Proceso


Jenaro Villamil


Crisis de inseguridad, miedo e impunidad

 

La sociedad mexicana vive con miedo. La percepción de vulnerabilidad frente a la doble violencia del crimen organizado y de las fuerzas que pretenden combatirlo (Ejército y policías) crece en la medida que los principales afectados no son los criminales, los secuestradores o los cerebros del narcotráfico, sino los propios ciudadanos.


El auge del pánico moral no es para menos. Desde hace una década y, en particular, desde hace dos años entramos a una guerra que se convierte en una pesadilla sin solución ni estrategia claras.


Con el gobierno de Felipe Calderón nadie sabe si fue peor el remedio que la enfermedad: la militarización del combate al narcotráfico no ha disminuido su capacidad delictiva. Por el contrario. La ha expandido y potenciado. La vulnerabilidad se ha socializado.


El caso del joven Fernando Martí y la ejecución reciente de 14 personas en el poblado de Creel, Chihuahua, constituyen las dos caras de este proceso.


El secuestro y asesinato de Martí han cimbrado porque condensan elementos simbólicos muy poderosos entre los privilegiados. Nunca como ahora un sector desahogado económicamente se siente tan vulnerable.


Antes los levantones, las ejecuciones sumarias y los miles de desaparecidos anónimos en las entidades de la frontera no habían logrado conmover a los medios masivos como este caso.


Por eso el coraje de un sector amplio del empresariado con el gobierno.


De nada sirven los ostentosos equipos de guaruras, los miles de dólares destinados en seguridad personal o en pagar intermediarios y seguros de vida. Hoy todos se sienten y se saben vulnerables frente al secuestro y el fuego cruzado entre narcos, policías y militares.


El caso del poblado de Creel es dramático y brutal.


Catorce personas fueron ejecutadas a mansalva. El lector Mauricio del Villar, habitante de esta zona, envió un correo electrónico que merece ser reproducido en su parte sustancial:


“Tengo coraje y dolor por lo ocurrido al igual que todo el pueblo. Sin duda alguna es un hecho que quedará en la historia de este lugar y marcará la vida de casi todos los habitantes de Creel. No te puedo decir las razones y los motivos de los asesinos. Lo que sí te puedo decir es que murieron muchas personas que me consta no tienen nada que ver con el narcotráfico. Tengo ganas de gritar y decir algo al respecto…


“Llevo tres años viviendo en Creel y me duele mucho que esto suceda. Sólo busco que por medio de tus palabras y tu voz se pueda escuchar el dolor de todo un pueblo que estará marcado por el resto de su historia.”


No hay nada más que agregar en estas palabras. El lunes voceros del Ejército vincularon a presuntos efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con la matanza. Aseguraron un arsenal con chalecos, armas cortas y otras de uso exclusivo del Ejército.

 

Frente a estos dos casos de brutalidad, lo que observamos son dos formas diferentes de enfrentar el miedo y la indignación surgidos ante la crisis de inseguridad y de gobernabilidad:

  1. Una manera es la movilización, reclamando a los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobernadores, alcaldes, cuerpos policiacos y Procuradurías) que se coordinen y tomen medidas tangibles para frenar al crimen organizado y la impunidad que lo ampara. El 30 de agosto decenas de organizaciones han convocado a una marcha que reflejará la condición masiva de este reclamo. Sin embargo, sólo una minoría puede expresarse en las calles en estos momentos. Los habitantes de Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Culiacán, Tijuana o de varios poblados de Guerrero o Michoacán, se han transformado de espectadores a víctimas potenciales de la brutalidad. Por ellos es también indispensable la movilización y la acción ciudadanas.

  2. La otra forma es sustituir al Estado, tomar justicia por “propia mano” y abrir las compuertas al lado más oscuro de la “paramilitarización”, como sucedió en países como Colombia. Se borran las fronteras entre justicieros y delincuentes, se expande una histeria colectiva, un ánimo vindicativo. Del miedo se pasa a la venganza y de ésta al abuso. Ya hemos visto manifestaciones de esa reacción en los linchamientos y en la reciente masacre en un municipio de Puebla, donde un grupo de vecinos torturaron a unos presuntos narcos y secuestradores disfrazados de agentes de la AFI. En varias ciudades del país se organizan gérmenes de lo que se conoce como “comandos de autodefensa” para expropiarle al Estado el monopolio legítimo de la violencia.

Este es un momento definitorio para remontar esta crisis. Pretender soluciones fáciles o explicaciones simplistas es lo peor en estos casos. El miedo nos obliga a sobrerreaccionar, pero también la venganza justiciera. Para la clase política, la peor tentación es pretender sacarle rédito electoral o mediático a esta crisis. Se olvidan que la inseguridad pública no vota y que la impunidad que busca el rating es más peligrosa.


Esta mañana, en un foro organizado en la capital del país, el escritor Carlos Monsiváis lanzó una propuesta que conviene tomar en cuenta. El intelectual retomó la enseñanza de los foros de discusión en torno de la reforma petrolera y propuso un debate social amplio sobre las estructuras y las prácticas de la impunidad. Es necesario tomarle la palabra.


Este jueves se realizará una especie de “cumbre” entre funcionarios y legisladores sobre la inseguridad. El ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza advirtió, frente a la reunión, que “el problema no tiene que ver con el marco legal sino con el mal funcionamiento de la justicia, con la corrupción y la impunidad, y me parece que en sus propuestas no se atiende ese tema, inclusive hay quienes están diciendo ‘vamos a regresar las garantías’, eso es gravísimo.


“Si el problema es la impunidad y la corrupción, que nos digan cómo van a enfrentar eso y no cómo van a estar generando un marco legal que les dé más armas a algunos funcionarios”, advirtió Alvarez Icaza.

 

Esta advertencia y la propuesta de Monsiváis, junto con la marcha vespertina del sábado 30 de agosto, constituyen por ahora los intentos más serios para remontar esa crisis y plantarle una respuesta civil a su rostro más peligroso: la impunidad.

 



 
 

 

 
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