El Mazo y el Yunque


Raymundo García García


EXIGENCIA O RECHAZO DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL

En los últimos tiempos el debate sobre acceso a la información, transparencia, gobernabilidad democrática, legalidad de los actos de gobierno, cuentas claras, y un cúmulo de conceptos que  en los labios de algunos actores individuales suenan más huecos que cualquier alcantarilla; empero, cuando por tradición e interpretación de la ley existe esa posibilidad de que el gobierno informe, transparente su ejercicio como acto republicano, se impone el pragmatismo político, se adueña de las decisiones el positivismo jurídico ramplón  de aprovechar solo lo escrito y reconocido en el texto de la ley, para justificar una llana legalidad de las obligaciones públicas –como la de informar-  y aprovechando el obsoleto orden constitucional y legal poblano, que ratifica nuestra retraso institucional , económico, social y por supuesto retraso político; en acuerdos como el recientemente tomado por la Gran Comisión del Congreso del Estado, no hacen más que ratificar por enésima vez, el deseo ferviente de la mayoría mecánica del  PRI en el Congreso de aprovechar lo que sea con tal de evitar una glosa transparente del tercer informe de gobierno.

 

Ahora resulta que le ineficacia legal y reglamentaria del Congreso para instalar los grupos parlamentarios, sea aprovechada para discriminar a los diputados del PRD y PT, poniendo en duda su participación o no participación en el ejercicio instantáneo de hacer preguntas a los titulares de las dependencias del gobernador. En otras legislaturas se ha presentado este fenómeno y ha habido la cortesía y respeto al status de cada diputado teniendo trato igual. Imaginemos ¿cómo legislará un Poder Legislativo en contra de la discriminación, sí en su comportamiento es discriminatorio?. Y la discriminación no sólo se endereza en contra de los diputados marginales que no se ponen de acuerdo para formar su grupo parlamentario; si no que, se endereza en contra de los secretarios de despacho del gobierno estatal, violando flagrantemente la disposición del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, “que mira a las Secretarías y procuradurías con igual rango y no habrá entre ellas preeminencia alguna”. ¿Cómo entender a un Congreso local cuyo órgano de dirección  -la Gran Comisión- ha decidido violar una ley que el mismo  aprobó y ordenó? Ley que es de observancia general, esto es, es una ley obligatoria para el mismo poder legislativo, que además cuando sus integrantes protestaron como diputados, afirmaron hacer cumplir las leyes poblanas.

 

Lo anterior porque se ha acordado que las comparecencias para glosar el tercer informe del gobernador, sean diferenciadas en interés para los legisladores y en reconocimiento del status de secretarios y procuradores. Primero, se manda el mensaje que no interesa el proceso de glosa del informe, se cataloga como exhibicionismo de funcionarios, aja, solo es eso sí los diputados permiten que eso sea; luego que una parte de la glosa del informe se presente en el pleno, y la otra que no se presente, pero para que no se vea gacho el rechazo a la información y sobre todo aclaración de los datos presentados en el informe que se presenten dichas aclaraciones en lo oscurito. Es cierto que e Puebla a diferencia del ámbito federal que ordena la obligación de los titulares de las dependencias de presentarse a aclarar los informes de gobierno, nuestro retraso legislativo, no hace esa exigencia, pero la obligación es la misma. Si por un lado el tercer informe se convirtió en un conjunto de actos políticos y de ratificación de lealtades también políticas, ahora el Congreso local acuerda no dar importancia a la glosa del informe, como un primer paso para no hacer el mínimo cuestionamiento a l proceso de revisión y en su caso aprobación o rechazo de la cuenta pública. Ojalá y esta crisis de la institucionalidad del poder legislativo sea un simple bache y no una forma institucionalizada de pisotear la ley.

 



 
 

 

 
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