Línea Abierta


Josefina Buxadé Castelán*


Transparencia presupuestal en los estados y el DF


El Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un interesante estudio sobre las prácticas informativas y de transparencia en los 31 estados y el Distrito Federal, al comparar información de su presupuesto para 2008. Para tal fin, desarrolló el Índice de Información Presupuestal, basado en un cuestionario que permitió establecer el cumplimiento con los requerimientos de información de cada presupuesto. El índice es el porcentaje obtenido de ese cumplimiento.


Los resultados, que pueden encontrarse en la página http://www.imco.org.mx/finanzaspublicas/, indican que los estados que mejor cumplen con la publicidad de información presupuestal son: Durango, con 74.42%; Sinaloa, Nayarit y Guerrero con 69.77%; y Jalisco y Aguascalientes con 67.44%. Puebla ocupa el lugar 26 en la tabla, con 46.51%, igual que Michoacán y Tlaxcala.


El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. es un centro de investigación que se dedica a estudiar factores económicos y sociales que impactan en la competitividad –entendida como la capacidad de atraer y retener inversiones- para generar propuestas de políticas públicas que ayuden a incrementarla.


El estudio resulta interesante por el tipo de indicadores utilizado, que comentaremos adelante, y porque lo realiza un centro que analiza la competitividad, no la transparencia. Es decir, un organismo externo a cuestiones políticas relacionadas con la transparencia y el acceso a la información mide qué tan transparentes son los gobiernos estatales en materia presupuestal.


El cuestionario aplicado toma en cuenta los siguientes aspectos:


Si desglosa el presupuesto –del Congreso local, del Órgano Superior de Fiscalización local, del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia Electoral, del Instituto Estatal Electoral (organismo electoral).


De igual forma, se contempla si desglosa el financiamiento público a partidos políticos y a cada partido político.


También se considera si desglosa el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información u órgano equivalente.


Así mismo, si desglosa el gasto del Poder Ejecutivo por dependencia y si se desglosa por programa.


Si desglosa la deuda pública estatal; si desglosa en pago de principal y servicio de intereses; y si desglosa el pago de ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores).


El cuestionario inquiere también si establece el número de plazas de la Administración Pública Estatal; si el tabulador de plazas distingue empleados de confianza y de base; si establece el número de plazas del magisterio; si el magisterio está desglosado entre empleados de confianza y base; si desglosa criterios para incrementos salariales.


De igual forma, se pregunta si desglosa aportaciones a un fondo especial para responder a desastres naturales.


Si presenta un tabulador de salarios de mandos medios y superiores del gobierno; así como un tabulador de salarios del personal docente.


Se valora si desglosa gastos de comunicación local; si el presupuesto está disponible en la página de internet del Congreso del Estado; si establece criterios para la reasignación de gasto público; si la Ley de Ingresos está disponible en internet.


Si el presupuesto incluye estimaciones y desgloses de los 8 fondos que conforman el Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM); Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FAISE); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y DF; Fondo de Aportaciones Múltiples; Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y DF; y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas).


También contempla si desglosa devoluciones de impuestos federales (tenencia, ISAN, IEPS); si desglosa ingresos propios de transferencias federales. Si presenta criterios para la administración y gasto de ingresos excedentes; si define/utiliza un clasificador por objeto del gasto; si se desglosan los montos destinados a Fideicomisos Públicos y si se desglosan los destinatarios de los subsidios.


Si tiene criterios para aprobar subsidios o fideicomisos, para administrar ahorros. Si desglosa transferencias para organismos de la sociedad civil, si se desglosan transferencias y subsidios a rubros de la sociedad civil vinculados con desarrollo agrícola. Si presenta montos de transferencias a municipios y si los presenta municipio por municipio. Si se establecen montos máximos para asignación directa, invitación y licitación pública. Si desglosa transferencias del Seguro Popular y si desglosa Alianza para el campo.

 

Los indicadores del estudio permiten observar que la transparencia de la información presupuestal se liga con la competitividad, y que poner a disposición del público este tipo de datos no tiene que ver sólo con el trabajo de una comisión de acceso a la información, o con una buena ley de transparencia, pues la publicidad de esta información permite saber qué gobiernos son más confiables, por informar mejor sobre su presupuesto. Sería lógico que aquellos estados que rinden adecuadamente cuentas de los recursos que reciben sean los que obtengan mayores montos, pues se confía en la buena administración que hacen de ellos. Es, además de una cuestión de transparencia, una cuestión de confianza y competitividad.

 

* Josefina Buxadé Castelán es comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública ([email protected]). Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.

 



 
 

 

 
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