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Josefina Buxadé Castelán*

Transparencia en información, en recursos, en campañas

John Ackerman, Miguel Carbonell, Juan Pablo Guerrero, Miguel Pulido y Miguel Treviño son algunos de los estudiosos y casi podría decirse “activistas” de la transparencia y el acceso a la información pública del país que participaron como ponentes en las actividades organizadas por la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) que se realizaron la semana pasada.

Fue muy interesante escuchar todos los puntos de coincidencia de los especialistas, en relación a las resistencias que se están ofreciendo actualmente a la transparencia y los retos que implican las inminentes reformas. Obviamente no todos están de acuerdo en todo, pero las diferencias son mínimas y las coincidencias enormes.

Juan Pablo Guerrero y John Ackerman estuvieron de acuerdo en que la declaración de “inexistencia” de la información es uno de los mayores problemas actuales. Ante una solicitud de acceso a la información, quienes deberían tenerla y entregarla han encontrado una salida para no hacerlo: declaran que tal información no existe. Si en un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el solicitante se queja, probablemente consiga que el IFAI inste a la autoridad a hacer una “búsqueda exhaustiva de la información”, poco más que eso puede hacer.

Ampliar el concepto de información pública

El comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero ha realizado una propuesta importantísima de que la definición de “información pública” debe cambiar, pues en las leyes actuales se considera así a “toda aquella que obre en documentos en posesión de los sujetos obligados”. Lo que propone Guerrero es que la información pública sea “toda aquella en posesión de los sujetos obligados”. Es decir, si no se encuentra plasmada en un documento o en un medio físico, pero el sujeto obligado la tiene o la debería tener por las atribuciones de su cargo, es información pública y debería entregarse ante una solicitud. Siempre habrá una mínima parte de información clasificada, que no puede ser entregada por razones de mucho peso –como la seguridad nacional-, pero la regla es que la información que se encuentra en posesión del gobierno es pública.

Si en las nuevas leyes o en las reformas a las leyes de transparencia se modificara el concepto de lo que es información pública en este sentido estaríamos dando un salto cualitativo en el camino de la transparencia y el acceso a la información.

El académico John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su conferencia magistral del martes, coincidió con la propuesta de Guerrero. Hizo hincapié también en la importancia de incluir la “prueba de daño” cuando se niega información por estar clasificada. Es decir, si una autoridad argumenta que entregar cierta información representaría un riesgo para la seguridad o la gobernabilidad, por ejemplo, debe explicar en qué consiste ese riesgo. Y en este caso, dijo, también se debería valorar el riesgo de no entregarla a los ciudadanos.

John Ackerman comentó que con la reforma al 6º los datos personales quedaron totalmente protegidos, es decir en cualquier caso se podrá argumentar que si un documento los contiene, podrán testarse. Y aquí subrayó la importancia de diferenciar datos personales íntimos (información clínica, orientación sexual, etcétera) de los datos como el nombre o el estado civil, que constan ya en registros públicos y que dan cuenta de la presencia pública del ciudadano y de los funcionarios. Nadie duda que los datos íntimos –también llamados “sensibles”- sean protegidos a rajatabla, pero algunos datos personales públicos, como el nombre de un funcionario público, no tendría que testarse de ningún documento público.

Tanto Guerrero como Carbonell y otros ponentes estuvieron de acuerdo en incluir en las nuevas leyes la suplencia de la deficiencia de la queja en la solicitud de información y en la queja , para que los órganos garantes –comisiones o institutos- ayuden a las personas que no los hacen correctamente.

Miguel Carbonell explicó que en temas de transparencia, los recursos públicos deben entenderse no sólo como el dinero, sino también las licencias, concesiones y prebendas que autorizan los funcionarios. Éstos representan también un cargo al erario o el usufructo de bienes públicos.

Carbonell explicó brevemente el proceso de aprobación de la reforma al 6º constitucional y dijo que representa al federalismo, por haber ido de los estados al centro, que en 25 años ninguna reforma se había aprobado con la rapidez con la que se aprobó ésta, y que en todo el proceso prácticamente nadie se opuso. Aquí aprovechó para decir que “Nadie se atrevería a hablar en público en contra de la transparencia (…) si alguien hubiera votado en contra hubiera sido el fin de su carrera política”. Ojalá los candidatos a puestos de elección popular entendieran esta aseveración. La transparencia es un tema no sólo de campaña, es casi una cosmovisión. Ojalá los candidatos a diputados y a la Presidencia Municipal tengan la sensibilidad para incluirlo en sus programas de trabajo, y como una norma dentro de sus actuaciones.