Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


El acceso a la información como herramienta periodística


La Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado organizó la semana pasada la tercera edición del coloquio “Entremedios”, donde participé en la mesa “Los medios y la transparencia”, con reporteros de medios locales.


Los periódicos ya dieron cuenta de mi intervención y de los consensos que hubo en la mesa. Entre ellos, que la Ley de Trasparencia vigente, no facilita en realidad el acceso a la información pública. Tiene algunos candados, que dificultan el acceso. En varios apartados es demasiado exigente –por ejemplo en el requisito de que las persona deban manifestar agravios para al interponer un recurso de revisión, cuestión que un ciudadano común y corriente difícilmente podrá hacer sin ayuda. Y por otro lado es demasiado laxa, por ejemplo en las sanciones y facultades sancionadoras del la Comisión para el Acceso a la Información Pública.


En mi participación comenté que el derecho de acceso a la información pública está teóricamente protegido en nuestro estado por una Ley que pronto cumplirá cuatro años, y que muy probablemente será modificada antes de cumplirlos. Una ley que no es de las mejores del país, con candados que impiden que el acceso a la información sea fácil.


Dije que en la teoría la transparencia y el acceso a la información pública son una excelente herramienta para los periodistas; porque les permiten obtener datos o documentos que de otra manera sería difícil conseguir; pero uno de los  problemas que tiene esta herramienta es que la información no se obtiene de manera inmediata. En Puebla, las dependencias pueden tomarse 15 o hasta 30 días hábiles para responder una solicitud. Un recurso de revisión es resuelto por la CAIP en 81 días (en promedio). Así que si un reportero necesita la información para la nota de mañana, hacer una solicitud al gobierno no le va a servir. Sin embargo, si lo que está haciendo es un reportaje o practicando el periodismo de investigación, entonces la ley pueden ser de utilidad. Es una cuestión de paciencia y de hacer muchas solicitudes. La información llegará semanas o meses después, pero será muy útil.


Expuse dos ejemplos de reporteros que, realizaron sendas investigaciones basadas en gran parte en datos oficiales obtenidos a través del SISI (Sistema de Solicitudes de Información). Uno de ellos es el de Areli Quintero (Diario Monitor) y Anabel Hernández (El Universal), que publicaron el libro La familia presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, en el que dieron a conocer datos interesantes del “rancho secreto de Fox”.


Aunque la investigación tiene el final feliz de un libro publicado las autoras tenían ya un contrato firmado con la editorial colombiana Norma que fue cancelado, por considerar que aunque el libro es riguroso, causaría polémica.


En la misma época -2005- el periodista Daniel Lizárraga, también de El Universal realizó una solicitud de información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la Presidencia, para conocer el monto de los sueldos del equipo de transición de Fox entre agosto y noviembre de 2000 –que según declaraciones de Fox trabajaban “por amor al país”.


La solicitud de Lizárraga fue rechazada; pero el IFAI intervino para que se entregaran los datos y el reportero elaboró un reportaje que iba a ser publicado en la edición del 1 de agosto de La Revista de El Universal –de hecho fue publicado en el índice- pero el reportaje simplemente no apareció. El director del periódico, José Francisco Ealy Ortiz, ordenó suprimirlo, junto con otro sobre los beneficiarios de los permisos que otorgó Santiago Creel para casinos poco antes de dejar la Secretaría de Gobernación.


Dije que ambos casos demuestran que de nada sirve que la información pública esté disponible o pueda conseguirse, aun con dificultades, ni que haya periodistas valientes, capaces de denunciar los abusos del poder, si a final de cuentas los dueños de los medios le dan más importancia a sus compromisos económicos, amistosos o políticos que a la información.
Para “aterrizar el caso” en nuestro estado, expuse literalmente: “Guardando las proporciones, en Puebla también ha habido casos de periodistas que a través de solicitudes de acceso consiguen datos o documentos informativamente valiosos, pero no los pueden publicar.


“Se ha hablado mucho de que el gobierno ha sido reacio a entregar información sobre su gasto en medios. Y sí, sí ha sido reacio. Pero me consta que después de que dos reporteros interpusieran sendos recursos de revisión porque se les negó información del Programa Avances, cuando en la CAIP estábamos en el proceso de resolverlos, las autoridades les entregaron la información. Pero esa información nunca apareció publicada en medios locales”.


Intencionalmente no dije los nombres de los reporteros ni de los medios para los que trabajaban en ese momento. Y después, uno de los participantes de la mesa dijo que seguramente era él. No lo era.


Dije también que en la manera en la que se aplica la ley hay varios responsables: el gobierno, la CAIP, los reporteros o solicitantes, los medios que no siempre publican las notas.


Mencioné que ha habido muchos casos en los que los recursos son improcedentes por no haber sido presentados en el término de 10 días que marca la ley; y en otros se ha tenido que pedir al recurrente que acuda a ratificar su firma o a firmar.


Este candado de la firma en el recurso, por ejemplo, deberá ser eliminado en la nueva ley que estrenaremos en los próximos meses.


A más tardar, el 20 de julio todas las leyes de transparencia del país tienen que ser reformadas, para adecuarse al artículo 6º constitucional. Puebla puede tener una ley de avanzada o, por lo menos, cumplir con el piso mínimo establecido por la Constitución, en cualquier caso tendremos una ley mejor que la actual, que permitirá que los reporteros puedan obtener la información de manera más fácil e interponer sus recursos de revisión por medios electrónicos.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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