El Mazo y el Yunque


Raymundo García García


Puebla: pésima fiscalización a campañas electorales.

 

Desde la reforma política de 1977, cuando los partidos políticos fueron reconocidos constitucionalmente como entidades de interés público; fue  bajo el criterio de que las organizaciones de ciudadanos a pesar de moverse en el terreno de lo privado, de la sociedad civil y no de la sociedad política, sus actividades tenían repercusiones públicas. Este criterio fue el sustento ara que en el momento en el cual se desplegó el financiamiento público  como parte de las prerrogativas a los partidos políticos en 1987, siempre se privilegio el predominio de los ingresos públicos, sobre los ingresos particulares o privados. La razón más poderosa: evitar la entrada de dinero ilegal –del narcotráfico y del crimen organizado- a las campañas políticas.

 

En la reforma federal electoral de 1996 cuando se autoriza mayor entrada de recursos privados para los partidos y se prohíbe de manera puntual  el traslado de recursos financieros provenientes de los poderes públicos, por un lado; mientras por el otro lado, se impulsa y perfecciona  un sistema de fiscalización  a los partidos políticos, de manera particular se pone atención a los procesos electorales. La lucha por el poder público a través de los procesos electorales en un ambiente de alta competitividad, exige importantes cantidades de dinero. Las nuevas disposiciones fiscalizadoras hicieron posible que los partidos políticos que violentaron las nuevas disposiciones fueron sancionados con importantes multas en perjuicio de la capacidad de acción partidista.

 

Pero el rigor y control fiscalizador a los partidos políticos y a los procesos electorales en el ámbito de las entidades federativas no es eficiente, menos en aquellos estados del Estado mexicano que se encuentran con un sistema político atrasado, en el cual aun se enseñorea el modelo de sistema de partido hegemónico; ahí se vive una distancia abismal entre los avances en el ámbito federal y la realidad política  estancada, con legislaciones  ineficaces porque el Estado de derecho se reduce  a mero acto discursivo. Y por ende, los procesos de fiscalización a campañas políticas y procesos electorales para los candidatos del partido en el poder, que en dichas entidades sigue siendo el PRI, son acciones de simple trámite para favorecer al citado partido político.

 

El Estado federado de Puebla es un ejemplo del atraso y la ineficiencia fiscalizadora a partidos y procesos electorales. En la campaña a gobernador en el año 2004, aparecieron datos de que se había violentado los niveles de aportaciones privadas. La nota la dieron más de cien mil playeras aportadas por el empresario que involucró al gobernador en el proceso de deslegitimación por la detención de la periodista Lydia Cacho. El Instituto Estatal Electoral, ante los reclamos, sencillamente se negó a aclarar las sospechas de recursos ilegales a la campa electoral referida

 

Ahora con la detención por presunto narcotráfico de un reciente presidente municipal emanado del PRI, de nueva cuenta se deja mal parado al IEE, y se vuelve a poner al descubierto y de una forma por demás descarnada, que el control y fiscalización a las campañas no se lleva a cabo como lo exige la ley. El tema aunque el gobierno estatal priísta  lo quiere reducir a un asunto privado, no podrá, el tema es de carácter público y abre una caja de Pandora de relaciones de poder que involucra por diversas formas a destacados actores  políticos poblanos.   

 



 
 

 

 
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