Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


La PGR se ampara contra el IFAI en el caso de investigación al padre de Mouriño, y luego se desiste


En la sesión de Pleno del miércoles 29 de octubre, los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), expresaron su reprobación al amparo presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), para no permitir al comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán el acceso a información relacionada con investigaciones realizadas al padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, sobre supuesto lavado de dinero, materia de un recurso de revisión.


Los comisionados consideraron una “artimaña”, sin derecho jurídico, el amparo que la PGR promovió para mantener en secreto la respuesta del gobierno español sobre investigaciones realizadas a Manuel Carlos Mouriño Atanes, en operaciones sobre supuesto lavado de dinero.


Fue la primera vez que por la interposición de un juicio de amparo, el IFAI no pudo dictaminar un recurso de revisión, en cuyo proyecto de resolución Guerrero Amparán proponía revocar la clasificación que hizo la PGR de la información como reservada, de manera que la dependencia entregara una versión pública del documento.


El documento en cuestión, de acuerdo con un boletín emitido por la PGR, es una solicitud de asistencia jurídica del gobierno de México al de España, que se pidió sin que hubiera una investigación relacionada con las supuestas actividades de lavado de dinero de Manuel Carlos Mouriño, ni de sus empresas.


Ante una solicitud de acceso a la información (0001700077208), realizada por un particular, la Procuraduría clasificó como reservada por 12 años la respuesta que envió el gobierno de España a Carlos Miguel López Torres, agregado policial de esa dependencia en la Unión Europea y Suiza, sobre la supuesta indagatoria a Mouriño Atanes. La PGR adujo que difundir o dar a conocer dicha información “generaría menoscabo en la conducción de las relaciones internacionales entre las naciones involucradas, ya que se estarían dando a conocer datos que otros estados u organismos internacionales entregan con carácter confidencial al estado mexicano”.


El solicitante interpuso un recurso de revisión, al que le correspondió el número 2832/08 en el IFAI, y estuvo en la ponencia del comisionado Juan Pablo Guerrero, quien, de acuerdo con las versiones periodísticas publicadas la semana pasada, solicitó en dos ocasiones a la PGR la información, para cotejar su debida clasificación.


De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “(…) En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de entregar su acceso”. La Procuraduría, en lugar de permitir al IFAI el acceso a la información, interpuso un amparo, para impedirle la revisión de los documentos.


En la sesión del miércoles pasado, el presidente del Instituto, Alonso Lujambio, externó que era inaceptable la conducta de la PGR, “por expresar absoluta desconfianza hacia el IFAI”, e hizo hincapié en que se trataba de una práctica dilatoria para que el IFAI no pudiera resolver dentro de los plazos establecidos. “Ostentosamente se trata de una chicanada”, afirmó Lujambio.


El comisionado ponente, Juan Pablo Guerrero, expresó que “más allá de la desconfianza de la PGR, ésta es la primera vez que ocurre una situación así, y en qué caso: nada más y nada menos que en una supuesta investigación de blanqueo de capitales de un señor de nombre Manuel Carlos Mouriño Atanes”.


En ese momento se dijo que el amparo había conseguido poner al IFAI en una encrucijada jurídica, pues aunque se venciera el término marcado por la Ley, no se podía resolver el recurso 2832/08 hasta que el amparo se resolviera en definitiva. Sin embargo, los cinco comisionados acordaron notificar al órgano interno de control (OIC) de la PGR el desacato en el que incurrió el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la dependencia, Adrián Franco, presunto responsable. Franco fue quien promovió el amparo ante la juez cuarta de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González.


Aquí resulta curioso destacar que en este caso el amparo es improcedente para la autoridad (PGR), y a pesar de ello la juez concedió las suspensiones provisional y definitiva. El juicio de amparo es un medio de defensa procesal con el que contamos los ciudadanos para proteger nuestras garantías individuales consagradas en la Constitución Federal. La finalidad del juicio de amparo es revisar la aplicación concreta de la Ley y evitar que los actos de autoridad contravengan directamente la Constitución y lesionen los derechos de los ciudadanos. Como regla general, sólo el ciudadano puede promover juicio de amparo, ya sea contra leyes o actos de la autoridad que vulneren sus derechos. La autoridad, por su parte, está facultada para interponerlo sólo cuando el acto o ley que se reclama afecta sus derechos patrimoniales (artículo 9 de la Ley de Amparo).  


Como comenté arriba, una persona solicitó la respuesta que dio España a una petición de la Agregaduría de la PGR en Madrid, y la dependencia no desmintió la existencia de dichos documentos, sino que afirmó que difundirlos afectaría las relaciones internacionales.


Al otro día de la sesión del Pleno del IFAI, la PGR se desistió del amparo interpuesto, y dio a conocer que entregaría la información materia del recurso al IFAI porque ya había obtenido la autorización de España para hacerlo. El secretario de Gobernación dijo ser el primero interesado en que se diera a conocer la documentación, porque ni en México ni en España hay ni ha habido investigación alguna contra su padre y que todo se remite a versiones periodísticas.


Juan Camilo Mouriño aseguró, el mismo miércoles 29, en una gira por León, Guanajuato, que la acusación en contra de su padre no tiene ningún fundamento. Ese mismo día, la PGR envió un boletín, en el que aclara que solicitó a España información del padre del secretario de Gobernación como parte de una “solicitud policial”, pero no lo investiga; y dio a conocer que los documentos que le entregó España en 2003 establecen que no existe en ese país ninguna investigación por lavado contra Manuel Carlos Mouriño Antanes.


El IFAI celebró que el jueves 30 la PGR entregara la documentación material del recurso y anunció que con base en ella será posible resolverlo en definitiva hoy (5 de noviembre).


De acuerdo con una nota publicada el viernes en Reforma, datos de la Interpol de España confirman que en 2003 se llevó a cabo una investigación en coordinación con el Ministerio de Hacienda, para conocer el origen de la prosperidad y operación de las empresas de Mouriño Antanes. De acuerdo con las investigaciones, Mouriño padre llegó a México en 1984 “en condiciones económicas precarias”, y actualmente es dueño de 38 empresas, entre ellas una red de gasolineras en México. Una de sus empresas dedicada a la construcción, Prefabricados de Puentes, inició con un capital de 30 mil euros, y su valor se elevó, de 2000 a 2003, a 5.6 millones de euros.


Pero el tema de este artículo no es el posible lavado de dinero del señor padre del señor secretario de Gobernación, sino la absurda e improcedente actitud de la PGR con respecto a una solicitud de revisión de clasificación de la información por parte del IFAI. Si la información está correctamente clasificada, el IFAI tendrá que confirmar su reserva; si no lo está y parte de la información es de acceso público, se deberá hacer una versión pública, que se entregará al solicitante y será pública para siempre.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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