Duelo de Espadas

Edmundo Dantés

Corrupción, negligencia y opacidad mortales

Desde la semana pasada mucho se ha escrito sobre las debilidades del gobierno estatal en rubros importantes, como la corrupción, opacidad y negligencia en algunos aspectos, por ello, llama la atención que los tres defectos se estén presentando en el tema del helicopterazo, como lo han documentado sólo tres medios informativos locales: Cambio, La Quintacolumna y E Consulta.

Es notorio el cómplice y vergonzoso silencio que las televisoras, radiodifusoras y la gran mayoría de medios impresos le han dado al tema que ocupó sus principales espacios durante dos días, pero que después tuvieron que esconder para no dar seguimiento a una tragedia que tiene responsables con nombre y apellido y que hiede a corrupción y negligencia.

Cambio, la Quintacolumna y E Consulta han documentado varias anomalías del hangar estatal: alteración de bitácoras de vuelo, uso de piezas obsoletas, reparaciones en talleres clandestinos, despido irregular de pilotos por “atreverse” a denunciar las corruptelas y peligros y, ahora, el ocultamiento de Javier Ochoa, el responsable de esa área hacia quien apuntan todas las acusaciones.

Los pocos medios que han dado seguimiento al caso comprobaron que desde 2005 se tenía conocimiento pleno de que algo no andaba bien en los helicópteros del gobierno estatal. Sin embargo, Javier López Zavala se lavó las manos encargando el asunto a la Contraloría, que – como acostumbra – le dio carpetazo al asunto al dejarlo en el aire.

La negligencia de la secretaría de Gobernación y la Contraloría al solapar la corrupción  del hangar marinista ya generó consecuencias graves con las muertes de ocho víctimas, que, en estricto rigor, no tenían por qué morir, si las instancias que manejan las aeronaves estatales trabajaran correctamente. 

Por si fuera poco, el propio Mario Marín se ve afectado al tener que suspender sus vuelos y viajar por tierra, lo que incrementa notablemente el tiempo de traslado y limita su capacidad de acudir a todos los municipios. Esperemos que la solución final a estas anomalías no sea la de volver a los tiempos del PRIcámbrico tardío dejando de usar los helicópteros.

Desde un principio, la tragedia causada por la corrupción y la negligencia estuvo solapada por la opacidad, con que las dependencias estatales – y desde luego la mayoría de los medios informativos - acostumbran abordar los temas incómodos. Bastaba con que se hubiera investigado la denuncia y con corregir las anomalías (y corruptelas), para evitar las 8 muertes.

Pero, ¿cómo está reaccionando el gobierno ante la avalancha de evidencias que delatan a los culpables directos de indirectos de la desgracia?, con mayor opacidad, ocultamiento y silencio, como lo demuestra el propio Javier Sánchez Galicia al usar de pretexto la investigación que supuestamente se realiza, para evadir el asunto, pese a las declaraciones y documentos que prueban las anomalías.

La “estrategia” de dejar pasar el tiempo y apostarle al olvido mediático y colectivo para “superar” los problemas y los asuntos negativos, es inadmisible para un “gobierno de nueva generación”, pero resulta más intolerable cuando lo que se trata de solapar ocasionó 8 decesos.

Alguien debe poner orden en el hangar estatal y sancionar a los responsables de la corrupción y negligencia que desembocaron en la tragedia del viernes 11. Todo debe tener un límite, es tiempo de dar un manotazo en el escritorio y de enviar al interior del primer equipo y de la sociedad el mensaje de que no se permitirá más corrupción, negligencia y opacidad.