Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


La Corte respalda la especialización de órganos de transparencia (caso Querétaro)


A Darío Delgado
Una de las primeras personas en entender en Puebla el acceso a la información pública y trabajar profesional, entusiasta y creativamente en su difusión, y quien fue despedido injustamente de la CAIP. ¡Hasta siempre, Darío!


La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó, por unanimidad de votos de los ministros, declarar inconstitucional el artículo 33 de la Constitución de Querétaro, que había sido aprobado, junto con otras disposiciones también contrarias a la Carta Magna, recientemente en marzo.


La decisión del martes 23 de septiembre constituye un importantísimo paso en el camino del acceso a la información pública, porque la SCJN se pronuncia sobre la especialización y autonomía de los órganos encargados de garantizar este derecho fundamental.


En este espacio dimos cuenta desde principios de marzo de la intención de los diputados del congreso queretano para cometer la aberración de fusionar la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) con la Comisión Estatal de Derechos Humanos; así como del proceso exprés que se siguió hasta su publicación, con la venia del señor gobernador. También expusimos las voces de alarma de académicos y especialistas que explicaron por qué resultaba inconstitucional pretender incluir las funciones de la comisión de Acceso a la Información en la de Derechos Humanos.


Los comisionados y consejeros del país que conformamos la Subcomisión de Estudios Normativos (SEN) de la Comaip (Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública) hicimos circular el martes 4 de marzo, antes de que se votara la iniciativa de reforma, una propuesta de pronunciamiento para denunciar su inconstitucionalidad por la eliminación de un órgano –uno de los primeros del país, de  hecho- especializado en la garantía del derecho de acceso a la información pública. Este pronunciamiento fue firmado por la inmensa mayoría de comisiones e institutos del país, incluido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que fue entregado al congreso queretano y publicado en medios locales.


Los integrantes de la SEN participamos el lunes 10 de marzo en dos foros organizados por Locallis y la propia CEIG, en el Congreso y la UAQ respectivamente, en éste último intervino el reconocido constitucionalista Miguel Carbonell, quien advirtió de la pifia que estaba a punto de cometer el Congreso, y que se consumaría al día siguiente.


Una semana después, la SEN ya había elaborado un primer documento de trabajo para presentar la solicitud de acción de inconstitucionalidad ante el Procurador General de la República y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


El 3 de abril se realizó una asamblea extraordinaria de la Comaip en la Ciudad de México en la que se acordó que la SEN buscaría la mejor estrategia a seguir ante lo sucedido en Querétaro y coordinaría la redacción especializada del instrumento jurídico para solicitar a la PGR y a la CNDH la promoción de la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

 

Los reconocidos especialistas Miguel Carbonell, Pedro Salazar y Lorenzo Córdoba prepararon también un documento que el propio Carbonell presentó en la CNDH el martes 8 de abril, firmado únicamente por el secretario Ejecutivo del IFAI y Técnico de la Comaip, Ángel Trinidad, y en el que se incluyeron los nombres de 22 presidentes de órganos garantes.


Los documentos elaborados por la SEN se entregaron el jueves 17 de abril ante la PGR y la CNDH, a los que se adhirieron las firmas de integrantes de 26 autoridades reguladoras de acceso a la información pública.


El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes respondió el 25 de abril, diciendo que era improcedente la solicitud; lo que  era de esperarse, dadas las manifestaciones públicas que había realizado en torno a la fusión de la CEIG con la CDH; sin embargo la solicitud de presentó para agotar las instancias nacionales, por si era necesario recurrir a las internacionales.


Por el contrario, el Procurador General de la República presentó la solicitud de acción de inconstitucionalidad 76/2008 el martes 29 de abril ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


Gracias a las gestiones realizadas por la comisionada María Elena Pérez-Jaén, del InfoDF, cuatro integrantes de la SEN nos entrevistamos con el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, en las instalaciones de la PGR, el viernes 2 de mayo. En esa reunión, Medina Mora nos comentó que consideraba que la reforma al artículo 33 queretano va en contra del 6º de la Carta Magna y nos reiteró que asumía su facultad de velar por la constitucionalidad de las leyes que se generan en el país.


Definitivamente, la Suprema Corte de Justicia asumió la misma postura. El martes 23, hace una semana, el Pleno determinó que es inconstitucional la fusión de los organismos estatales de Derechos Humanos y de Acceso a la Información; pues afecta los principios de autonomía y especialización reconocidos en el artículo 6º. La fusión “representa una distorsión injustificada de la distribución orgánica constitucionalmente prevista”, en virtud de los principios de autonomía y especialización previstos en los artículos 6º y 102, apartado B de la Norma Suprema, dice el proyecto de resolución.


“El hecho de que la Constitución Federal exija la creación, por un lado, de una comisión estatal de derechos humanos y, por otro lado, de un organismo de acceso a la información, implica la existencia de un mandato constitucional en el sentido de que ambos organismos deben ser autónomos (inclusive) uno del otro, lo que, desde una perspectiva lógica, resulta imposible en el caso de que se encuentren fusionados”.


Se lee también que “La citada fracción IV (del artículo 6º) prevé características específicas para los órganos garantes del derecho de acceso a la información, de tal suerte que no queda al arbitrio de los legisladores dotar a dichos órganos de ciertas particularidades; por el contrario, es mandato constitucional crear órganos con ciertas características, que precisamente garanticen de manera uniforme y efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información”. Ha dicho (la SCJN), por lo que a los diputados queretanos no les queda más remedio que volver a reformar su constitución, para separar a la CEIG de la CDH.

 

Por razones de espacio no repito lo que ya opiné en esta columna sobre la especialización de las 217 comisiones u órganos análogos municipales establecidos en la Ley de Transparencia de Puebla; pero esperaremos la resolución de la Corte para conocer la última palabra.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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