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Línea Abierta

 

De pseudoefedrina, megabiblioteca, ductos y transparencia

 

 Josefina Buxadé

 

El país entero está a la expectativa del desenlace de la telenovela del momento, mejor conocida como “El cuento chino”, que no se sabe cuánto tiene de telenovela ni cuánto de cuento. Y en este contexto hay tres importantes noticias relacionadas con la información pública.

 

La primera tiene que ver con la orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a la Secretaría de Salud de entregar información estadística de la importación de pseudoefedrina de 2000 a 2007; la segunda, con la renuncia del titular de la Dirección General de Bibliotecas, luego de que no pudiera justificar el uso de la Biblioteca Vasconcelos para la elaboración del catálogo de una tienda departamental; y el tercero sobre la aclaración del IFAI con respecto a la información de la ubicación de los ductos de Pemex.

 

Justo cuando el caso del presunto fabricante de drogas Zheli Ye Gon está a la cabeza de la agenda informativa, el IFAI resolvió, el miércoles 11 de julio, un interesante recurso en el que un ciudadano –específicamente un reportero de El Universal- se quejaba de la negativa de la Secretaría de Salud para entregar información sobre la importación legal de efedrina y pseudoefedrina de 2000 a 2007. La solicitud de información fue elaborada hace varios meses, y la dependencia contestó que los puertos de Veracruz y Colima y las aduanas de Nuevo Laredo y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son los únicos cuatro puntos autorizados para la entrada legal de los dos químicos. También respondió que “la pseudoefedrina es una sustancia que mal empleada puede ser utilizada para la fabricación de drogas” y que “la posesión de esa sustancia ha provocado actos delictivos como robos y asesinatos (…) por lo que dar a conocer la  información (…) podría ocasionar que las empresas que utilizan lícitamente esa sustancia se conviertan en blancos de la mafia organizada”. El solicitante había pedido originalmente el nombre de los laboratorios y empresas que tienen permiso para importarlas, pero al promover su recurso de revisión insistió en obtener datos estadísticos, aunque sin los nombres de las empresas involucradas.

 

El IFAI determinó que en 10 días hábiles la dependencia deberá entregar información estadística de la cantidad de efedrina y pseudoefedrina importada en ese periodo, qué cantidad permite la dependencia a las empresas importar anualmente, en cuántos y cuáles puertos del país llegan los embarques, con qué anticipación debe una empresa o laboratorio solicitar la autorización para importar esas sustancias, cuánto cuesta el trámite para obtener dicha autorización, cuál es el precio de una tonelada y a cuánto han ascendido las multas y sanciones contra las empresas que observan irregularidades en la importación de las sustancias.

 

Como se sabe, la efedrina y la pseudoefedrina son utilizadas para la elaboración de fármacos, para lo que su importación es legal; pero también son usadas para fabricar drogas sintéticas.

 

Lo que llama la atención de esta solicitud es que se hizo muchos meses antes de que estallara el escándalo de Zheli Ye Gon; pero tiene una explicación, porque el tema es de gran interés periodístico, así que días después de que detona en los medios, el IFAI resuelve ordenando la apertura de la información; pero no porque sea el tema de moda, sino porque el recurso tiene que ver con información pública, que los ciudadanos tenemos derecho a conocer.

 

Los reporteros cuentan con esta extraordinaria herramienta del acceso a la información pública para allegarse de copias de documentos, cifras, información que en un momento dado les hace la nota. Aunque tengan que solicitarla muchos meses antes, cuando un recurso de revisión se resuelve a su favor y las dependencias les entregan la información solicitada pueden tener oro molido en sus manos.

 

En la misma sesión en que se ordenó a la Secretaría de Salud entregar la información sobre la pseudoefedrina, el IFAI determinó que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), deberá entregar a un solicitante todos los detalles sobre el convenio por el cual la Biblioteca Vasconcelos fue utilizada por una tienda departamental para elaborar su catálogo. El director general de Bibliotecas, Sául Juárez, tuvo que renunciar al cargo tras el escándalo que provocó la publicación del catálogo.

 

Ante la solicitud de información, Conaculta se negó a proporcionar la información argumentando que la Biblioteca estaba sujeta a una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública; pero el IFAI determinó que el Conaculta deberá hacer una búsqueda de la documentación correspondiente, porque aparentemente no se encontró la factura que avalara el pago del uso de la megabiblioteca.

 

Éste es un claro ejemplo de que cualquier uso de recursos o bienes públicos debe estar plenamente justificado. Los ciudadanos tenemos ese derecho y las autoridades la obligación de poseer respaldo documental de sus decisiones, que deben proporcionar cuando se les solicite.

 

Finalmente, al día siguiente de los atentados contra instalaciones de Pemex, la reportera Lilia Saúl afirmó que “la Ley de Transparencia y Acceso a la información permite a cualquier persona conocer la ubicación exacta de los ductos, terminales, estaciones o subestaciones, plataformas petroleras y demás plantas industriales de Petróleos Mexicanos”, esto en la nota titulada “IFAI ordenó revelar ubicación de ductos, aunque Pemex los considere estratégicos”, publicada en El Universal el 11 de julio.

 

En respuesta, el IFAI emitió un comunicado en el que aclara que efectivamente en algunas resoluciones se ha ordenado abrir información referente a la ubicación de ductos de Pemex, particularmente cuando se encuentran a la vista; pero en general han sido “consistentes” en clasificar las coordenadas de ubicación exacta como “información reservada, pues su difusión podría causar perjuicio a la seguridad nacional”.

 

En el caso concreto de la ubicación de los ductos, el IFAI se ha pronunciado por mantener la reserva por cuestiones de seguridad, pero cuando las coordenadas han sido publicadas por alguna razón o se encuentran a la vista, es ridículo pretender mantener la reserva.

 

La información que es pública es pública. Suena como una verdad de Perogrullo; pero a las autoridades les cuesta trabajo entenderlo. Aducir razones de seguridad nacional o seguridad de personas o empresas es válido en muy contadas ocasiones. Lo mismo invocar procesos que no impiden la publicación de la información. O querer ocultar algo que ya es público.

 


 

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