Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


Avances y retrocesos en acceso a la información


A seis años de que se publicaron en el país las primeras leyes de transparencia, y un año después de la reforma al artículo sexto constitucional en esta materia, encontramos, como es obvio, que ha habido avances significativos en el camino del acceso a la información pública; pero contrariamente a lo que se pensaba en 2002, éste no ha sido un camino de aproximaciones sucesivas, sino de un paso para adelante y otro para atrás.


En algunos estados hubo buenas leyes o buenas comisiones iniciales; pero en cuanto los legisladores o los gobernadores entendieron las implicaciones de la transparencia y el acceso a la información pública, comenzaron los retrocesos, con honrosas excepciones.


Hace poco más de un año, en Puebla la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) organizó la Tercera Semana de Transparencia precisamente con ese nombre: Resistencias, reformas, y retos, para que se comentaran las oposiciones que había en ese momento frente al tema, las inminentes adecuaciones locales derivadas de la reforma al artículo sexto constitucional, y los desafíos que esto representaría.


Desde mi perspectiva, los avances y retrocesos se dan básicamente en tres ámbitos: leyes, interpretaciones y prácticas.


La semana pasada tuve oportunidad de participar, con otros colegas, en el panel “Avances y retrocesos en el derecho de acceso a la información pública”, en el marco del 9º Congreso Nacional y 4º Internacional del Derecho a la Información, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.


En mi participación abordé los retrocesos que la Subcomisión de Estudios Normativos de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) encontró al analizar algunas iniciativas de reformas de leyes.


La conformación de la Subcomisión de Estudios Normativos (SEN) fue aprobada hace justo un año, en la Asamblea Nacional de la Comaip celebrada en Colima, con el propósito de que ante el aviso de cualquier comisionado o consejero sobre iniciativas de reformas a leyes que representaran retrocesos en materia de transparencia, la SEN realizaría un análisis y elaboraría un dictamen y propuesta de pronunciamiento para someterlo al Pleno de la Conferencia.


Este mecanismo se echó a andar inmediatamente, con el caso de las iniciativas de reforma a la constitución y a la ley local de transparencia del Estado de Quintana Roo, las cuales proponían la creación de organismos ciudadanos y comités que funcionaran como vigilantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (ITAIPQROO).


Uno de los problemas recurrentes en las iniciativas para reformar las leyes ha sido la creación de órganos paralelos a las comisiones o institutos; y la posibilidad de que haya una segunda instancia después de que los órganos hayan resuelto los recursos de revisión o incluso que sean tribunales de los contencioso administrativo los que resuelvan los medios de impugnación de los solicitantes.


En el caso de Quintana Roo, la SEN elaboró una propuesta de pronunciamiento, que fue firmada por la mayoría de los integrantes de la Comaip. En marzo de este año se informó que no fueron creados órganos paralelos y que incluso el Congreso del Estado decidió dar continuidad al ITAIPQROO y dotarlo de autonomía constitucional.


Posteriormente analizamos el caso de Jalisco, en donde se pretendió reformar la constitución local para que las resoluciones del ITEI fueran revisadas por el Tribunal de lo Administrativo; y además se pretendía reformar la ley de transparencia con algunas regresiones. La SEN analizó la iniciativa y también elaboró una propuesta de pronunciamiento dirigida al Congreso de Jalisco y a la opinión pública.


Por lo que hace a Querétaro, el caso más grave de retrocesos que se ha presentado hasta ahora, el congreso local reformó la constitución para, entre otras medidas, fusionar la Comisión Estatal de Información Gubernamental con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La SEN elaboró una propuesta de pronunciamiento denunciando la inconstitucionalidad de la reforma por la eliminación de un órgano especializado en la garantía del derecho de acceso a la información pública.


Después, en una asamblea extraordinaria de la COMAIP, realizada en la Ciudad de México el 3 de abril, se discutió la reforma queretana y la SEN expuso la pertinencia de entregar dos solicitudes de acción de inconstitucionalidad, una a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otra a la Procuraduría General de la República (PGR), instancias facultadas para presentarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La PGR tomó el asunto y lo presentó ante la SJCN. El 23 de septiembre pasado, la Suprema Corte resolvió, por unanimidad de votos de los magistrados, declarar inconstitucional el artículo 33 de la nueva constitución de Querétaro.


Luego se analizaron iniciativas de reformas de los estados de Coahuila, Puebla, Tlaxcala, y Baja California. Con excepción de Coahuila, el resto de ordenamientos implicaban retrocesos en algunos aspectos.


En el caso de Puebla, como ya comenté en este espacio, se analizaron las iniciativas de reformas a la ley de transparencia presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, y se encontró que algunos de los artículos de estas dos últimas iniciativas resultaban inconstitucionales. Se elaboró un pronunciamiento entregado al Congreso Local, y como los artículos inconstitucionales se mantuvieron en la reforma aprobada el 17 de julio y publicada al día siguiente, la mayoría de los integrantes de comisiones e institutos, incluido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), entregamos una solicitud de acción de inconstitucionalidad a la PGR y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Esta última la presentó ante la Suprema Corte, y estamos en espera de su resolución, que dependiendo del sentido podría implicar modificaciones a la ley local.

 

En mi próxima entrega comentaré algunos avances y otros retrocesos que se han presentado aquí en Puebla.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
Todos los Columnistas