El Mazo y el Yunque


Raymundo García García


Proteger la vida o autorizar la muerte


Una vez que se llevó a cabo la reforma al artículo 86 del Código de Defensa Social, como consecuencia de un conjunto de atroces crímenes cometidos por operadores del sistema de transporte público urbano de pasajeros, se inicio una lucha sui géneris en su contra. La lucha destaca porque no son los empresarios del transporte quienes hacen el reclamo, son los conductores quienes alentados por la necesidad laboral se lanzan a reclamar que el Poder legislativo les autorice la comisión de asesinatos .encubiertos bajo la generalidad de imprudencia. Por el lado contrario están las voces de la ciudadanía que ante la depredación de la vida en manos irresponsables de conductores, exigió que se endureciera la penalización. De entrada y como lo ha informado el subsecretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, la reforma al Artículo 86 referido, ha provocado una disminución importante de  muertes. Por lo cual, la reforma es, ha sido y seguirá siendo una disposición eficaz, jurídicamente hablando, porque está cumpliendo con su objetivo primigenio: proteger la vida.

 

Antes de la reforma y casi todo el siglo XX, el citado artículo establecía una severa sanción que prohibía la libertad caucional o bajo fianza, cuando se asesinaba a dos o más personas. Pero, cuando sólo se asesinaba a una persona, se obtenía inmediatamente la libertad considerando sin más que había sido una muerte imprudencial. Así, la vida de una persona valía nada y por lo mismo fue en crecimiento la proliferación de accidentes provocados por operadores del transporte público como lo refieren las propias estadísticas y archivos judiciales.

 

Se ha afirmado de la reforma al artículo 86 un conjunto de consideraciones críticas sin ningún fundamento, el único que se mira es el  que detrás del reclamo están agazapados los empresarios del transporte concesionado de pasajeros, que lanzan a protestar a sus trabajadores, utilizando el tema como recurso en coyunturas que les pueda redituar ganancias económica y políticas. De principio los empresarios transportistas perdieron todos los cientos de juicios de amparo en contra del nuevo artículo 86, léase bien, si la reforma no sirve, es injusta, está mal, es descabellada y no se que tantas sandeces argumentan sus enemigos, ¿por qué no ganaron un solo Amparo? Por una sencilla razón, porque es justa, legal y protectora de la vida de la persona humana.

 

En plena campaña electoral los transportistas buscaron a algún candidato o candidata incauta, que bajo el supuesto apoyo corporativo, negociaban la derogación de la reforma citada. Ahora, con el cambio de legislatura han empezado a presionar, quizá por algún acuerdo soterrado con algún político trasnochado; pero también, están presionando en la coyuntura de solicitud de incremento de pasaje. Se olvida que se presta un servicio público de pasajeros, que dicho servicio está concesionado, que es diferente conducir un vehículo de servicio particular, que conducir un vehículo de servicio mercantil y otra cosa es conducir un vehículo de servicio público, y algo más, que deben ser muy exigentes las normas que regulan el servicio público de transporte de pasajeros. Por lo cual esa cantaleta de sanciones o penas iguales es improcedente, porque las leyes sí toman en cuenta la diferenciación entre tipo de transportes, de licencias para conducir y por lo mismo de penalidades ante la comisión de conductas delictivas. Ante cualquier acto de ganancia, debe privilegiarse primero la vida y no dar paso a la autorización legal de la muerte

 



 
 

 

 
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