De Fondo


Jesús Rivera

16/07/2010

+ El PRI no impugnará
+ Elección de Estado e impunidad


Javier López Zavala, Mario Montero Serrano, Alejandro Armenta Mier, dirigente estatal del PRI; el Comité Nacional, representado por Mercedes Guillén, y candidatos que resultaron perdedores, decidieron no impugnar los triunfos electorales obtenidos por Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera Pérez, para la  gubernatura y la presidencia municipal de Puebla, respectivamente, y dar por concluido el proceso electoral, excepto en algunos municipios donde existe una votación cerrada.


Un hecho importante es que la dirigencia Tricolor denunció que hubo elección de Estado en su contra    


La clase política priista: militantes y dirigentes, todavía estamos atarantados por la “madriza” y no acertamos a emitir juicios verdaderos sobre lo que sucedió el 4 de julio.
 
Las acusaciones, los señalamientos, la falta de crítica al interior del partido, no permiten todavía que se haga un análisis certero de lo ocurrido.
  
Hubo elección de Estado.
 
Eso fue evidente.
 
El gobierno de Felipe Calderón se metió con todo en los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, con el fin de hacerse de los gobiernos estatales y lo logró, pero eso no es lo peor sino que, al parecer, todo eso quedará impune, pues en México  la ley se viola desde la más alta esfera del poder. Lo vimos con Fox y ahora con Calderón.
 
Tiene más de un año que los programas sociales federales como el “Progresa”, por citar sólo uno, son utilizados con fines electorales: el ciudadano que no vote por el partido en el poder se queda sin recibir ayuda.
 
El PRI hizo denuncias al respecto, incluso el propio Mario Marín, pero esto no se frenó, por el contrario, los programas federales y los montos de los mismos se aumentaron para condicionar el voto en colonias populares y comunidades rurales.
 
La lista de la intervención del gobierno federal  es larga:
 
El “embarazo” del Padrón Electoral, con la complacencia de funcionarios del Registro Federal de Electores y del Propio Instituto Federal Electoral.
 
El uso ilegal de recursos públicos, que se hizo a través de las delegaciones federales, para movilizar votantes.
 
La campaña negra en tv y radio, local y nacional, contra candidatos, dirigentes del PRI e incluso contra el gobernador Mario Marín, que tuvo carácter permanente desde antes de las campañas, con la tolerancia del IFE y del IEE a pesar de estar prohibidas por la ley.
 
Los excesos de gasto de campaña, tolerados por autoridades electorales.
 
La inequidad con la que actuó el IFE en el uso de medios electrónicos.
 
La exceso de mensajes y propaganda del gobierno federal, aún y cuando violaran la legislación electoral.
 
Suspensiones del servicio de telecomunicaciones el día de la votación.
 
El espionaje telefónico practicado contra gobernadores y difundido en tv nacional, sobre todo, contra el mandatario poblano
 
La compra de votos en Puebla y ciudades importantes.
 
La compra de funcionarios de casilla  
 
La presencia de propaganda electoral de los candidatos de “Compromiso por Puebla” en plena jornada electoral dentro y fuera de las casillas, junto a las urnas, y otras,  
 
Todo esto habla de impunidad para violar la ley electoral
 
Si la jornada del 4 de julio constituyó una elección de Estado por las irregularidades que hubo y el derroche de recursos exhibido, el PRI tiene la obligación de presentar las pruebas y hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes, aunque estas no prosperen en los tribunales, como sabemos de antemano.
 
 Los ciudadanos deben conocer que el PRI tiene capacidad de defenderse,  si no es así, lo mejor para la dirigencia es guardar silencio decir que no hubo elección de Estado y aceptar la aplastante derrota.
 
 Qué nos hicieron trampa.


¿Cómo es que no la denunciamos y la combatimos contrarrestamos o anulamos?

 

¿Solamente quejarse de que  “nos hicieron trampa”  y no actuar para que  siga la impunidad es verdaderamente auto humillante para el priismo y las consecuencias se pagarán  en próximas votaciones?

 

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