El Mazo y el Yunque


Raymundo García García


La institucionalización de la opacidad poblana.

 

Por distintos medios y de la más variada información, se ha constatada sistemáticamente que de esa variedad gigante de vicios del pasado político mexicano, algunos destacan por el orden en que ubica a la entidad federativa de Puebla en relación con las otras treinta un partes del territorio nacional y que por más que se intente justificar que mejoramos, la realidad inmediatamente salta a la vista para machacar que mientras estemos en los primeros lugares de los más rezagados socialmente, estaremos en los últimos lugares en competitividad, en legalidad, en mejora regulatoria, en procuración de justicia, en generación de empleos, en democratización, en vigencia de separación de poderes, y por supuesto que también el rezago será palpable en transparencia.

 

El affaire Juárez Acevedo en la CAIP, es otro capítulo más que de formas y maneras diferentes ratifica el estancamiento político que vivimos los poblanos, el cual en principio fue puesto al descubierto por el asunto Lydia Cacho Ribeyro. Se ratifica una vez más, que las instituciones políticas son un instrumento de decisiones de un poder  autoritario y por lo mismo sepultureras de un poder democrático, se justifica que la ley y el principio de legalidad son un recurso secundario en manos del poder autoritario, antes que centro primigenio para el bien común. División de poderes y respeto a la legalidad suenan bien en los labios de políticos siempre y cuando en la realidad no aterricen.

 

El nombramiento ilegítimo de Antonio Juárez Acevedo, como comisionado de la CAIP, no sólo fue resultado de una acción ilegal del interesado. No, la decisión de engañar a la LV Legislatura y de violentar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla, pudo haber sido personal, pero por lo menos los integrantes de la Agrupación Política de la cual él es su Secretario General, lo sabían perfectamente y guardaron silencio y complicidad, y subjetivamente lo debió haber sabido algún otro hombre de poder, permitiendo que se violara la ley sin el menor recato; total, en un régimen no democrático ese comportamiento es la constante, faltaba más. Y el asunto no habría sido descubierto, sí desde el centro del poder político no se hubieran tomado decisiones tercas de institucionalizar una política de la opacidad en las tareas gubernamentales y frenar como asunto de Estado, el tema de la transparencia y el acceso a la información pública. El tema quisquilloso: que los poblanos no conocieran, bajo ninguna circunstancia, el monto de lo gastado en la defensa del gobernador por el escándalo Cacho Ribeyro.

 

La institucionalización de la opacidad poblana llevó a  impedir por todos los medios posibles que la CAIP cumpliera sus fines legales, y ante el cambio de la primera presidencia se impuso una segunda presidencia a modo, que produjo que las complicidades creadas con la violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública salieran a la vista. Así, en el mes de septiembre del año 2007 en los diarios e-consulta y Cambio,  fue publicada una copia certificada por el Secretario General del IFE, que demostró de forma contundente que el comisionado presidente de la CAIP era ilegítimo, por seguir fungiendo como Secretario General de una agrupación política nacional.

 

Ante el reclamo inmediato para su destitución se antepuso el interés de grupo en el poder, ejerciendo de nueva cuenta sus decisiones autoritarias para diseñar una estrategia de permanencia institucional de la opacidad, sometiendo a la CAIP dentro de un ambiente de deslegitimación escandaloso ene el ámbito nacional. No es casual el camino tortuoso de este asunto, y ahora que todo está probado como lo estuvo hace un año, se anuncia un procedimiento de nueva cuenta que permita llegar hasta el nombramiento de otros comisionados ad hoc a la opacidad que por hoy esta institucionalizada en Puebla. De ahí que la defensa de la ilegitimidad del comisionado presidente desde la SEDECAD y desde el Congreso local, sean tarea cotidiana, que evite el advenimiento de la transparencia.

 



 
 

 

 
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