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El Mazo y el Yunke

La tarea fiscalizadora poblana

 

Raymundo García García

 

En la coyuntura de la renovación del titular del ORFISE, se buscó dejar eliminado el rezago existente en materia de fiscalización a todos los sujetos que por ley son parte funcional de algunos de los poderes públicos, solamente el día de ayer fueron aprobados los trabajos fiscalizadores 158 cuentas, como nunca se mostró el empecinamiento por tratar de cumplir con el mandato constitucional que obliga al Poder Legislativo a que en su segundo periodo ordinario de sesiones se resuelvan lo relativo a la tarea fiscalizadora que le corresponde a dicho poder público y como  e este sexenio el gobierno estatal permanentemente ha pretendido impulsar una cultura de respeto a la legalidad, me permito puntear algunas incongruencias con ese lejano interés de respetar la ley, ahora en materia de fiscalización.


¿Cómo fiscalizar al Poder Legislativo, si la nómina del personal administrativo y de los diputados, la administra la secretaría de finanzas?, se fiscaliza al congreso local o al secretario de finanzas, esto por supuesto no es una situación nueva, si no el resabio del ejercicio autoritario del poder de imponer la fuerza del mando por encima del mandato de la ley. Por supuesto que lo mismo sucede con el otro poder diferente al del ejecutivo, el poder Judicial. Así, las cuentas públicas pueden estar contablemente bien armadas, e inclusive se legalizan con el voto de los legisladores, pero en su esencia llevan la huella de la acción ilegal, que en un Estado de derecho no es otra acción que una acción de ilegitimidad.


¿Cómo creer que el proceso de fiscalización realizado al Poder Ejecutivo es legal?, si cuando se hace referencia por el ORFISE en un informe de los pliegos de observaciones  a distintas dependencias de dicho poder, se atenta contra la memoria y la inteligencia que podemos tener como legisladores locales, a sabiendas que hemos estado atentos a los montos de dinero cuando se discute el presupuesto, cundo se justifica su incremento; por ello resulta una burla cuando se dan datos como el hecho de que en la cuenta pública 2006 a la secretaría de desarrollo económico SEDECO, se le hicieron observaciones por 454 millones, cuando el respectivo secretario se quejó al final del año 2006, de que sólo había ejercido un presupuesto un poco mayor a los cien millones de pesos , en realidad se ejerció por dicha secretaría 105, 469, 412.7 millones de pesos. Este dato en sí mismo  deja  planteada la sospecha que la cuenta pública del ejecutivo, matemáticamente puede estar bien cuadrada, pero que realmente se convierte en una burla a los intentos fiscalizadores que se planteó como objetivo la ley.


Qué pensar cuando se dice que todo es legal y se dan recomendaciones como  estas; “establecer los mecanismos de estricto apego a la normatividad de los procesos de adquisiciones y servicios, así como a las reglas de operación aplicables a los diferentes programas. Esto traducido, simplemente quiere decir que algunas dependencias del ejecutivo no ajustan su trabajo al mandato de la ley, y entonces ¿por qué dictaminar que la aplicación de recursos es legal? U otra recomendación más entendible; Que los proyectos ejecutivos de obra deberán contener estudios de mecánica de suelos, así como las normativas de las diferentes dependencias.

 

 

 

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