Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


APORTA para la transparencia


Uno de las graves limitaciones que tienen la mayoría de las comisiones e institutos de transparencia en todo el país es el presupuesto con el que cuentan.


Desde que comenzaron a funcionar los órganos garantes del acceso a la información pública, se les asignaron recursos de manera por demás dispar y arbitraria. Las legislaturas locales tuvieron que definir los presupuestos de las comisiones sobre estimaciones de nuevas funciones y nuevos organismos.


En algunos de los estados de la república, el dinero con el que cuentan las comisiones de transparencia es irrisorio, y en casi todos los casos, la mayor parte del presupuesto se destina a los sueldos del personal.


En Puebla, por ejemplo, el presupuesto asignado a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) fue de 7 millones, 660 mil pesos para el primer año de funciones (2005); para 2006 se incrementó a 8 millones 540 mil; para 2007 fueron 10 millones 790 mil; y para 2008 11 millones 187 mil pesos. Por la naturaleza jurídica de la Comisión, la mayor parte del gasto es centralizado, es decir, pagado por la Secretaría de Finanzas y Administración. La CAIP, por ejemplo, realiza el contrato de arrendamiento del inmueble donde se labora, pero es la SFA quien lo paga directamente al dueño. Sólo una pequeña parte –alrededor del 8 por ciento- del presupuesto es descentralizado. En 2008, esta suma ascendió a 897 mil pesos.


Además, la CAIP se ciñe a las normas de austeridad del Gobierno del Estado y a sus lineamientos, por lo que, por ejemplo, no cuenta con presupuesto para publicidad. La CAIP no puede contratar espacios en medios. Esto, desde luego limita mucho la difusión masiva que se le puede dar al derecho de acceso a la información pública.


Y aunque se puede decir que en Puebla el presupuesto para la comisión es reducido, en realidad se encuentra en la media nacional. Hay estados en los que los órganos garantes cuentan con presupuestos mínimos, por ejemplo Baja California Sur, con 3 millones 800 mil pesos; y también algunos, como el Distrito Federal que tiene un presupuesto de 84 millones de pesos, que permiten un mejor funcionamiento.


El presupuesto, desde luego, no es proporcional al trabajo realizado, pero ciertamente, mientras mayor sea aquél, es posible desarrollar mejores programas y servicios.


El comisionado presidente del InfoDF, Óscar Guerra Ford, quien además es economista, propuso a la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información (Comaip) el establecimiento de un fondo de aportaciones federales para la transparencia y el acceso a la información pública denominado APORTA, que tendrá el objetivo de apoyar –financiar- las actividades sustantivas de los órganos garantes.


Este proyecto, que fue presentado por el comisionado Guerra Ford desde hace más de un año se denominaba FAT; pero ahora tomará un nuevo impulso, pues se justificará con las nuevas obligaciones que tendrán las comisiones e institutos para cumplir a cabalidad con las reformas al artículo 6º de la constitución. De aprobarse, los fondos federales se utilizarían para la creación de sistemas electrónicos de solicitudes de información; la difusión nacional del valor de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; el desarrollo de portales web homogéneos en cada una de las entidades; la creación de centros de apoyo telefónico (call center) para la gestión de solicitudes de información; la capacitación a servidores públicos mediante cursos presenciales y en línea; y el financiamiento del estudio Métrica de la Transparencia en todo el país.


En caso de autorizarse este fondo, complementaría a los presupuestos estatales –que tendrán la parte mayoritaria en los recursos asignados-, y podría conformarse de un fondo derivado del Ramo 33 o de algún otro ramo o fondo del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del cual sea posible transferir recursos etiquetados de la Federación a los órganos garantes de transparencia. Para fortalecer la transparencia, los recursos recibidos por el APORTA no podrán ser utilizados para gasto corriente y/o operativo de las comisiones o institutos. De igual forma, todas las entidades que reciban recursos del APORTA firmarían un convenio de coordinación fiscal, el cual plasmaría los compromisos, reglas, mecanismos, operación del fondo, así como la especificación de que los recursos tendrán que ser transferidos al Órgano Garante de la Entidad Federativa a través de la Secretaría de Finanzas.

 

Para distribuir los recursos de APORTA a las entidades federativas, se propone que se tomen como criterios el tamaño de la población (ponderado al 75 por cuento) y la extensión territorial (ponderado al 25 por ciento).

 

Durante 2007 se desarrolló el proyecto APORTA, que fue presentado ante las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Función Pública y de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados, las cuales asumieron el compromiso de retomar para el presente año el proyecto, con la posibilidad de llevar a cabo la conformación del fondo.

 

En la próxima asamblea de la Comaip, que se realizará el viernes de la próxima semana aquí en Puebla, se nombrará a los representantes de cada región de la Comaip que integrarán la Subcomisión del APORTA, y se firmarán las cartas dirigidas a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a los presidentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Función Pública y de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados, así como a tres diputados que han propuesto un acuerdo en el cual exhorta a los congresos estatales a que destinen recursos suficientes a los órganos garantes de la transparencia.

 

En las cartas dirigidas a diputados se les solicita una cita con la Subcomisión de la Comaip encargada del desarrollo del proyecto APORTA, con el objetivo de explicarles a detalle lo importante del establecimiento de este fondo para el acceso a la información pública en el país.

 

Ojalá este proyecto sea aprobado por los funcionarios responsables de las áreas, porque los fondos federales permitirían un mejor trabajo de las comisiones e institutos.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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