El Mazo y el Yunque


Raymundo García García


Ninguneo de legalidad y acelere de negocios facciosos

 

Ante el intento del titular del Poder ejecutivo del Estado de Puebla, de hacer realidad el mandato constitucional y las disposiciones legales, de dar un informe general de las actividades desarrolladas y los posibles beneficios para los poblanos de su viaje por España, se desató en la opinión pública una fuerte crítica por las contrataciones celebradas con la empresa OHL, produciéndose una Torre de Babel en los intentos justificadores al calificativo de lo ilegalidad del contrato, traduciéndose la acción pública en posible negocio privado.


De entrada, los secretarios de gobernación y de comunicaciones y transporte, responsbales de aclarar el tema, pronuncian muchas palabras pero en concreto no aclaran el asunto, se habla de concesión de una autopista, otros hablan de la construcción del Arco Norte del periférico; unos dicen que es concesión de treinta años y no necesita licitación, otros, que se trata de un negocio donde aparece la familia Fox; unos que se fundamenta el contrato en una ley de la era de la nacionalismo revolucionario etc. Ante la poca explicación del asunto por parte de los funcionarios públicos, queda la zozobra de que algo puede caminar mal y la confusión se hace mayor.


Con el temor de estar equivocado, el proyecto trata de desviar la autopista que pasa por Puebla, llevarla al arco norte del periférico y a través de un PPS, (Proyecto para la Prestación de Servicios a largo plazo),  que sea hecho totalmente con inversión privada –capital español- mediante un contrato que le permita la explotación por un lapso de treinta años. Esto es, se está poniendo en práctica una forma neoliberal de hacer proyectos gubernamentales, generar desarrollo, generar empleos, prestar un servicio público, sin que afecte las arcas públicas, donde los posibles gastos a generar serán incorporados en el presupuesto de egresos de cada año y no será considerado como deuda. Es más, la empresa trasnacional, tiene la posibilidad de subcontratar a empresas, si se quiere locales, para que hagan la obra. La confusión informativa se produce con la complacencia del gobierno, porque quienes se han metido al debate para mostrar el pisoteo al principio de legalidad del acto administrativo, en su afán de cuestionar profundizan la confusión y eso le conviene al gobierno que gurda silencio y avanza en su proyecto de dañar a los constructores poblanos y mexicanos.

 

El artículo 6º. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal anota que “Se entenderá por Proyecto para  prestación  de servicios  a  largo  plazo:  aquél  en que  un Proveedor  se  obliga  a prestar,  a  largo plazo,  con  financiamiento  privado,  uno  o varios  servicios  consistentes de  manera enunciativa  en  el  diseño,  disponibilidad de  espacio,  operación, mantenimiento  o administración,  sobre  bienes  propios  o de  un  tercero,  incluyendo  el  sector público,  o  provea  dichos  activos  por  sí  o a  través  de  un  tercero,  incluyendo  el sector  público,  a  cambio  de  una contraprestación  pagadera  por  la Contratante  por  los  servicios proporcionados y según el desempeño del Proveedor. Se entenderá  como  largo  plazo,  un  período no menor  a  tres  años  ni  mayor  a  treinta años. La ley en su capítulo III, detalla todo el procedimiento donde destaca la presentación de un análisis de Costo-beneficio, que se deberá de dar a conocer, y sobre todo respetar el mandato del  artículo 130G que ordena “De autorizarse el proyecto para prestación de servicios a largo plazo por la Secretaría (SFA) o los Ayuntamientos, éstos lo enviarán por conducto del Ejecutivo Estatal al H. Congreso del Estado para que autorice las previsiones presupuestales que habrán de considerarse en sus respectivos Presupuestos de Egresos de cada uno de los Ejercicios Fiscales que comprenda la vigencia del contrato correspondiente.

 

Pero sobre todo queda claro que no se puede hacer una adjudicación directa, esta está prohibida de acuerdo al artículo 130R que anota “La Secretaría y los Comités Municipales, adjudicarán los contratos para la instrumentación de proyectos para prestación de servicios a largo plazo,  mediante alguno de los procedimientos previstos en este ordenamiento, con excepción del correspondiente a la adjudicación directa a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley ”. Esto significa, que el gobierno no puede alegar excepción por urgencia, ni facultades especiales del Ejecutivo, está prohibido en la ley. Y. no cumplir la legalidad además de ser responsabilidad administrativa, evidencia el agandalle por hacer negocios facciosos con miras al fin de sexenio y el año de Hidalgo.

 



 
 

 

 
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