vázquez Arroyo, que cometió el “grave pecado” de reclamarle ¡haberlo excluido de la presentación de la agenda de trabajo de los regidores del PRI!, pese a que Vázquez Arroyo, efectivamente, fue uno de los excluidos del evento, pese a formar parte de la fracción edilicia del tricolor. 


Es grave que un coordinador de los regidores (de cualquier partido) excluya a sus correligionarios de un evento, pero es peor que se justifique recurriendo al autismo, porque demuestra cerrazón, intolerancia y exclusión, actitudes – todas – que pueden generar una grave ruptura en un órgano colegiado, como lo es el Cabildo, sobre todo cuando los afectados son de la misma filiación partidista. 


Sánchez Juárez debería conciliar con todos los regidores, incluyendo los de oposición, para tratar de obtener el mayor apoyo posible a la hora de sacar acuerdos. Pero si por un lado es entendible que los representantes opositores, sería bastante negativo para la propia Blanca Alcalá Ruiz que la exclusión, patanería e insensibilidad de su coordinador lleve a algunos priístas rechazar sus propuestas o abstenerse de aprobarlas.  


Otra muestra de la descomposición priísta es la amenaza de Valentín Meneses a los diputados de su partido, a quienes pretende conculcarles sus derechos políticos y partidistas al impedirles apoyar al precandidato de su preferencia, como lo relató el diario Milenio este jueves. 


Con ello, Meneses Rojas demostró el temor que su grupo político le tiene a la democracia interna y reflejó que pretende imponer al próximo candidato del PRI mediante la fuerza y la amenaza, en lugar de usar el convencimiento, la suma de voluntades o el acuerdo, pese a que esta última estrategia fue la que en el 2004 permitió que Mario Marín ganara la nominación, construyera la unidad interna y obtuviera la gubernatura. 


Pero el PRI estatal se encuentra secuestrado por un delfín y su grupo. Será decisión de los demás liderazgos, grupos, organizaciones y sectores del partido permitir o no la imposición o recordarle al proyecto Z que el priísmo no tiene dueño y que en política es obligatorio tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía y las coyunturas, si es que se tiene la intención de ganar. 
Otra señal ominosa al interior del priísmo estatal es la opacidad que se autoatribuyó la comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local en el manejo de las cuentas públicas de los ayuntamientos y las declaraciones patrimoniales de los funcionarios actuales y anteriores.  


Es grave que desde el Congreso loca se utilice a una mayoría obtenida legítimamente en las urnas y decidida por la ciudadanía, para promover un retroceso legal, solamente con la intención de lucrar, amenazar y eliminar a supuestos adversarios en el interior del PRI y en los demás partidos a través del manejo faccioso y político de las cuentas públicas.  


La de los diputados priístas es una actitud que va en contra de la rendición de cuentas, la transparencia y del análisis técnico y objetivo del uso de los recursos del pueblo, pese que en tiempos de la modernidad política y la democracia habría que hacer exactamente lo contrario: transparentar los procedimientos, procesos y dictámenes de la comisión Inspectora y de una Contaduría Mayor de Hacienda que recientemente han sufrido varios reveses legales y sociales.  


Estocada 


El terrorismo fiscal promovido por Mario Montero Serrano contra un familiar cercano de Enrique Doger Guerrero también es una clara señal de descomposición, autoritarismo e intolerancia. Los panistas podrían hablar largo y tendido de esta “estrategia” que durante los tiempos más oscuros del priísmo se utilizó contra ellos, para amedrentar y hacerlos resistir de la “brega de eternidad” que iniciaban Manuel Gómez Morín y sus compañeros. 


Esto significa que Mario Montero y las dependencias implicadas están recurriendo a lo mismo que hicieron en el caso Cacho: usar el poder del estado para amedrentar, sojuzgar, someter a quien consideran un personaje no grato. La única diferencia es que en el 2004 lo hicieron para darle gusto a un protector de pederastas, Kamel Nacif, mientras que hoy lo ejecutan para amenazar a quien consideran un posible adversario político para el 2010.




 
 

 

 
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