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Josefina Buxadé Castelán*

Gastos de Calderón, y también del Gobierno del Estado, en medios

El hecho de que Presidencia de la República no tenga convenios o contratos con medios electrónicos, porque todos los anuncios de actividades presidenciales “han sido transmitidos en tiempos oficiales”, es inverosímil, aunque en una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) los comisionados lo hayan aceptado; tal como lo comenté en mi entrega de la semana pasada.

En esa ocasión mencionaba una nota de Elizabeth Velasco en la que decía que Presidencia tiene considerado un gasto de 3 mil 700 millones en espacios publicitarios. Lo que hacía todavía menos creíble que no gasten en medios electrónicos.

Por si lo anterior fuera poco, ayer se publicó otra nota en La Jornada, bastante discreta, en la página 11, titulada “Calderón gastó en 10 meses más de $2 mil 650 millones para promover su imagen”. Es muchísimo dinero.

Tanto, que algunos diputados presentaron este lunes una querella contra Calderón, en la Procuraduría General de la República, porque consideran que incurrió en el delito de peculado.

Según la nota, el Código Penal Federal sanciona a aquella persona que, siendo funcionario, utiliza indebidamente fondos públicos con el objeto de promover la imagen política de su persona.

El diputado Andrés Lozano, quien entregó la denuncia, aseguró que en los primeros meses de la actual administración, se han gastado más de 2 mil 650 millones de pesos en imagen pública, la mayoría en televisión abierta, pero también en radio y prensa. E hizo una comparación de lo que se podría comprar con esos miles de millones de pesos.

El mismo diputado mencionó que hace algunos días, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó un punto de acuerdo para indagar el tema del “excesivo gasto” del gobierno de Calderón en materia de propaganda política, aprobado por los dos tercios necesarios, gracias al voto de los legisladores del PRI, PRD, PT y Convergencia.

No es un asunto menor que un país con tan graves carencias y desigualdades sociales como es México, haya un despilfarro de estas proporciones para promover la imagen personal de un gobernante. Y es preocupante que ni con la magnífica herramienta del acceso a la información pública, garantizada por una ley federal y recientemente por la Constitución, los ciudadanos puedan conseguir datos concretos de esos gastos.

Al trasladar el tema al ámbito local, hemos visto que desde hace varios meses algunas personas han solicitado al gobierno del estado información sobre sus gastos en medios. En prácticamente todos los casos se ha negado la información, con diferentes argumentos, ninguno de ellos sólido. Pero por distintas razones, los recursos de revisión interpuestos tampoco se habían podido resolver de manera que la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) ordenara a las autoridades la entrega de la información.

Finalmente ayer, en la sesión de Pleno de la CAIP, se resolvió el primer recurso de revisión en el que se revoca la respuesta de la Dirección de Comunicación Social y se le solicita que proporcione la información requerida.

En la solicitud de información que dio origen al recurso, la persona pedía los egresos que se han realizado en los años 2005, 2006 y 2007 en publicidad para los medios de comunicación, desglosando prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. Pedía, además, el nombre de cada medio, para qué programas y qué beneficios se obtuvieron.

La autoridad le respondió al ciudadano sugiriéndole consultar el “Clasificador por Objeto del Gasto” en la página www.transparencia.pue.gob.mx. También le contestaron que no existe una erogación o partida por parte del Gobierno respecto a la denominación de “publicidad”, dentro de las partidas de gasto de dicho Clasificador. De igual forma le hicieron saber que el presupuesto autorizado por el Congreso para la Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas para 2005 fue de 14 millones 593 mil pesos; para 2006 de 18 millones 778 mil pesos, y para 2007 de 15 millones 861 pesos. Le respondieron también que “por lo que hace a su segunda solicitud no se cuenta con la información desglosada como usted la pidió”.

El proyecto de resolución, elaborado por el comisionado Samuel Rangle, especifica que en la página electrónica que le sugieren consultar al recurrente aparecen cinco documentos en formato PDF, entre los que se encuentra el Clasificador por Objeto del Gasto 2007, y en él se observa que dentro del concepto 3600 se encuentra la partida número 3601 “Gastos de propaganda e imagen institucional”. En la descripción, se puede leer que “Este concepto de gasto comprende las siguientes partidas: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión en los diversos medios de información relacionados con las actividades de comunicación social y la promoción de la imagen institucional de las dependencias y entidades (…)”.

En la resolución se establece que el presupuesto asignado a la Dirección no se ejerce únicamente en publicidad, sino también en otros gastos de dicha Dirección; además de que la dependencia tiene la posibilidad de desglosar el presupuesto con base en la partida presupuestal 3601.

Existe otra dificultad en el recurso: el ciudadano solicitó la información en copia certificada –opción que da el propio Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla-, pero por increíble que pueda parecer, la Oficina del Titular del Ejecutivo, a la que está adscrita la Dirección de Comunicación Social, no cuenta con la atribución de proporcionar copias certificadas. En este sentido, la CAIP no puede hacer nada, y la autoridad tampoco, pues como dice la resolución, “nadie está obligado a lo imposible”. Sin embargo, es lamentable que no se le pueda entregar al ciudadano la información de la manera que la requiere y que el Módulo ofrece.

De ser ciertas las cifras aquí manejadas, es imposible establecer una comparación entre el gasto ejercido por el presidente Calderón –más de dos mil 500 millones de pesos en diez meses- con el realizado por el gobierno del estado –menos de 50 millones en tres años. Pero lo que debe quedar claro es que los ciudadanos tenemos derecho a conocer la manera en la que se gasta el dinero, cuánto, cómo, dónde, por qué y para qué.

*Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (josefina.buxade@caip.org.mx). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.