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Línea Abierta

Josefina Buxadé Castelán*

Reformar con el espíritu, no con la letra

En muchas ocasiones he utilizado este espacio para comentar que con la reciente reforma al artículo 6º constitucional en materia de derecho a la información pública, todas las leyes del país –la federal, las estatales y la del Distrito Federal- deberán modificarse para adecuarse al nuevo mandato de la Constitución.

He repetido los buenos deseos de la expresidenta y ahora comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) María Marván en el sentido de que ojalá “los mínimos no sean los máximos”. La reforma a la Carta Magna se ha pensado como una base, como dijera Miguel Carbonell, una medida para “emparejar la cancha”; por lo que todas las reformas, modificaciones, e incluso leyes nuevas, deben ser muy superiores a este piso mínimo. Que los mínimos no vayan a ser los máximos, y que por ninguna razón las leyes de avanzada sean truncadas para adaptarse al piso mínimo.

He manifestado mi deseo de que los diputados locales aprovechen la oportunidad –el “viaje” diría Alonso Lujambio-, para hacer de una vez todas las mejoras posibles a la Ley de Puebla. Hemos dicho que la ley de Puebla no es de las mejores del país, pero próximamente los diputados tendrán la ocasión de convertirla en una ley buena, en una ley de avanzada, en un modelo, que funcione mucho mejor y que facilite realmente el acceso.

En nuestra 3ª Semana de Transparencia, realizada hace quince días, varios de los especialistas insistieron en que ésta es una gran coyuntura para empujar fuertemente la transparencia, con la aprobación de leyes de avanzada.

John Ackerman –del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- formuló la frase que da pie al título de esta colaboración: “ya está corriendo el tiempo para que Puebla haga una revisión integral de su ley y la acomode a la reforma constitucional, y más que acomodarla a la letra de la reforma constitucional, la acomode al espíritu”.

En lo personal considero que la columna vertebral de la ley es el principio de máxima publicidad. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. Y si se ha de interpretar este derecho, debe prevalecer el principio de máxima publicidad: en caso de duda, es información pública.

Miguel Carbonell lo dijo espléndidamente en su intervención en la 3ª Semana de Transparencia: En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Lo que está haciendo la Constitución es crear un requisito interpretativo, es decir, primero todo es público, segundo, sólo cuando haya razones de interés público se puede reservar, tercero, máxima publicidad, si alguien quiere negar una información, tendrá que remontar estos tres obstáculos. Tendrá que acreditar que hay razones de interés público para reservar y que estas razones de interés público están así establecidas en una ley; no por su criterio, sino que la fracción 1ª (que se añadió al 6º constitucional)  dice “en los términos que fijen las leyes”. Tendrá que derrotar el principio de máxima publicidad, el principio de máxima publicidad encaja bien, y esa es la interpretación correcta, con el principio de daño, que es una principio universalmente aceptado cuando se trata de interpretar el derecho de acceso, es decir, para derrotar a la máxima publicidad se tendría que demostrar que la entrega de la información puede causar un daño. Y no un daño abstracto, un peligro en el futuro, un peligro cósmico para el destino de la humanidad, “me refiero a un daño a un año medible, a un año observable, que tenga la probabilidad de ser puesto en la mesa con precisión. Nada de que esto pone en riesgo la viabilidad futura del estado mexicano, pone en riesgo a la seguridad de todos o pone en riesgo la posibilidad de aplicar las leyes en quién sabe qué área. Eso no se puede admitir al tenor de esta primera fracción”.

Ojalá, repito, los diputados se esfuercen por hacer de la ley de transparencia de Puebla, nueva o reformada, un ley como las mejores del país, una ley de avanzada, sin candados, sin contradicciones, sin lagunas. Una ley que realmente ayude a los ciudadanos y facilite el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

*Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (josefina.buxade@caip.org.mx). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.