El Mazo y el Yunque


Raymundo García García


Los PPS y la Constitución Poblana

 

Como las explicaciones vertidas por los señores secretarios, en particular el de la SCT, que se fue por la tangente explicando las bondades de la inversión extrajera en la construcción de carreteras futuras en Puebla a través de la empresa OHL, quien a su vez subcontratará a constructoras mexicanas y si considera pertinente a una que otra constructora local; que ha llevado a que los propios constructores poblanos manifiesten su rechazo al tipo de política que está impulsando el gobierno estatal poblano, se hace obligado reflexionar sobre la relación que existe entre los contratos de prestación de servicios a largo plazo (PPS) y el marco de la Constitución  de Puebla.


La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 108 anota que “Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios y sus entidades, así como los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados... la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria abierta, para que libremente se presenten proposiciones solventes en pliego o sobre cerrado, que será abierto públicamente, con el fin de procurar imparcialidad a los licitantes y asegurar al Estado y a los Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. La Constitución obliga a llevar a cabo licitaciones para promover un acto de imparcialidad, para evitar negocio entre gobernantes y empresas; en otras palabras, la licitación es el instrumento para garantizar transparencia en los actos de gobierno. Por lo mismo unos contratos suscritos escondidas, dejan mucho que desear, y sobre todo siembran la hipótesis de posibles violaciones a la Constitución, en el artículo arriba citado.


El mismo artículo 108 constitucional poblano termina diciendo “Las leyes limitarán los supuestos de excepción a las licitaciones públicas, establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos idóneos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y los Municipios, y determinarán la responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto de adjudicación y contratación”. Y por la forma en la cual aparece anunciado la contratación de la construcción de una carretera de más de treinta kilómetros con capital privado español y por un tiempo de treinta años, violentando la obligada licitación que ordenan las leyes secundarias, muestra que se están pisoteando un conjunto de principios constitucionales relacionados la contratación, las compras y contratación de servicios: principios de eficiencia, eficacia y honradez. Quizá haya eficacia y eficiencia, pero el no licitar hace que sea vulnerado el principio de honradez, amén de la posible violación constitucional y por lo mismo responsabilidad administrativa que se pudiera producir.


Acreditar la economía, la eficacia, la eficiencia, la imparcialidad y la honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, sólo pueden obtenerse de un acto de licitación, donde se cuente con los elementos materiales para valorar que la adjudicación del proyecto se está entregando con la mejor empresa  y en las mejores condiciones para beneficio del gobierno estatal y por lo mismo de los poblanos. Mientras no se explique constitucional y legalmente los contratos cacareados de realizarse con PPS, el sentimiento de que se está haciendo un gran negocio de tipo faccioso estará presente en el colectivo social, como también estará presente la creencia de que se violenta el marco constitucional actuando el gobierno estatal por enésima vez, con un discurso de la legalidad que aniquila sistemáticamente en la realidad.

 



 
 

 

 
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