De Fondo


Jesús Rivera

24/11/2009

La BUAP se defendió y ganó
Entrega escrituras Blanca Alcalá


Como resultado de las gestiones de los diputados federales poblanos y del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, se logró que la Institución no sufriera recortes en su presupuesto, lo que ha fortalecido su estabilidad política y laboral y que se generen condiciones para un avance académico, a pesar de que el gobierno de la derecha hizo el intento de frenar su desarrollo.
 
La Universidad Autónoma de Puebla, es una de las universidades que recibió más recursos federales, junto a la UNAM y el Politécnico. Su financiamiento  para el año fiscal del 2010 podría alcanzar los  3 mil millones de pesos.
 
En el caso de Puebla, el hecho de que no se hayan permitido reducciones económicas  a las universidades públicas, es un logro importante. Los legisladores federales del PRI, PRD,  PT y Convergencia, tras largas negociaciones, acuerdos y desacuerdos, finalmente votaron a favor de que no se afectara la educación superior pública.
 
En el caso de Puebla, la actividad de las autoridades universitarias en diversos foros, convenció a diputados de los graves daños que acarrearía al país y al estado frenar la educación superior. Los rectores en la Asociación de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior ANUIES,  también presionaron para impedir un recorte financiero.
 
El rector de la UAP, se reunió con legisladores federales, autoridades educativas, y en el seno de la ANUIES, desplegó un activismo en defensa de las universidades públicas para impedir la reducción de recursos. Finalmente, el esfuerzo rindió buenos resultados. A la UAP se le asignó un presupuesto federal de 2 mil 999 millones de pesos, cantidad que representa 167 millones de pesos más que lo ejercido en este año.
     
Independientemente de esto, la Universidad recibirá  un subsidio estatal que este año fue del orden de 600 millones de pesos, más los subsidios extraordinarios que ascienden a 70 millones de pesos,  además de otra cantidad por  ingresos  propios.
      
Un día después de aprobado el presupuesto, Agüera Ibáñez, indicó que los recursos se emplearán en la construcción de nuevos espacios educativos, en consolidar la regionalización de la Universidad y en ampliar la matrícula a un mayor número de jóvenes.
 
El gobierno federal panista propuso un recorte presupuestal a las universidades públicas que, en el caso de la UAP, representaba 350 millones de pesos menos. De haberse aprobado,  la Máxima Casa de Estudios de Puebla hubiera sufrido un duro golpe económico.
Hoy, han pasado ya dos semanas de que la UAP dio la batalla,  no dejó que se le redujeran recursos y ganó
 
La propuesta de reducir el gasto en educación, no debe considerarse rara en los panistas, el oscurantismo es su medio.
 
Cuando el mundo está en una evolución vertiginosa en lo que se refiere a educación, ciencia y tecnología. En México, al gobierno se le ocurre recortar el presupuesto a la educación.   Lo bueno es que su intento fracasó rotundamente.
 
       
ESCRITURAS. La presidenta municipal, Blanca Alcalá, acompañada de funcionarios de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett,  entregará hoy  700 escrituras públicas de lotes pertenecientes a vecinos de las colonias San Salvador Chachapa y Guadalupe Hidalgo.

 

El pasado 19 de agosto, el Ayuntamiento y la Corett firmaron un convenio de colaboración y crearon el Programa de Regularización Integral de Asentamientos Humanos en el Municipio de Puebla, con el propósito de que las familias tengan certeza y seguridad jurídica en sus viviendas.


El programa pretende llevar a cabo un ordenamiento urbano correctivo y preventivo en 39 mil 483 predios irregulares y los primeros resultados son estas 700 familias que serán beneficiadas incorporándolas al desarrollo urbano municipal.


La inversión para este programa es de 50 millones de pesos de los que 20 se utilizaron en el proceso de modernización catastral del municipio, mientras que los 30 millones restantes se destinaron al levantamiento topográfico que unificará criterios de nomenclatura y términos cartográficos, así como para realizar censos y aplicar cuestionarios socioeconómicos.
 

El convenio estará vigente hasta el 14 de febrero de 2011 y especifica que al regularizar estos asentamientos se autorizarán los anchos de calle, la nomenclatura, número oficial, planos, permiso de venta y ejecución de obra, dictamen de uso de suelo y padrón de poseedores.

 

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