El Mazo y el Yunque


Raymundo García García


INSEGURIDAD Y MICROCHIPS

 

En el año 2006 se cargó a los poblanos por pare del gobierno estatal, la obligación de pagar reemplacamiento de los vehículos automotores registrados en el estado de Puebla, dentro de un debate con la sociedad muy intenso, montado en la justificación de incorporar en las nuevas placas un microchip para localizar a las unidades a través de un sistema satelital. En otras palabras, no sólo se volvía obligatorio el reemplacar a todos los vehículos motrices, sino que además se agregaba un plus, la incorporación de un sistema de rastreo electrónico que evitaría el robo de autos, y sobre todo se creaba un sistema de control vehicular que permitiría combatir a la delincuencia.

 

En la presente coyuntura en la cual se ha firmado un pacto federal con todos los gobernadores, para combatir a la delincuencia, dentro de las acciones a impulsar en los próximos días, destaca aquella, que busca que el rastreo de autos y camiones tengan un microchip que permita rastrearlos y ubicarlos vía satélite, lo cual dará importantes resultados en unidades utilizadas en la comisión de actos delictivos. Ante este tema que ha sido llevado inclusive a debate a la Cámara de Senadores, con ansia se esperaba que fuera destacado el adelanto que se vive en la entidad federativa de Puebla, pero no ha sido así porque no hay nada que presumir, por una sencilla razón, desde el gobierno estatal se cometió un engaño en contra de la ciudadanía y por lo mismo se apuntalaron acciones que sólo han beneficiado a la delincuencia, y en su momento perjudicaron el bolsillo de los poblanos..

 

El debate sobre el control vehicular como herramienta de lucha contra el crimen, por lo menos en el ámbito federal, ha llevado a que el procedimientos de  licitación para crear un padrón nacional de vehículos pueda ser suspendido, por resultar tradicional e ineficiente; y en su lugar, se buscará que se ofrezca un sistema  que utilice lo más avanzado de la tecnología, y a través de la vía satelital se pueda saber la ubicación exacta de unidades automovilísticas a localizar, y que en caso de ser consideradas instrumentos en la comisión de algún acto delictivo, o simplemente, por razones de protección y de seguridad de sus ocupantes, su rastreo sea tarea fácil. Como se observa, este debate federal, en Puebla se llevó a cabo en el otoño del año 2005, en la discusión de la ley de ingresos para el año 2006, donde el secretario de finanzas junto con el secretario de comunicaciones y transportes, de diversas formas justificaron la necesidad de un nuevo emplazamiento y también el cobro extra de un microchip  para contar con un instrumento de control satelital de las unidades registradas en el Estado de Puebla.

 

Ante los cuestionamientos que pusieron al descubierto el engaño gubernativo, los secretarios de finanzas y de comunicaciones evadieron cualquier  responsabilidad, y además, endosaron el asunto de la vigilancia con medios electrónicos a las autoridades municipales. Uno debe preguntarse, en el caso del municipio de Puebla el Centro de respuesta inmediata (CERI) ¿lee los microchip?, ¿usa satélite?, ¿las cámaras instaladas a la entrada de la ciudad capital, cumple con dicha tarea?; en el resto de los 216 municipios cómo sus autoridades vigilan y controlan la circulación y parque vehicular si no cuentan con cámaras, ¿acaso en esos lugares sí funcionan las lecturas de microchips a través de un sistema satelital?

 

Ante la movilización de la sociedad exigiendo seguridad pública y fin a la violencia e inseguridad, se da una coyuntura para reclamar a las autoridades estatales que cumplan con el servicio cobrado –que los microchips, que se dice fueron incorporados en las placas, sirvan para prevenir la delincuencia y actos criminales-, que se establezcan los sistemas de lectura de los mismos en todo el territorio estatal. La lucha en contra de la inseguridad debe empezar por el ejercicio responsable del gobierno.  

 



 
 

 

 
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