El Mazo y el Yunque


Raymundo García García


EN PUEBLA PRIMERO LA OPACIDAD

 

Este día dedicado internacionalmente a la mujer, es obligado tema de reflexión, pero los eventos, proclamas, reconocimientos y demás acciones de festejo abundan y ratifican la lucha por la libertad e igualdad de derechos para seres humanos de sexo femenino y masculino; por ello, en el contexto del LXIX aniversario del PRI, reflexionemos el comportamiento de este partido hecho gobierno estatal en Puebla a la luz de uno de tantos temas pero que resulta esclarecedor de la vida política del sexenio 2005 – 2011. En la era de sistema de partido hegemónico, la práctica gubernativa de corte autoritario era su esencia; el Estado de derecho y la democracia actuaban como adornos discursivos y la administración del poder público en manos del Ejecutivo era implacable decidiendo ipso facto y sin mediar engorrosos procedimientos legales el destino de los miembros de la burocracia. Cuando entraba en sospecha su decisión, a excepción del burócrata muy cercano al gobernador.

 

Frente a la transformación del estado mexicano  que paulatinamente ha pasado hacia un régimen democrático y por lo mismo al ejercicio de un Estado de Derecho apuntalado con la reforma judicial de 1995 que vino a hacer patente la división de poderes en forma horizontal y vertical -aunque teóricamente en el ejercicio del derecho se confrontan dos posiciones jurídicas: realismo y legitimismo-, el ejercicio realista del derecho en materia política se ha impuesto, esto es, el reino del positivismo en su más ortodoxa  expresión se ha vuelto dominante; con ello se impone la fuerza de la ley descobijada de cualquier rubor de justicia. Vemos así decisiones impopulares que son sostenidas mediáticamente con  un aire de legalidad.

 

Para garantizar el principio de legalidad  en la permanencia o retiro de servidores públicos se impulsó al calor de la renovación de la sociedad la ley de responsabilidades de los servidores públicos y las contralorías sectoriales, institucionales y de dependencia; éstas jugando como garrote no para aplicar la ley, sino la amenaza de aplicarla la ley si un funcionario no grato se oponía a salir de un puesto. Pero así como la ley se convirtió en un instrumento de amenaza latente e contra de los servidores públicos, también e los regímenes despóticos, se pretende que la ley sea un instrumento para mantener en funciones a funcionarios de dudosa calidad ética y comportamiento legal como sucede en Puebla con el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública del gobierno del Estado –CAIP-. Cuya permanencia en el cargo no solo pone al descubierto la opacidad que le caracteriza a la administración pública estatal poblana, sino que evidencia el uso faccioso de la aplicación de la legalidad e el caso del procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos.

 

El asunto se trata desde cualquier punto de vista, de opacar sobre algo que desde el principio del conflicto es claro. Un comisionado nombrado por el Poder Legislativo local, engañó, mintió, ocultó información al Congreso para que fuera nominado como comisionado a sabiendas que por la misma ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estaba impedido. Que durante dos años y medio ejerció el puesto sin problemas porque no se conocía la ilegitimidad del nombramiento; que cuando el Secretario del consejo general del IFE certifica que un comisionado de la CAIP es –no era- es al momento de la certificación dirigente de una agrupación política nacional se le inicia procedimiento administrativo de responsabilidades para que se respete el derecho de audiencia y mientras no se diga que el secretario del IFE es mentiroso y emitió un documento apócrifo, la permanencia del presidente de la CAIP se mantiene sólo por la decisión despótica del poder y sobre todo por la convicción de que la transparencia gubernamental por hoy está clausurada bajo el lema “EN PUEBLA, PRIMERO LA OPACIDAD”.

 



 
 

 

 
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