Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


Transparencia en riesgo en el país


Durante el año pasado quisimos creer que la reforma al artículo 6º de la Constitución en materia de transparencia y acceso a la información pública daría, por lo menos, un fuerte impulso al tema. Sabíamos que el piso mínimo establecido en el 6º se quedó corto; pero sentaba las bases para que las leyes avanzaran tanto como los legisladores quisieran. Quisimos creer que las leyes del país cuando menos se adecuarían al nuevo mandato constitucional. Pronto nos dimos cuenta que podría resultar contraproducente, que la ocasión para modificarlas representaría una tentación para poner candados al acceso a la información y para limitar e incluso desaparecer comisiones e institutos.


“La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto”. Eso dice el segundo transitorio del decreto publicado el 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial. Eso querría decir que todas las leyes del país deberían haberse reformado a más tardar el 21 de julio de este año.

 

Se venció el plazo indicado en la Constitución  y no pasó gran cosa. Hubo estados que simple y sencillamente no reformaron sus marcos normativos y tienen leyes que resultan inconstitucionales, que antes del 20 de julio no lo eran, porque no había una disposición expresa que los obligara; pero ahora sí la hay. Hubo estados que reformaron sus leyes ignorando el espíritu y la letra de la reforma al 6º y también tienen artículos que van en contra de la Carta Magna. El caso más penoso -de los conocidos- es el de Querétaro, con una reforma constitucional que fusiona la Comisión Estatal de Información Gubernamental con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Situación que generó una solicitud de acción de inconstitucionalidad por parte del Procurador General de la República que ya he comentado en este espacio.


Antes del 20 de julio, el 17, en Puebla se aprobó la reforma a la ley de transparencia con más pena que gloria. La nueva norma supera en algunos puntos a la anterior. Por ejemplo, considera la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente, elimina el requisito de identificarse para recibir información pública, y establece que se realice una evaluación de conocimientos de los candidatos para elegir a los comisionados.


Sin embargo, la ley, que ese mismo día fue aprobada por el Gobernador y el Secretario de Gobernación y publicada el viernes 18 en el Periódico Oficial, mantiene a la CAIP (Comisión para el Acceso a la Información Pública) para el Poder Ejecutivo y establece que tanto el Poder Legislativo como el Judicial deberán determinar órganos análogos, igual que los 217 municipios y los órganos constitucionalmente autónomos (artículo 2). Lo que dará lugar a más de 220 comisiones u órganos análogos en el Estado, con la consiguiente disparidad de criterios y altos costos.


La reforma no define la naturaleza jurídica de la CAIP, pues la denomina "órgano especializado de la Administración Pública Estatal, con autonomía de gestión, operación y decisión (...)". La CAIP no es constitucionalmente autónoma, ni órgano descentralizado, ni paraestatal. Se quedó como estaba, sin naturaleza jurídica definida.


Otra cuestión absurda que tiene la nueva ley es que el recurso de revisión podrá interponerse por medio electrónico; pero deberá ratificarse ¡por la misma vía! en tres días hábiles. Si el recurrente no lo ratifica en tres días, el recurso se desecha.


Un asunto preocupante es que el artículo 8 indica que la respuesta a la solicitud de información deberá ser notificada al solicitante en un plazo no mayor a 10 días hábiles, y la información deberá entregarse dentro de los 10 días siguientes a que se haya notificado su disponibilidad. Con el grave problema de que de acuerdo con el artículo 37 la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se ponga a disposición la información (no cuando se entregue), pero a partir de que se notifique la disponibilidad, el Sujeto Obligado puede tomarse 10 días para entregarla; y el recurso de revisión debe interponerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación; por lo que si el Sujeto Obligado entrega la información en el último momento del día 10, entonces el solicitante que esté inconforme con la información ya no podrá interponer el recurso de revisión.


A la ley le faltó un transitorio que estableciera el plazo para que todos los Sujetos Obligados cuenten con sistemas para publicar su información y para que reciban solicitudes, las contesten y reciban recursos de revisión, por lo que se entiende que entra en vigor de inmediato. También faltó un transitorio para establecer cómo y desde cuándo se implementará la rotación de la Presidencia de la CAIP.


Tiene un transitorio que establece que la publicación de los indicadores de gestión "entrará en vigor una vez que las instancias de gobierno competentes cuenten con los mecanismos necesarios para emitir los índices de medición (...)". Con lo que no se establece un plazo para que lo realicen.


En Puebla tuvimos que “cambiar para que casi nada cambie”. En algunos estados hubo cambios notables, en otros retrocesos y en algunos nada.


Entre las mejores reformas, sin duda, la de la Ley del Distrito Federal. En Coahuila hubo una reforma interesante. En ambos casos, los institutos de transparencia jugaron un papel relevante en la elaboración de las reformas. En Guanajuato se realizaron modificaciones que no incumplen el 6º pero tampoco dejan una buena ley. Los congresos de Michoacán y Tlaxcala de plano anunciaron que se tomarán unos meses para realizar las reformas correspondientes.


Estamos en un país en el que no pasa nada si no se cumple la Constitución. Ya lo vimos con la elección de los consejeros electorales del IFE, que deberían haber sido elegidos a mediados de diciembre, y cuyos nombramientos se pospusieron un par de meses porque los partidos no pudieron ponerse de acuerdo.


En el caso de las reformas a leyes de transparencia que se han pospuesto, ni siquiera ha habido excusas. El caso más grave de no reforma, a mi parecer, es el de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no porque sea mala, sino porque es la que tiene mayor visibilidad, la que constituye un ejemplo para muchos, y el Congreso, simplemente, no se ha pronunciado ni siquiera con respecto a la iniciativa entregada por el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con muy bajo perfil y con iguales resultados, por lo menos en el plazo establecido por la Constitución.

 

Lástima que la reforma al 6º tuvo mucho ruido y pocas nueces. El 22 de agosto se realizará aquí en Puebla la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información (COMAIP), y será un buen momento para hacer un corte de caja y tomar acciones a seguir en los casos en que valga la pena hacerlo.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
Todos los Columnistas