Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


Alerta roja en transparencia queretana


El Congreso del Estado de Querétaro aprobó ayer una reforma a su constitución local para, entre otras cosas, fusionar la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.


Desde donde se quiera ver, la mera propuesta es un despropósito. Es inconstitucional, pues a partir de que en julio del año pasado se reformara la Carta Magna, en la fracción IV del artículo 6º se establece que los procedimientos de revisión en materia de acceso a la información “se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión” (fracc. IV).


Si ya existe una comisión estatal especializada en acceso a la información, pretender que la materia sea absorbida por una comisión encargada de los derechos humanos en sentido amplio, deteriora precisamente la especialización.


Sabemos perfectamente que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano. Se encuentra establecido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. El acceso a la información pública encuadra en el derecho a investigar y recibir informaciones… Pero ciertamente de 1948 a 2008, en 60 años, el derecho ha evolucionado de una manera específica. Al grado de que un gran número depaíses cuentan con leyes para garantizarlo de manera particular.


En México, nada más, tenemos 33 leyes sobre transparencia y acceso a la información pública: la federal, las estatales y la del distrito federal. Prácticamente en todos los estados existen órganos especializados –comisiones o institutos- para garantizar de manera específica el derecho. Pretender desaparecer una comisión especializada, para fusionarla con una de derechos humanos es retroceder, es dar marcha atrás en la garantía de un derecho fundamental.


Tras la aprobación del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga para crear “La Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública”, los diputados de la actual legislatura quedarán exhibidos a nivel nacional como legisladores ignorantes de la vigente Constitución Federal, concretamente de su recientemente reformado artículo sexto, y correrán el riesgo de que la Suprema Corte, ante una controversia constitucional les ordene corregirlo. Además de que su compromiso con la sociedad queretana y con la democracia está en entredicho.


Este artículo 33 se establece en una serie de modificaciones que dan lugar a la “Constitución Renovada”, que sin duda contiene avances significativos. Pero el retroceso en materia de acceso a la información pública es gravísimo.


Mi postura particular no es una defensa a ultranza de la comisión de Querétaro, ni de los comisionados actuales. Si ellos no hubieran cumplido con lo establecido en la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro se debieron haber seguido los procedimientos legales para llamarlos a rendir cuentas, o de haber habido dudas sobre su actuación, los legisladores, la Contraloría y la misma sociedad tendrían que haber exigido un correcto desempeño. Mi postura particular es denunciar retroceso en el acceso a la información; y el caso de Querétaro me parece particularmente grave por su inconstitucionalidad.


Además del tema de la especialización de la comisión, hay otro muy grave. En el artículo 102, párrafo B de la Constitución General, se establece que las resoluciones que emiten las comisiones de derechos humanos no son vinculantes, sino meras recomendaciones.


Incluso suponiendo que en Querétaro se reformen las leyes secundarias en un periodo de seis meses, tal como indican los artículos transitorios, no encuentro cómo se podría conciliar el carácter vinculatorio y definitivo que deben tener las resoluciones de un órgano que garantice el acceso a la información pública, con las recomendaciones que emite una comisión de derechos humanos.


Ante estos evidentes retrocesos se ha levantado una ola de protestas y manifestaciones.


La Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip) elaboró un pronunciamiento que ha sido suscrito por integrantes de todos los órganos garantes del país -no todos en Pleno, pero sí por lo menos alguno de los miembros-. De igual forma, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y el InfoDF emitieron sendos comunicados, reprobando la iniciativa, que fueron ampliamente difundidos en medios de comunicación y a través de Internet.


Organizaciones de la sociedad civil como Fundar y Locallis se han manifestado públicamente. De hecho Locallis organizó un foro que se llevó a cabo el lunes en el Congreso de Querétaro, en el que participaron diferentes actores sociales, y la propia Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro realizó otro panel, en el que intervinieron Miguel Carbonell, Jaime Cárdenas, y cuatro comisionados de diferentes estados, entre ellos quien esto escribe.


La sociedad en su conjunto tiene que estar atenta a estas amenazas, y pronunciarse por todos los medios a su alcance para frenar estos intentos de retrocesos en materia de acceso a la información pública.


Ha costado años la conquista de estos derechos, es hora de defenderlos.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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