Línea Abierta

Josefina Buxadé Castelán*

Exijamos mejores leyes

Es obvio que las personas tenemos derechos fundamentales y que las leyes y el Estado deben protegerlos. Desafortunadamente la historia de las leyes es desigual; pues en las recientemente aprobadas hay de todo: desde algunas de avanzada, que realmente garantizan y amplían derechos, hasta algunas retrógradas, que pretenden limitarlos.

Por suerte, en algunos casos la presión de ciudadanos y de sectores activos de la sociedad, incluso de senadores, ha frenado iniciativas que lesionan el bien común o los derechos ciudadanos.

Uno de los ejemplos más recientes es la llamada “Ley Televisa”, que es en realidad un conjunto de modificaciones a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, que fueron aprobadas por unanimidad, al vapor -en un tiempo récord de 7 minutos, sin lectura previa- en marzo de 2006 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del mismo año, sin que el entonces presidente Fox las vetara. Algunos de los protagonistas de esa aprobación exprés, entre ellos Santiago Creel y Pablo Gómez, reconocerían después que votaron bajo presión y en el contexto de las campañas electorales.

La ley, en los términos en que fue aprobada, favorecía al duopolio Televisa/TVAzteca en cuanto a la desregulación del espectro digital. Las nuevas concesiones se otorgarían en subasta, al mejor postor como en todas las subastas, sin importar el número de frecuencias que ya tuviera un concesionario. Lo cual, obviamente, fortalece a quienes ya concentran la propiedad de los grandes medios, y deja fuera de la jugada a comunidades indígenas o de otro carácter que tienen derecho a aspirar a una radio. Las radios del IMER y los canales públicos (Once, 22) podrían peligrar.

Ante esa aberración, algunos senadores, encabezados por Manuel Bartlett, Raymundo Cárdenas, Dulce María Sauri y Javier Corral, promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque la ley fomentaba el poder del duopolio e inhibía la competencia.

En mayo del año pasado, la Suprema Corte resolvió que efectivamente, el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión violaba los artículos 1, 25, 26 y 28 constitucionales. Además, se documentaron omisiones legislativas.

Es inminente la discusión en el Congreso de la Unión de las reformas necesarias a las leyes que regulan los medios y las telecomunicaciones. Por tanto, nos encontramos en un momento privilegiado para que como público, académicos o especialistas, nos sumemos a las demandas a los legisladores, para que aprueben leyes que realmente protejan nuestros derechos.

En este marco, el viernes se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, coordinada por Ana Lidya Flores; en la que intervinieron Carmen Aristegui, Fernando Canales, Aurelio Fernández, Enrique Maza, Blanche Petrich, Rossana Reguillo, Rodolfo Ruiz y Gabriela Warkentin.

El Consejo tuvo una reunión de trabajo, en la que tomaron los siguientes acuerdos:

          1. Suscribir los 13 puntos con los que –a iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)-           se constituyó el Frente Nacional por la Nueva Ley de Medios.

          2. Condenar las violaciones a la legislación vigente en materia de inversión extranjera en medios de comunicación,           ya que existen algunas empresas del ramo que cuentan con participación superior al 49 por ciento que permite la           Ley de Inversión Extranjera (LIE) (Cap. 3, Art. 7), así como detentan el control de las actividades empresariales           (LIE, Cap. 2, Art. 6).

          3. Manifestar la preocupación por el clima de cerrazón de los principales medios electrónicos ante las opiniones           distintas a las suyas, especialmente las que critican su posición ante la legislación que ellos han propuesto.

          4. Llamar a las instituciones que forman estudiantes en materia de Comunicación a discutir estos problemas y a           establecer una posición frente a ellos, con el propósito de dar un carácter didáctico y ético a la discusión.

En un acto público, realizado en la misma UIA, cada uno de los integrantes del Consejo externó una reflexión, después de que Enrique Maza expusiera los 13 puntos de la declaración propuesta por la Amedi.

Estos puntos son: la perspectiva de los derechos de los ciudadanos para una comunicación democrática; el servicio público que deben prestar los medios electrónicos y el derecho de las audiencias; la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico como propiedad de la nación; el aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital para todos los sectores de la sociedad; una sola legislación en radio, televisión y telecomunicaciones congruente con la convergencia digital; un órgano regulador autónomo con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas; acceso universal y conectividad a los beneficios de la convergencia digital anteponiendo el desarrollo social a los intereses empresariales; diversidad de contenidos y promoción de la producción nacional independiente; libertad, pluralidad y responsabilidad de acuerdo a estándares democráticos de libertad de expresión que permitan la pluralidad informativa, así como la diversidad en la operación de los medios de comunicación, la privada comercial, la pública estatal y la comunitaria sin fines de lucro; el derecho de réplica; integridad de los contenidos que eviten cualquier tipo de censura; la defensa de los intereses nacionales y los mecanismos para hacer transparente cualquier forma de inversión extranjera en medios; y la promoción de los medios auténticamente públicos, de medios de propiedad social como los comunitarios, así como hacer efectivo el derecho de las comunidades y pueblos indígenas para operar sus propios medios de comunicación.

El común denominador de las reflexiones de los miembros del Consejo fue la incidencia que podemos tener las personas, los ciudadanos comunes y corrientes para tener mejores leyes, concretamente en materia de medios de comunicación, que realmente garanticen nuestros derechos.

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (josefina.buxade@caip.org.mx). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.