De Fondo


Jesús Rivera

23/07/2010

+ Denuncian al director del Cobaep
+ “Chivos expiatorios”, en el PRI


En serios problemas legales se encuentra el director del Colegio de Bachilleres de Puebla Cobaep, Omar Alvarez Arronte, quien fue denunciado ante la Procuraduría General de la República PGR por lavado de dinero, según la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-VI-574/2010, por 12.5 millones de pesos, que pagó para adquirir un terreno, supuestamente para el Cobaep.
 
En el hecho han resultado involucrados magistrados federales que también ya han sido denunciados ante el Consejo de la Judicatura Federal por haber permitido una resolución ilegal sobre el caso.
 
La denuncia la presentó la empresa: Ingeniería Civil e Industrial De la Cortina SA de CV, propietaria legítima, afirma,  de un predio de 10 hectáreas ubicado en una de las zonas de más plusvalía de la capital poblana.
 
El director del Cobaep, entre octubre y noviembre del 2007, pagó 12.5 millones de pesos para adquirir un predio de 5 hectáreas, ubicado en la 16 de Septiembre y 125 poniente, en el sur de la ciudad, en una zona de elevada plusvalía, por estar en medio de grandes desarrollos inmobiliarios.
 
El pago fue realizado con los cheques N° 3923 de la cuenta concentradora del Cobaep, se señala, sin la aprobación, indispensable, de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres.
 
Cabe señala que la cuantía del pago no aparece documentada en la cuenta pública aprobada por el Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial con fecha 15 de septiembre de 2008.
 
De lo anterior se desprende que los recursos con que se pagaron esos terrenos no provienen de la cuenta del Colegio de Bachilleres y más bien se desconoce la fuente lícita de ese dinero.
 
En la cuenta pública, en el periodo mencionado, el Cobaep tiene destinados y justificados para ejercer ese año en bienes muebles e inmuebles la cantidad de 927 mil 973 pesos, de los cuales el total se ejerció  para la compra de bienes muebles y cero pesos para bienes inmuebles. Por lo que no está claro de dónde salió el dinero.
 
Los terrenos ya han sido registrados como propiedad del Cobaep, en perjuicios de quien  se dice legítimo propietario: la empresa Ingeniería Civil e Industrial De La Cortina SA de CV- ICIC-firma que con anterioridad compró el predio, un total de diez hectáreas, al  dueño: Fortino Hernández Romero,  y Omar Alvarez compró a otra persona, a alguien que se ostentó como apoderado legal de esa propiedad de nombre Juan Francisco Mila Torres, a quien Omar Alvarez le pagó 12.5 millones de pesos por una superficie de 5 hectáreas, la mitad del predio.
 
La compra de los terrenos tendría que haber sido con la autorización de la Junta Directiva del Cobaep, la cual está integrada por el secretario de Educación Pública, Darío Carmona; René Marín y René Sánchez Juárez, entre otros, y tal documento nunca aparece en la operación mercantil, ni en la cuenta pública del Cobaep, aprobada por los diputados de la actual legislatura.
 
El diferendo- la operación- se complicó más al comprar Alvarez Arronte, en nombre del Cobaep, las 5 hectáreas restantes del predio, también sin autorización de la Junta Directiva.
 
El terreno en disputa con la empresa citada se ubica en el Municipio de Puebla sin embargo, Alvarez Arronte lo registró en el municipio de Tecali, mientras que la empresa con la que sostiene el diferendo sí lo hizo en Puebla.
 
Cabe señalar que el registrador de la propiedad  en Tecali, Flavio Justino Alarcón Hernández, tuvo que registrar el predio en Puebla y no lo hizo; esto porque desde 1962 existe un decreto que suprimió el municipio de San Francisco Totimehuacán, que pertenecía a Tecali de Herrera pero que a partir de entonces, se convirtió en Junta Auxiliar del Municipio de Puebla.
 
Por todos estos hechos Omar Alvarez fue denunciado y está siendo investigado por la PGR por lavado de dinero y por delitos del fuero común que tendrá que investigar la Procuraduría de Justicia del Estado.
 
El caso también embarra a magistrados federales que integran el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito porque  en relación a este hecho, hay un amparo que se otorgó de manera ilegal y por tal motivo los tres magistrados que integran ese Tribunal  están denunciados ante el Consejo de la Judicatura y habrá denuncia penal contra ellos en la PGR.
 
Habrá que esperar poco tiempo para que se dé a conocer el fallo legal sobre este diferendo entre el funcionario público y particulares, que lleva ya dos años en los tribunales.
 
REPRESALIAS. El desastre electoral que vivió el PRI junto con sus 895 mil seguidores que votaron el pasado 4 de julio. Ha desatado al interior del partido acciones de persecución de los altos mandos en contra de los mandos medios y bajos por lo que no es difícil que pronto empiecen a rodar cabezas.
 
Parece que la primera en caer será la Secretaria de Elecciones del Comité Municipal,  Pilar Portillo Fernández, a quien le quieren atribuir la derrota del partido en el municipio de Puebla y trascendió que Carlos Meza Viveros, presidente del partido en el municipio, ya le pidió su renuncia. La dirigencia está a la búsqueda de “chivos expiatorios” y Pilar Portillo parece ser que será la primera víctima.

 

La estructura electoral del PRI -que indudablemente a pesar de la derrota todavía existe-  está a punto de derrumbarse o cambiar de rumbo si es que siguen las presiones y  acusaciones sin pruebas por el fracaso electoral, como en el caso de Omar Blancarte, a quién  también los altos mandos del gobierno y del partido quieren utilizar  como “chivo expiatorio”.

 

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