Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


Los Bribiesca amenazan al IFAI


En un hecho sin precedentes, los hermanos Bribiesca Sahagún amenazaron a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) Juan Pablo Guerrero y Alonso Lujambio, éste último presidente del Instituto, de emprender medidas legales si la PGR entrega una versión pública del dictamen de no ejercicio de la acción penal en su contra.


La amenaza daría risa, si no fuera por el talante de los autores y porque abona un enfrentamiento muy fuerte entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el IFAI.


El martes de la semana pasada, después de las 19:00 horas –cuando ya se encontraba cerrada la Oficialía de Partes del IFAI, donde se recibe correspondencia- se presentó una persona para entregar personalmente el escrito en las oficinas de Guerrero y Lujambio.


El texto no tiene desperdicio: “Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún (…) Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ha resuelto, ilegalmente, requerir a la Procuraduría General de la República información relativa a la averiguación previa número A.P.59/UEIDCSPCAJ/ (…) en la que ambos tuvimos la calidad de inculpados, misma que, conforme a la Ley ha sido determinada con el acuerdo de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Debido a que en las constancias que integran dicha indagatoria se contiene información cuyo manejo irresponsable pudiera pararnos perjuicio, por este medio, venimos a manifestar nuestra inconformidad y nuestra más enérgica oposición a que este Instituto requiera u obligue al Ministerio Público de la Federación a entregar cualquier tipo de información o documentación relacionada con la averiguación previa de mérito, injustamente seguida en nuestra contra. Si ya de por sí dicha investigación nos produjo serios inconvenientes, por ningún motivo permitiremos que por razones ajenas a la “transparencia” y “rendición de cuentas”; a que por razones de tipo político de las que estamos absolutamente sustraídos, se nos perjudique más (…) Claramente señalamos: NO CONCEDEMOS NUESTRA AUTORIZACIÓN ABSOLUTAMENTE A NADIE PARA QUE SE ENTREGUE NINGUNA CLASE DE INFORMACIÓN NI DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA A.P.59/UEIDCSPCAJ/2006, radicada en la Procuraduría General de la República”.


Como diría mi abuelita, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Las personas –así sean hijos de Marta Sahagún e hijastros de Vicente Fox- no pueden oponerse a que un Instituto o funcionario cumpla la ley.


Tal como expresó Juan Pablo Guerrero en un reportaje publicado el domingo en Proceso: “Esta es la primera vez, desde que se creó el IFAI, que dos particulares piden a los comisionados que no cumplan con la Ley Federal de Transparencia”.


En octubre del año pasado una persona solicitó a la PGR  acceso al expediente en el que se exoneró a los hermanos Bribiesca de las acusaciones presentadas por el exdiputado federal convergente Jesús González Schmal, quien en 2006 presidió la comisión especial para investigar el caso de los hijos de Marta Sahagún.


Ante la solicitud de acceso a información pública, la PGR entregó un resumen con las fechas más importantes del caso; pero dijo que el contenido del expediente era confidencial, aduciendo razones de Estado.  El solicitante se inconformó ante el IFAI, y el recurso de revisión fue turnado al comisionado Juan Pablo Guerrero.


De acuerdo con el reportaje de Proceso, la PGR, en su informe con justificación alegó que el Código Penal y el de Procedimientos Penales le impedían abrir ese archivo al público, el que además estaba relacionado con otras averiguaciones previas, y estaba pendiente un amparo de la Cámara de Diputados para que se reactivara el caso.


El comisionado ponente, Juan Pablo Guerrero, solicitó a la PGR la lista con los números de averiguaciones que estaban relacionadas con el caso y su estado legal. Esta lista, siempre de acuerdo con Proceso, no fue entregada.


El proyecto de resolución –aprobado por unanimidad por el Pleno del IFAI- explica que al determinarse el no ejercicio de la acción penal, el caso está cerrado y por lo tanto el expediente es público.


Después de recibir el documento de los hijos de Marta Sahagún, el IFAI manifestó que no aceptaría ningún tipo de presión; que las resoluciones del Instituto nunca se ven influenciadas por nombre y apellidos, o consideraciones políticas; y que de ninguna manera se puede detener la entrega del expediente. Además, en un comunicado que se puede consultar en la página del IFAI, se establece que la decisión unánime del Pleno se tomó “en congruencia con diversos precedentes en los que se ha llegado a la misma determinación: el acceso a una versión pública del documento que pone fin a una averiguación previa. Tal es el caso de las resoluciones a los recursos de revisión 1558/07, 2430/07 y 3551/07, votados con fechas 22 de agosto de 2007, 10 de octubre de 2007 y 21 de noviembre de 2007, respectivamente”.


Además de que la amenaza de los Bribiesca levanta suspicacias –¿por qué no querrían que se conozca el expediente que determina que no es procedente la acción penal en su contra?-, es inadmisible que, como hijos de Martha Sahagún, quieran valerse de su apellido para presionar a una autoridad e influir en sus decisiones. Y peor aún para impedir que se cumpla una ley.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (josefina.buxade@caip.org.mx). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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