El Mazo y el Yunque

Raymundo García García

¿Crusada contra el nepotismo?

En una sociedad en la cual históricamente ha dominado la cultura del ejercicio patrimonialista del poder, en la que se ve como natural la aplicación de la teoría de botín en la asignación de puestos después de una contienda electoral, donde el ganador es suprema autoridad y cuenta con todo el apoyo social para distribuir el mando como le venga en gana; y sobre todo, una sociedad en la cual se conjuga y se confunde patrimonialismo y autoritarismo junto con personalismo, como ha sido mirado el poder público en México; con trescientos años de repercusiones absolutistas de la monarquía española, y ciento noventa años de centralismo político en manos del Tlatuani, con leyes que sostuvieron con pinzas un federalismo formal,  son evidencia de la dificultad para que el andamiaje legal de un Estado democrático y la vigencia de una sociedad movida por la cultura de la legalidad, se mire como natural y cotidiana.

No es causal que en la construcción del sistema político mexicano en el siglo XX, allá en la década de los años veinte, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se dictarán normas que redujeran las estructuras de las burocracias y fuera enarbolada la bandera de la moralidad en el ejercicio del servicio público. La conformación de un Estado más social que liberal sustentado en las promesas de una justicia social que algún día se hiciera realidad, imposibilitó el cumplimiento de los anhelos moralizantes de la política mexicana. Tuvieron que aparecer los nubarrones de la violencia generalizada y de la crisis de un sistema político atorado en la corrupción generalizada, para que con los aires neoliberales plasmados en la Constitución Política, allá en la década de los años ochenta, de nueva cuenta fuera izada la bandera de la moralización de la sociedad, como estrategia de lucha en contra de la corrupción. Dentro de esta coyuntura fueron creadas las secretarías de control gubernamental, ante la ineficiencia del control obligado que era tarea del Poder Legislativo: juicio político y responsabilidad de los servidores públicos, provocaron una oleada de adecuaciones formales en los ámbitos federal y estatal.

Con la reorientación del Estado mexicano se hizo necesario que en Puebla fuera introducida la correspondiente reforma constitucional al artículo 124º. y al 125º. Primero, para definir el concepto de servidor público, entendido como la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento. Y luego, para establecer los parámetros que debería de alcanzar la ley de responsabilidades de los servidores públicos. El nepotismo que fue orgullosamente exhibido por José López Portillo, en el nombramiento de su hijo Ramón como subsecretario de Estado, sirvió de referente para que fuera un acto reprobable y por lo mismo, causa de sanción administrativa. En el Estado de Puebla desde el año de 1984 está claro en la ley, la prohibición y sanción al nepotismo, donde los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público, independientemente de sus obligaciones específicas, deberán de abstenerse de intervenir en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, de servidores públicos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios; que pueda resultar un beneficio para el servidor público, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado –padres, hermanos, primos, tíos, sobrinos-, o parientes por afinidad o civiles –cuñados, suegros, concuños-, o para terceros con los que tenga sociedades de las que el servidor público o las personas formen parte.

Ahora, veinticuatro años después de haberse dictado la norma legal en contra del nepotismo aquí en Puebla, el Auditor General del ORFISE anuncia como trabajo inmediato la lucha en contra el nepotismo en los gobiernos municipales, la decisión es plausible, es desafiante y por lo mismo –difícil de creer- ojalá cumpla con su chamba, y no sea un parto en los montes. Tarea que no debe quedar sólo en los municipios, es necesario subir la búsqueda de actos nepóticos a todas las estructuras del poder público, empezando por la atención de las denuncias que se han hecho en varios medios de comunicación en contra de un poder público en particular. Si en veinticuatro años de régimen no se ha hecho nada, ¿por qué ahora si se actuará?