Duelo de Espadas


Edmundo Dantés


Liberación


Una vez que la SCJN lo liberó de las implicaciones jurídicas (no sociales, mediáticas ni políticas) del caso Cacho, Mario Marín Torres tiene la posibilidad de deshacerse de los grupos de presión que, sin más bases que sus propias ambiciones, a raíz del escándalo comenzaron a tratar de suplantar las atribuciones políticas y legales del mandatario, con el pretexto de ser los más cercanos a él.

 

Además y como se dijo en este espacio hace algunas semanas, la holgura del triunfo del PRI en las elecciones y, desde luego, la resolución de la SCJN le otorgan al gobernador la opción de librarse de los chantajes económicos y políticos que la cúpula empresarial poblana ejecuta contra el erario público desde febrero de 2006, cuando los representantes del Yunque vieron en el caso Cacho una forma de “vender” cara su aprobación a la administración estatal.

 

Lo cierto es que el grupo zavalista vio en el escándalo Cacho la oportunidad de autoasumirse como el único representante real, vocero, operador político, ejecutor y asignador de recursos del marinismo. En los hechos, Javier López Zavala trató (y en ocasiones logró) suplantar algunas funciones y atribuciones partidistas y electorales del gobernador y, con esto, cimentó sus ya reconocidas aspiraciones sucesorias del 2010.


Un somero análisis mediático y político constata que el resguardo social y público que el caso Cacho impuso a Mario Marín Torres fue usado por su ex secretario de Gobernación, para hacerse pasar por él. Así, López Zavala exigió (y en ocasiones logró) que el gabinete estatal, el Congreso local, los presidentes municipales, la clase política y algunos sectores de la prensa le dieran el reconocimiento y las atribuciones políticas y operativas que no obtuvo en las urnas, porque solamente el verdadero mandatario en turno las tiene.

 

Pero en vez de ser un mensajero eficiente y leal de su jefe, el ex funcionario comenzó a usar el poder usurpado para tratar de autoimponerse como el dirigente real del gobierno y el partido. Así, definía a qué secretario de estado o alcalde se le apoyaba, organizaba campañas mediáticas de desprestigio para amedrentar a quien cuestionaba sus decisiones y definió una buena parte de las candidaturas perdedoras del PRI en el 2006.


El problema para López Zavala es que su estrategia fue pronto detectada por otros actores gubernamentales y partidistas, que le pusieron un alto y lograron entablar canales de comunicación directos con Marín Torres. Así, el ex secretario trató de que renunciaran a sus cargos, entre otros, la procuradora de justicia, el secretario de Salud y que el edil de Puebla se fuera del PRI, sin lograrlo.

 

Y aunque su poder ha disminuido después de salir de la secretaría de Gobernación, en los hechos López Zavala todavía ejerce una gran influencia en buena parte de la estructura gubernamental, como SEP, Sedesol, Coespo y Cobach, cuyos titulares siguen considerándolo como el “jefe del gabinete”, pese a que esto implica un desacato al verdadero titular de la dependencia, Mario Montero Serrano, y a quien lo nombró.
Hoy, la decisión de la SCJN da al mandatario la posibilidad de recuperar su activismo  gubernamental, político, mediático y social sin intermediarios verdaderos o falsos, porque no los necesita. Incluso, en el momento adecuado, también podrá establecer las bases de la sucesión estatal, sin que uno de los participantes quiera imponer las reglas que le convienen.

 

Estocada

 

Otro grupo de interés que aprovechó el escándalo para vender caro un presunto respaldo al gobierno estatal es la cúpula empresarial, que a través del manejo de los recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) goza de prebendas económicas y políticas a las que nunca debió acceder.

 

El fallo de la corte y una vez que en la pasada elección local los dirigentes del CCE, Coparmex y Canaco hicieron campaña abierta a favor del PAN y, como el propio blanquiazul, perdieron abrumadoramente, ya no hay motivo alguno para que el gobierno estatal siga intentando obtener la “legitimidad” de este sector, que en los hechos no representa a la clase empresarial productiva, sino al grupo yunquista que pretende seguir haciendo negocios con recursos y concesiones públicas.

 

Como puede constatarse, el fallo de la SCJN no solamente liberó al gobernador del caso Cacho, sino que también puede librarlo del chantaje mal disfrazado de la cúpula yunquista y del grupo zavalista de presión que durante casi dos años intentó autoadjudicarse todas las decisiones de gobierno y partidistas.

 




 
 

 

 
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