El Mazo y el Yunque


Raymundo García García


Las metas poblanas atoradas.

 

El papel protagónico que los gobernadores del PRI han adquirido a partir de la derrota en la elección federal del año 2000, cuando dicho partido político perdió la presidencia de la república y el papal de mayor competitividad del ejercicio de gobernar en cada nivel de gobierno: federal, estatal y municipal produce incremento o decremento del liderazgo. Los gobernadores compiten ejerciendo pluralmente el poder buscando que les produzca alcanzar resultados exitosos, que se traduzcan en capital político para su persona y su partido en ese natural anhelo de avanzar en una carrera política. De ahí que los gobernadores tricolores  por razón natural forman una casta de políticos que su trabajo los enfila en la lucha por aspirar a la presidencia de la república, y su plan estatal de desarrollo junto con su programación sectorial, institucional regional y especial, y el equipo de trabajo, son su primer presentación para dicho juego; pero lo más importante viene a ser la obtención de resultados.


No son causales los esfuerzos y presentación de avance en resultados de gobierno en el Estado de México, o en Veracruz, por citar los más cercanos a Puebla. Plan, programas, recursos financieros y equipo de trabajo son las herramientas indispensables para alcanzar las metas y el éxito, todos estos ingredientes aderezados con un recurso más,  difícil de de respetar en aquellos estados que por su atraso político viven una simulación  de estado de derecho, de cultura de la legalidad y por lo mismo simulación de una gobernabilidad democrática.


En Puebla al inicio de la administración 2005 – 2011, con la presentación de un Plan estatal de desarrollo modernizante, inscrito dentro de una posición alejada de la social democracia y más adentrada en la posición neoliberal, sustentado dicho documento en un contexto donde la cultura de la legalidad sería su principal soporte, al correr el cuarto año de gobierno, los resultados simplemente anuncian que las metas no se ha alcanzado y las estructuras de gobierno siguen como autómatas actuando de manera cotidiana y tradicional –como se ha venido haciendo desde siempre, salvo el gobierno Bartlettista-. Y es que llevar a Puebla como entidad federativa a niveles de competitividad, como lo exigió el sector empresarial; garantizar la seguridad pública como lo demandó la población en general –al reconocerse como el primer problemas social- exigen la vigencia de una cultura de la legalidad que no sea simplemente recurso discursivo; de lo contrario la debilidad institucional aparecerá como ha aparecido, como el principal grupo de fantasmas del gobierno marinista.


Y es que salvo el terreno de la obra pública que se ha intensificado por el monto de recursos, o continuación y ampliación de proyectos existentes, y sobre todo como el mejor paliativo para enfrentar la crisis de gobernabilidad producida por el asunto Lydia Cacho, en otros campos la devastación está presente. ¿De qué sirven instituciones que además de consumir recursos contribuyen a deteriorar la gobernabilidad, desprestigiar a la cultura de la legalidad, y sobre todo a ratificar la negación permanente de la inexistencia de la separación de poderes, y por lo mismo de una cotidiana violación soterrada a la Constitución Política?. Diría el dictamen votado por la minoría en la SCJN, el ejercicio concertado del poder en manos de uno.  Así, Vemos una fiscalía anticorrupción que abulta a la burocracia y confunde a los ciudadanos con las atribuciones de la Contraloría estatal o del orfis, una Comisión de derechos humanos, paralizada por el desconocimiento, la mediocridad, que solo provoca lástima y  decepción; una Comisión de Acceso a la Información aniquilada por la mentira de su presidente con la complacencia sistemática de la mayoría priísta en el Congreso del Estado; el empecinamiento mercantilista por destruir reservas ecológicas e implantar negocios exitosos; la entrega de un centro cultural que en lugar de brindar oportunidad de acceso a la cultura a los sectores populares, ha quedado reducido a negocio particular, olvidando los millones de pesos que costaron al erario público. Más de un año perdido por el asunto Cacho, y con instituciones sumidas en la descomposición u operación tradicional y retrógrada, sencillamente no se puede esperar que sean alcanzadas las metas establecidas y menos subir en los estándares de medición que se hace al gobierno poblano.

 



 
 

 

 
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