Antaño en la era del nacionalismo revolucionario y de los gobiernos totalmente autoritarios del PRI, los desastres naturales a pesar de que afectaban a la población no exigían una línea en la agenda nacional, estatal o municipal de los gobiernos. Únicamente cuando el desastre era de dimensiones mayúsculas el ejército intervenía surgiendo después de manera sistematizada un programa sectorial denominado DN-III. Con la redirección del Estado mexicano hacia el modelo neoliberal, y como consecuencia de la presentación noticiosa de los efectos provocados por contingencias naturales, en particular huracanes, tormentas tropicales e incendios, desde la secretaría de gobernación federal se empezaron a impulsar proyectos de programas encaminados a sistematizar y sobre todo a construir una política pública de prevención de las consecuencias provocadas por los desastres naturales, hasta que llegó el sismo de 1985 y otros eventos dicha política empezó a tomar forma hasta llegar a conformarse un fondo de recursos federales para atender los desastres..
Pero en el ámbito estatal los gobiernos en lugar de constituir un fondo igual, tranquilamente asumen su posición paternalista de exigir a la federación que envía recursos, que los envía a tiempo y de ser posible que no le supervise la veracidad de lo reportado, esto es, que los desastres naturales y la pobreza de los pobres se convierte se ha convertido en un interesante negocio de actividad política y forma particular para buscar recursos públicos federales encaminados a incrementar los fondos ordinarios. No hace mucho la prensa local dio cuenta de miles de toneladas de cemento ocultadas, posiblemente para darle un uso político electoral; en lugar de haberlas distribuido a los pobres para rehacer sus viviendas dañadas por los efectos del huracán Stan de finales del año 2005. Y que decir de el reclamo y exigencia de recursos para dar apoyos económicos a campesinos de más de una veintena de municipios de la zona oriente del Estado, por supuestos daños en los cultivos por heladas atípicas, cuando de la revisión minuciosa únicamente hubo problemas en dos municipios: El Seco y Mazapiltepec, y hoy día en esos lugares, se puede observar que los daños casi desaparecieron con las intensas lluvias y las ricas cosechas que se obtendrán.
Se comentan casos recientes y la subjetividad del engaño de algunas autoridades hacia la autoridad federal; pero que mejor ejemplo de manoseo político de los desastres que a una distancia de casi siete años de que pasó la tormenta tropical del mes de octubre de 1999, si de ese año primero de la administración estatal del Lic. Melquíades Morales Flores, apenas el día de ayer en la sesión de la Comisión Permanente de Congreso del Estado se dio cuenta de la solicitud para que se aprueben varias donaciones de terrenos a favor del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), para que se construya y luego se escrituren viviendas del programa denominado Programa emergente de vivienda “lluvias 99-2”. A saber: cinco viviendas en el municipio de Jonotla; N viviendas en once hectáreas en el municipio de Jopala; cuatro viviendas en Cuaximaloyan Xochiapulco; 43 viviendas en Chignautla. A una distancia de siete años el gobierno estatal se preocupa por satisfacer los reclamos de los afectados de los deslaves y lluvias de finales de 1999. ¿Y los recursos destinados en ese momento y ya aprobados en las cuentas públicas, donde quedaron?
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